El Boletín Oficial del Estado ha hecho público este sábado el decreto con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. El paquete, dotado con 5.000 millones de euros, incluye rebajas de impuestos, ayudas dirigidas a colectivos vulnerables y actuaciones concretas para pymes, el sector primario y la industria; sus disposiciones empiezan a aplicarse a partir de este domingo.

Qué entra en vigor desde el domingo

Entre las medidas más inmediatas figura la reducción del IVA de la electricidad del tipo general al reducido. De ese modo, el gravamen sobre la factura pasará del 21 % al 10 %, con una suspensión temporal del gravamen de generación del 7 % que soportan las compañías. Asimismo, el peaje sobre la electricidad que pagan los consumidores, situado ahora en torno al 5,11 %, se recortará hasta el tipo mínimo del 0,5 %.

En el capítulo de gas, el Gobierno baja del 21 % al 10 % el IVA aplicado a la venta de bombonas de butano y propano. En carburantes, se reduce también el IVA del gasóleo y la gasolina del 21 % al 10 % y se recorta el impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea. El Ejecutivo estima que esa combinación puede acercarse a una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro, lo que se traduciría en alrededor de 20 euros menos por tanque en un coche medio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que las medidas estarán vigentes “el tiempo que sea necesario” para amortiguar la subida de precios.

“El tiempo que sea necesario.”

Junto a las medidas fiscales, el BOE publica otro real decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar a restricciones aplicadas en crisis anteriores. El decreto sobre alquileres, sin embargo, no cuenta por ahora con una mayoría parlamentaria para su convalidación, una realidad que el Ejecutivo pretende sortear apelando a la responsabilidad de los diferentes grupos en el Congreso.

Ayudas a colectivos y sectores más afectados

El paquete incluye ampliaciones y mejoras del bono social eléctrico: el descuento para consumidores vulnerables se eleva hasta el 42,5 % y para los vulnerables severos hasta el 57,5 %, medidas que estarán vigentes, según el Gobierno, hasta fin de año. También se incrementa la ayuda mínima a los hogares más castigados por la subida de la energía, fijándola en un mínimo de 50 euros.

Para paliar la presión sobre el transporte y el sector agrario y pesquero se establece una garantía de suministro bonificada con 20 céntimos por litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, además de ayudas equivalentes para la adquisición de combustible. Las cofradías y embarcaciones gallegas —cuya actividad depende directamente de los costes del petróleo y el gasóleo— verán en estas medidas un alivio inmediato, aunque insuficiente si persisten las tensiones en los mercados internacionales.

En el terreno de la competencia, se dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de mayores instrumentos de supervisión y sanción para perseguir el uso fraudulento de ayudas o prácticas especulativas en la cadena de suministros. El Ejecutivo ha subrayado que quien intente “aprovecharse” quedará expuesto a multas y revisiones.

La industria electrointensiva también recibe un respiro: se bonifican en un 80 % los peajes eléctricos de transporte y distribución, una medida que el Gobierno cifra en ahorros cercanos a 200 millones de euros para el sector. Asimismo, se incrementa en 300 millones la línea de créditos gestionada por ICO, MAPA y SAECA para facilitar liquidez a las empresas agroalimentarias y pesqueras.

Renovables, electrificación y el debate sobre la sostenibilidad energética

El paquete incorpora incentivos a la electrificación y a las energías renovables: deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, así como nuevas ayudas para la rehabilitación energética de edificios. Se introduce además una deducción del 15 % para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

En un intento por acelerar los proyectos de generación local, se amplía de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima permitida entre el punto de generación y el lugar de consumo para instalaciones compartidas, y se habilita a los ayuntamientos para impulsarlas. Se contempla también el aumento de la capacidad de almacenamiento mediante baterías y se declara de utilidad pública el bombeo hidroeléctrico, medidas concebidas para reforzar la seguridad del suministro y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Para empresas y autónomos se introduce mayor flexibilidad en los contratos de suministro y una libertad de amortización en el impuesto de sociedades para inversiones en electrificación y renovables. La idea es que, a corto plazo, estas medidas alivien facturas; a medio plazo, fomenten una menor exposición a la volatilidad de los precios internacionales.

La anunciada hoja de ruta no está exenta de reproches desde algunos sectores económicos y formaciones políticas, que advierten del coste fiscal y de la duración temporal de las rebajas. El Ejecutivo defiende que se trata de un paquete transitorio, destinado a contener el impacto de una crisis cuyo origen no es doméstico sino geopolítico.

En Galicia, donde la economía local combina pesca, agricultura, pequeñas industrias y una intensa dispersión territorial, el efecto práctico será variado. Las reducciones en carburantes y las líneas de crédito adicional pueden aliviar a transportistas y productores hortofrutícolas de la comarca de Arousa y de la Mariña; la bonificación de peajes eléctricos interesa a plantas electrointensivas y a industrias químicas en la provincia de Lugo. Aun así, responsables municipales de ayuntamientos del interior recuerdan que la inflación en materias primas y la cadena logística seguirán marcando el día a día de muchas explotaciones.

La pregunta que queda por responder es si las medidas, de carácter eminentemente fiscal y temporal, bastarán para amortiguar un choque que podría prolongarse. Con el BOE publicando los decretos y la entrada en vigor inmediata, el pulso se traslada ahora al Parlamento: sin la convalidación de los reales decretos leyes, el Gobierno deberá negociar para mantener estas medidas en el tiempo o revisarlas según evolucione la crisis internacional.