El Concello de Ourense ha decidido mantener abierta la discoteca Desorden, en la rúa Valle Inclán, tras cerrar un expediente y emitir un informe técnico el pasado 5 de marzo que descarta fallos determinantes en el sistema de sonido y responsabiliza del problema acústico a la presencia de clientes en la vía pública. La decisión llega después de que los vecinos pidieran el cierre provisional del local a principios de febrero, cuando una inspección municipal detectó la posible desconexión de parte del sistema al limitador acústico. El gobierno local apoya la continuidad del establecimiento y propone medidas de gestión del entorno sonoro en lugar de la clausura. La resolución ha reavivado la polémica entre residentes, Policía Local y titulares del negocio.

La sala, conocida anteriormente como Dayamon y Fifties, reabrió tras seis años cerrada mediante un cambio de titularidad apoyado en una licencia originaria de 1982, según indican los afectados. En el expediente instruido por el Concello, la ingeniera municipal concluye que la música emitida desde el interior del local no supera el umbral legal fijado por la ordenanza para las bajas frecuencias. Esa valoración contradice la lectura inicial que motivó el apercibimiento a la sala y que advertía sobre la posible desconexión de elementos del limitador acústico. Los vecinos sostienen que ese cambio de criterio diluye responsabilidades técnicas para centrar la atención en el comportamiento en la vía pública.

El informe municipal subraya que el sonido interior se mantiene por debajo del límite establecido en la normativa local, fijado en 25 decibelios para las frecuencias bajas, y atribuye la percepción de exceso de ruido a la “acumulación masiva” de personas en la acera ante la entrada y salida del local. Como alternativa a sanciones individuales, el Concello plantea una “gestión global del entorno acústico” que abarque tanto la actividad del establecimiento como el control del espacio público. Para el gobierno local, esa visión integradora permitiría evitar medidas que actúen de forma aislada sobre la sala. No obstante, el alcance concreto de las medidas propuestas no queda detallado en el documento hecho público por el Ayuntamiento.

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Los residentes han mostrado su rechazo a la resolución y denuncian que el Concello obvia las mediciones realizadas por la Policía Local en controles sorpresa durante las horas nocturnas. Según esas comprobaciones, los agentes registraron niveles de ruido de hasta 43 decibelios en el interior de dormitorios próximos y más de 74 decibelios en la acera frente al establecimiento en momentos puntuales. Para los vecinos, esos datos prueban que la incidencia acústica excede con claridad la percepción tolerable para quienes viven junto al local. Aseguran que la conclusión municipal no da respuesta a esas cifras y que, en la práctica, el problema no se reduce al comportamiento de la clientela fuera del local.

La controversia concentra, además, el debate sobre los mecanismos de reapertura de locales antiguos amparados por licencias históricas. Los afectados sostienen que la autorización de 1982 ha servido de base para una reapertura que, en su opinión, no ha cumplido con las exigencias actuales de insonorización. Señalan que, tras la reapertura, se han intensificado las molestias nocturnas en el tramo de la rúa Valle Inclán colindante con la discoteca. Demandarán que se revisen las condiciones técnicas del local y que se evalúe con rigor la compatibilidad de su actividad con la convivencia vecinal.

Fuentes municipales recuerdan que un expediente sancionador no siempre culmina en clausura si las comprobaciones técnicas concluyen que el funcionamiento se ajusta a la normativa vigente, y subrayan la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva urbana que contemple la gestión del espacio público. Desde el Concello, añaden, corresponde combatir tanto las emanaciones sonoras como los problemas de congregación que generan molestias adicionales. Los vecinos, en cambio, consideran que esa respuesta diluye responsabilidades y exige soluciones efectivas y verificables.

Ante la decisión municipal, los afectados anuncian que intensificarán las acciones legales y administrativas para forzar una intervención más contundente. Planean recurrir la resolución y estudiar la vía judicial si consideran que los informes técnicos no reflejan la realidad que padecen. También pedirán mayores controles de la Policía Local en horario nocturno y la verificación técnica independiente de los sistemas de limitación acústica del local. El conflicto, por tanto, no parece zanjado y podría prolongarse en los próximos meses entre denuncias vecinales y la defensa del ocio nocturno.

El caso de Desorden ejemplifica la tensión habitual en los centros urbanos entre la apertura y trabajo de locales de ocio y la protección de la convivencia ciudadana. Las ordenanzas municipales y la organización del espacio público vuelven a estar en el centro del debate en Ourense, donde los accesos estrechos y la proximidad de viviendas dificultan la convivencia cuando se incrementa la actividad nocturna. Con la resolución del 5 de marzo, el Ayuntamiento ha optado por no cerrar el establecimiento, pero la situación mantiene a vecinos y fuerzas de seguridad expectantes ante posibles nuevas actuaciones y medidas correctoras.