El Concello de Ourense aseguró por escrito que acabaría en diciembre las obras de la Avenida de Portugal pese a estar al 28% y para mantener los fondos Next Generation

El Concello de Ourense informó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un informe cerrado a 30 de septiembre de 2025 que las obras de la Avenida de Portugal quedarían terminadas el 31 de diciembre de ese año, con el objetivo de conservar una ayuda de 1,4 millones de euros de los fondos Next Generation. Sin embargo, el propio documento admite que la ejecución apenas alcanzaba el 28% en ambos tramos, lo que hace inviable completar el 70% restante en sesenta días.

El reporte, el quinto remitido por el Ayuntamiento para justificar la subvención, fue registrado electrónicamente por la Oficial Mayor del Concello el 31 de octubre de 2025, un mes después de la fecha de cierre de los datos. Ese margen adicional, según vecinos y opositores, permitió constatar sobre el terreno la paralización de los trabajos, pero no evitó que se enviara la promesa de finalización.

La situación ha tensado a residentes y comerciantes de la avenida, que llevan meses denunciando impagos y la inactividad de la obra. Miembros del partido opositor se reunieron con afectados para recoger quejas y reclamar explicaciones a la gestión municipal.

Contradicciones en el informe y estado de la empresa adjudicataria

El documento presentado al Ministerio incluye afirmaciones categóricas sobre el control del proyecto que chocan con la realidad administrativa y financiera que atraviesa la empresa constructora. Según fuentes consultadas, la constructora Opain estaba en septiembre en una situación financiera crítica y en proceso de reestructuración antes de un posible concurso de acreedores.

«no se han detectado deficiencias en el sistema de control»

La inclusión de esa valoración en el informe resulta llamativa dado que, en paralelo, la obra permanecía detenida por impagos y problemas de solvencia de la adjudicataria. Técnicos municipales y vecinos sostienen que la ejecución física en la vía no se corresponde con la imagen de normalidad que proyecta el reporte.

El documento, fechado y enviado con la firma electrónica el 31 de octubre, compromete la finalización para el 31 de diciembre de 2025, pese a que la realidad de septiembre reflejaba menos de un tercio del proyecto ejecutado. El desfase entre la planificación administrativa y la obra en la calle ha reavivado críticas sobre la gestión temporal y el control interno del Concello.

La alternativa: ceder el contrato

Fuentes municipales consultadas por este periódico explican que el Concello estudia activar la cesión del contrato a otra empresa como vía para reanudar los trabajos sin necesidad de un rescate directo. La estrategia pasaría por que Opain solicite formalmente el traspaso de la adjudicación, con lo que la continuidad dependería de la voluntad de la constructora y de la capacidad de la nueva empresa para asumir el proyecto.

Ese movimiento administrativo evita, en apariencia, una intervención pública, pero no garantiza por sí mismo la reanudación inmediata de las obras ni una solución a los impagos y retrasos acumulados. La cesión exige tramitación, acuerdos y garantías que pueden demorar aún más la vuelta a la normalidad en la avenida.

El cierre prolongado del eje afecta a más de ocho mil vecinos y decenas de comercios, según los propios afectados, que denuncian pérdidas económicas y problemas de movilidad. La falta de avance ha convertido la avenida en una reclamación constante en los plenos y en el debate público local.

«agilizar los trabajos»

En el informe remitido al Ministerio el Concello se comprometía a «agilizar los trabajos» para cumplir el plazo; una promesa que, dados los ritmos y la situación financiera de la adjudicataria, muchos consideran poco realista. La oposición exige ahora explicaciones sobre por qué se transmitió ese calendario a la administración central si la ejecución no lo permitía.

El Ministerio puede exigir aclaraciones, pedir documentación adicional o revisar la continuidad de la financiación si detecta irregularidades en la justificación de los fondos. Mientras tanto, el Concello mantiene la opción de la cesión y los vecinos esperan una solución que ponga fin a la paralización sin comprometer los recursos públicos.