El Concello ignoró durante seis meses la prequiebra de la empresa que ejecuta la reforma de la avenida de Portugal

Una error de control o una decisión deliberada: la reforma de la Avenida de Portugal, uno de los ejes urbanos más transitados de Ourense, quedó paralizada tras conocerse que la empresa adjudicataria llevaba seis meses en situación de prequiebra. Documentos mercantiles públicos, inscritos en el Registro y notificados al Juzgado, advertían de la crisis desde septiembre; sin embargo, el gobierno local no actuó con la contundencia que reclaman comerciantes y vecinos afectados.

Qué ocurrió y por qué la detención de las obras no sorprende a los técnicos

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la mercantil adjudicataria —identificada en expedientes municipales como Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales SL— presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid un escrito en el que se comunicaba una situación de “insolvencia inminente”. Los asientos en los registros mercantiles datan de septiembre pasado, pero fue el grupo municipal del BNG quien sacó el asunto a la luz en una comparecencia urgente la semana pasada.

El bloqueo físico de la avenida no es menor: zanjas abiertas, maquinaria inmovilizada y comercios con acceso precario completan el paisaje. Vecinos del barrio del Couto y comerciantes de la calle Mesón do Vento llevan semanas quejándose de la falta de comunicación por parte del Concello. “Nos dijeron que serían meses de molestias y luego meses de mejora; nadie imaginó que la obra quedaría arrinconada por problemas de solvencia del contratista”, explica un hostelero afectado, que prefiere mantener el anonimato.

Fuentes municipales admiten que constaban las anotaciones registrales, pero matizan que no se había recibido comunicación formal de concurso de acreedores ni resolución judicial que obligara a suspender los trabajos. Desde el BNG, en cambio, advierten de que esos registros eran suficientes para activar mecanismos administrativos que protegieran al Ayuntamiento y evitaran la parálisis.

“Opain informó ya en agosto al juzgado de una situación de ‘insolvencia inmediata’ —dijo el portavoz nacionalista—, una maniobra que suele ser paso previo a un concurso de acreedores.”

Antecedentes: contrataciones, controles y lo que decía el Registro Mercantil

La contratación pública obliga a valorar la solvencia técnica y económica de las empresas que optan a obras municipales. No es la primera vez que un expediente sufre retrasos por problemas financieros del adjudicatario; en los últimos cinco años Ourense ha visto paralizaciones menores por impagos a subcontratas o avales tardíos. La novedad ahora es que la posible insolvencia era pública y constaba en documentos oficiales desde hace meses.

Los registros mercantiles y las publicaciones en el Boletín Oficial con anotaciones de auto o comunicación judicial sirven para alertar a órganos públicos. Las fuentes jurídicas consultadas recuerdan que, salvo que exista una notificación expresa del juzgado competente comunicando la apertura de concurso, la administración no puede —o no debería— declarar de forma unilateral la resolución del contrato sin seguir el procedimiento previsto en la ley de contratos del sector público.

En el caso de la Avenida de Portugal, esa laguna administrativa ha dejado a la ciudad con una obra a medias y con pocas certezas sobre responsabilidades y costes adicionales. Comerciantes cuentan pérdidas de facturación; algunos vecinos hablan de malas fechas para cerrar la calle, justo cuando se acercan campañas comerciales clave para el barrio.

Repercusiones políticas, económicas y próximos pasos

La cuestión tendrá inevitable traducción política. El BNG ya ha reivindicado fogosamente la transparencia y la exigencia de responsabilidades; el grupo municipal exige ahora explicaciones precisas sobre quién y cuándo consultó el Registro Mercantil y por qué no se activaron las cláusulas contractuales que permiten garantizar el cumplimiento o sustituir a un adjudicatario en caso de quiebra. El gobierno local, por su parte, se muestra cauto y reclama tiempo para estudiar las vías legales.

Si finalmente se declara concurso de acreedores, la prioridad del Concello será salvaguardar la inversión pública y garantizar que la obra se retome cuanto antes, bien mediante la conclusión por parte de otra empresa o a través de la ejecución de las garantías depositadas. Ambas soluciones implican costes y plazos: sustituir a una constructora y reactivar la obra puede elevar la factura municipal e incluso dar pie a reclamaciones de las subcontratas y proveedores locales.

Los precedentes en obras públicas de la provincia ponen de manifiesto que la salida rara vez es rápida. En Ourense, la experiencia reciente con proyectos de redes y pavimentación muestra que relicitaciones y actuaciones de emergencia suelen demorarse varios meses y, de paso, dejan la cuenta corriente municipal tocada y el malestar ciudadano en aumento.

En la calle, la sensación es de hastío. La impulsora de la protesta que semanas atrás agrupó a vecinos del Couto —identificada en el movimiento vecinal como Chelo— recuerda que ya advirtieron sobre la falta de coordinación y la escasa previsión. El alcalde llegó a calificar a los manifestantes de “exagerados”, pero ahora la crítica va dirigida al propio gobierno por la gestión preventiva.

En un escenario menos optimista, la obra podría quedar atascada hasta que el procedimiento concursal se resuelva, lo que dilataría cualquier solución práctica y obligaría al Ayuntamiento a adoptar medidas extraordinarias para mitigar el impacto en la movilidad y en la actividad comercial de la zona. Ante esa posibilidad, el Consello de Urbanismo y los servicios jurídicos municipales deberán decidir entre esperar al desenlace judicial o iniciar un procedimiento administrativo de resolución y contratación para garantizar la continuidad.

Mientras tanto, las preguntas que quedan sobre la mesa son claras: ¿por qué no se bloquearon pagos pendientes a la adjudicataria cuando aparecieron las primeras señales de alarma en el Registro Mercantil? ¿Qué mecanismos de supervisión interna fallaron? Y, sobre todo, ¿qué coste político y económico asumirá la ciudad por una decisión que algunos califican ya como negligente?

El reloj corre. Los plazos legales y las exigencias de transparencia obligan ahora al Concello a ofrecer una respuesta rápida y documentada. Los vecinos y comerciantes, cansados de promesas incumplidas, reclaman soluciones tangibles; la ciudad necesita más que explicaciones: necesita que la avenida recupere cuanto antes su pulso cotidiano.