El presidente del Consejo Económico y Social presentó este martes en Santiago los resultados de un informe encargado por el Gobierno que alerta de un empeoramiento de la percepción social sobre la inmigración en España, aun cuando los datos muestran impactos netamente positivos en la economía y el empleo. Antón Costas explicó que esa percepción se ha deteriorado en los últimos años y reclamó una respuesta conjunta de administraciones, empresas y sociedad civil para revertirla. El estudio se centra en las últimas dos décadas y pone el foco en zonas urbanas con concentraciones elevadas de población migrante. El informe intenta responder a por qué crece la inquietud pública cuando los indicadores objetivos no justifican ese clima de alarma.

El informe del CES subraya que la llegada de población extranjera ha contribuido a mejorar las condiciones laborales y la productividad del país. Según el análisis, la incorporación de trabajadores extranjeros ha favorecido mejores salarios y puestos de trabajo para la población nativa, además de elevar la actividad económica en sectores con déficit de mano de obra. El documento, elaborado a solicitud del Ejecutivo, aporta datos sobre la dinámica demográfica y laboral que rebaten la idea de un impacto negativo generalizado.

Entre los datos destacados, el informe apunta que la entrada de aproximadamente 10 millones de personas procedentes del exterior en las últimas dos décadas ha incrementado de forma sensible la población ocupada en España. La mayoría de quienes han llegado se sitúan en edad laboral, con una presencia todavía muy baja de inmigrantes en edad de jubilación. Esa estructura etaria explica en buena medida que la tributación y las cotizaciones compensen en términos agregados la demanda de determinados servicios públicos.

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A pesar de esas cifras, la percepción social es más negativa, y el CES identifica la clave en lo que denomina «puntos ciegos»: ámbitos territoriales donde la concentración de población migrante ha sido muy intensa y donde los servicios públicos no han seguido el mismo ritmo de crecimiento. España, explica el informe, fue hasta hace poco una excepción en Europa por su mayor grado de acogida, pero esa percepción amable se está erosionando en algunos entornos locales. Costas relató en la presentación que el problema no es homogéneo, sino localizado en barrios y áreas con tensiones puntuales.

En esos puntos concretos, el crecimiento demográfico no ha venido acompañado de inversiones suficientes en vivienda, atención sanitaria o escolarización, lo que genera sensación de saturación entre los vecinos. El informe subraya que esas situaciones de presión sobre infraestructuras y servicios son las que alimentan discursos de rechazo, más que un reparto desigual de recursos a escala nacional. El CES advierte de que la respuesta política y administrativa debe centrarse en corregir desequilibrios territoriales para evitar que se consoliden percepciones negativas.

Durante la presentación en Santiago también intervino Andrés Lago, junto a José González y otros expertos, que destacaron la necesidad de un «pacto social por la convivencia» que implique a la sociedad civil y al sector empresarial. El consejo propone que ese pacto no se limite a la retórica, sino que incorpore medidas concretas de planificación urbana, refuerzo de servicios públicos en áreas afectadas y programas de integración laboral. Los comparecientes insistieron en que el tejido empresarial puede desempeñar un papel activo en la formación y la contratación para facilitar la inclusión.

El documento contiene recomendaciones técnicas: priorizar inversiones en barrios saturados, coordinar políticas de vivienda y salud a escala local y mejorar los canales de información para evitar falsas percepciones. También aboga por políticas de integración que reduzcan la segregación residencial y laboral, y por una narrativa pública que confronte mitos con datos. El CES alerta de que, si no se actúa, la percepción negativa puede traducirse en medidas de exclusión que acaben perjudicando tanto a las personas migrantes como al conjunto de la sociedad.

Para Galicia, donde la dinámica demográfica y la llegada de población extranjera plantea retos similares en algunos municipios, el informe plantea una llamada a la acción. Los responsables regionales y locales, concluye el estudio, deberán coordinar inversiones y políticas de integración para que la acogida deje de percibirse como un problema puntual y pase a gestionarse como una oportunidad estructural. El tiempo para afrontar esos «puntos ciegos» es ahora, subrayaron los autores, antes de que los malestares locales configuren un retroceso en la convivencia.