Caballero, alcalde de Vigo, reiteró este viernes su respaldo a la Universidade de Vigo para impulsar la creación de una residencia universitaria en la ciudad tras un encuentro celebrado en la Praza do Rei. El regidor explicó que la iniciativa busca garantizar plazas de alojamiento para el estudiantado a precios razonables y accesibles, y anunció que trasladará la petición al Gobierno central para buscar apoyos. El anuncio se produjo después de la reunión mantenida con el equipo rectoral, que, según el Concello, plantea la vivienda como una prioridad para la comunidad académica local.

En el encuentro, el alcalde se entrevistó con el rector Manuel Reigosa, con quien acordó mantener el seguimiento conjunto del proyecto y explorar vías de colaboración entre ambas instituciones. Caballero señaló que los ministerios de Ciencia y de Vivienda están promoviendo la creación de residencias universitarias, por lo que el Ayuntamiento pretende actuar como interlocutor ante el Ejecutivo para articular apoyos y facilitar los trámites. La intención, según el Concello, es conjugar recursos públicos y planificación local para responder a la demanda creciente de estudiantes.

El alcalde enfatizó la necesidad de que la futura residencia ofrezca precios competentes que permitan el acceso a estudiantes con distintos niveles de renta y reduzcan la presión sobre el mercado del alquiler en Vigo. Explicó que el seguimiento se realizará de forma coordinada entre Ayuntamiento y Universidade, con el objetivo de identificar fórmulas de financiación y modelos de gestión que garanticen la sostenibilidad de la oferta. En su intervención, Caballero insistió en la conveniencia de apoyos estatales para que el proyecto avance con mayor rapidez.

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Además de la residencia, Caballero tocó otros asuntos relacionados con la estructura de la UVigo en la ciudad, entre ellos la situación de la ETEA. El alcalde anunció que la cesión del segundo edificio, propiedad de Zona Franca, a favor de la Universidad se gestionará de inmediato para facilitar espacios docentes y administrativos. Fuentes municipales dijeron que la entrega del inmueble pretende aliviar necesidades inmediatas de infraestructuras mientras se diseñan soluciones de mayor calado para el campus y su entorno.

La apuesta por una residencia llega en un contexto de elevada demanda de alojamiento por parte del estudiantado universitario, que se enfrenta a precios de alquiler al alza y a una oferta limitada en las cercanías del campus. Consultores y representantes académicos han advertido en los últimos años sobre el riesgo de perder alumnado por falta de vivienda asequible, un factor que Caballero y Reigosa han tenido en cuenta a la hora de priorizar la iniciativa. El Ayuntamiento considera que una residencia pública o concertada podría servir para mitigar esa tensión.

La propuesta también pretende reforzar la capacidad de atracción de la Universidade de Vigo, facilitando que estudiantes de fuera de la ciudad puedan matricularse sin asumir costes de alojamiento prohibitivos. Desde la administración local se destaca además el potencial impacto positivo en la economía urbana: una residencia aumentaría la demanda de servicios y dinamizaría barrios próximos al campus. No obstante, los responsables reconocen que habrá que definir con precisión el modelo jurídico, las condiciones de admisión y el régimen tarifario.

Por el momento no se han dado a conocer ubicaciones concretas ni un calendario detallado de actuaciones; la comunicación municipal apunta a que esos aspectos se abordarán en próximos encuentros técnicos entre el Concello y la Universidade. Caballero se comprometió a mantener interlocución con el Gobierno de España para buscar líneas de apoyo y financiación y garantizar que el proyecto no quede en una mera declaración de intenciones. La previsión de trabajo común incluye la búsqueda de recursos estatales y europeos destinados a infraestructuras universitarias.

Fuentes académicas y municipales subrayan que la colaboración entre administraciones y universidad será clave para convertir la propuesta en realidad y evitar solapamientos normativos. A corto plazo está por ver cómo se articularán los acuerdos con Zona Franca, qué partidas presupuestarias se habilitarán y qué plazos se marcarán para la ejecución. Mientras tanto, la comunidad universitaria viguesa seguirá expectante ante una iniciativa que, de materializarse, podría aliviar una de las principales limitaciones para el desarrollo del campus en la ciudad.