La empresa adjudicataria ha paralizado esta semana las obras de remodelación de la avenida de Portugal, en el barrio de O Couto de Ourense, alegando el impago de facturas por parte del Concello, según comunicó el contrato el lunes. Los trabajos, que comenzaron en mayo de 2025 y llevan ya diez meses, dejan la calle con cortes, baches y falta de iluminación, y los comerciantes denuncian pérdidas sostenidas. El Ayuntamiento ha notificado a la firma un plazo de tres días para retomar los trabajos, mientras vecinos y negocios exigen soluciones urgentes.

Comerciantes y residentes describen la zona como un espacio inseguro y deteriorado, con accesos cortados y tránsito complicado por las zanjas y la maquinaria parada. Varios propietarios calculan caídas significativas en la facturación desde el inicio de la obra, que afecta tanto al comercio local como al paso de clientes habituales. Una plataforma formada por vecinos y comerciantes ha remitido escritos al Concello pidiendo un acuerdo que garantice la reanudación inmediata y medidas de compensación por los daños económicos.

La empresa adjudicataria, que en comunicados se identifica como Opain S.L. —compañía con presencia en Ourense y trayectorias previas bajo los nombres Oteca y OCA— anunció la suspensión de las tareas por falta de cobro de facturas que, según fuentes municipales, ascienden a 400.000 euros. La nota de la firma sorprendió al Ayuntamiento al haberse dirigido a la prensa y no al propio Consistorio, y por el momento no ha habido una comunicación pública que confirme si atenderán el requerimiento municipal.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

El proyecto de renovación integral, valorado en cerca de 5,2 millones, incluía la intervención de infraestructuras subterráneas y la puesta al día de la superficie viaria y peatonal en un tramo considerado prioritario para la revitalización del barrio. Las obras fueron planteadas como una inversión de calado para mejorar la movilidad y el aspecto urbano, pero su ritmo y ejecución han generado quejas reiteradas de los vecinos desde los primeros meses. La paralización añade incertidumbre sobre el calendario y el coste final del proyecto.

Los comerciantes relatan episodios concretos de escasa presencia de operarios en el área: «En algún momento vimos solo tres trabajadores para una obra de este tamaño», explican, en referencia a jornadas en las que la actividad en la calle era mínima. La falta de movimiento y las dificultades de acceso han provocado que negocios de hostelería y comercio de proximidad pierdan clientela y que algunos regentes contemplen medidas drásticas si la situación se prolonga. La sensación general es de abandono y daño económico sostenido.

El concejal responsable del área, Francisco Lorenzo, declinó realizar declaraciones detalladas y ha preferido mantener por ahora un perfil bajo en las comunicaciones oficiales, según fuentes municipales consultadas por este periódico. No obstante, el Ayuntamiento ha remitido el requerimiento a la empresa para que reanude los trabajos en el plazo de tres días, un ultimátum que busca evitar la paralización prolongada de las obras. Desde el Consistorio sostienen que velarán por el cumplimiento contractual, si bien evitan explicar las gestiones en curso.

La plataforma de residentes y comerciantes reclama además un pacto que contemple garantías de pago y mecanismos que permitan continuar la intervención sin que las pequeñas empresas vuelvan a soportar todo el coste del proceso. Piden también medidas inmediatas de seguridad y limpieza en la zona para minimizar el impacto sobre la actividad diaria. Los afectados advierten de que, sin una solución rápida, el perjuicio económico podría derivar en cierres definitivos de algunos establecimientos.

La situación deja en el aire el futuro del tramo afectado y plantea un dilema habitual entre el control del gasto público y la necesidad de completar obras de mejora urbana. Si la adjudicataria no responde al requerimiento municipal, el Concello tendrá que decidir si aplica sanciones, rescinde el contrato o busca fórmulas de acuerdo que permitan retomar los trabajos cuanto antes. Mientras tanto, vecinos y comerciantes exigen que el final del conflicto no signifique una condena al estancamiento para la avenida y reclaman respuestas concretas en los próximos días.