La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha admitido este jueves, 12 de marzo de 2026, la existencia de incidencias en la implantación de los nuevos tribunales de instancia en varios territorios de España, pero sostiene que no se han producido demoras o suspensiones de forma generalizada. El informe elaborado por el secretario general, que recoge la opinión de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia, identifica casos puntuales con problemas organizativos y técnicos. Entre las zonas señaladas figuran Reus, por falta de funcionarios, y diversas demarcaciones de Galicia donde se han notado ralentizaciones en la tramitación de causas. El documento también advierte del riesgo de nuevas suspensiones en Madrid una vez concluya la llamada «agenda puente» a finales de este mes.

El cambio organizativo, vigente desde enero, sustituyó el modelo tradicional de juzgado con un titular y su equipo por tribunales de instancia que agrupan a varios magistrados con servicios comunes. Según el informe, la transformación —que pretende racionalizar recursos y homogeneizar procedimientos— ha generado en algunos lugares desajustes en la distribución del personal, en la coordinación de guardias y en la gestión de las instrucciones. La Comisión Permanente recoge estas quejas pero subraya que, salvo excepciones, las disfunciones no han derivado en un bloqueo masivo del sistema judicial.

En Cataluña, el caso más llamativo se localiza en Reus, donde la falta de funcionarios ha provocado retrasos estructurales en la tramitación de asuntos, según el informe. En Galicia, los tribunales superiores notificaron al órgano de gobierno de los jueces la existencia de ralentizaciones y suspensiones motivadas por una pérdida de control sobre determinados procedimientos. Esos problemas afectan tanto a causas de carácter secreto como a procesos de elevada complejidad y a procedimientos que involucran a víctimas en situación de especial vulnerabilidad, lo que eleva la preocupación por el impacto en derechos y protección de las partes.

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Entre las causas señaladas en el diagnóstico figuran la utilización de equipos de funcionarios «flotantes», que dificulta la continuidad en la instrucción y complica la cobertura de guardias; sedes dispersas que entorpecen la prestación de servicios comunes; y problemas informáticos que ralentizan la actividad diaria de los nuevos órganos. Estos factores, según los tribunales consultados, contribuyen a una mayor carga administrativa y a incertidumbres en las competencias y circuitos procesales. El informe recoge todas estas incidencias con el propósito de trasladarlas al Ministerio de Justicia y promover soluciones coordinadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid advierte de un riesgo añadido una vez que termine la agenda puente, el periodo transitorio previsto para facilitar la puesta en marcha del nuevo modelo. Durante ese calendario se han adoptado medidas excepcionales para distribuir la carga de trabajo y evitar bloqueos, pero la conclusión de esa fase plantea la posibilidad de nuevas tensiones en la organización del servicio judicial. La Comisión Permanente pone de manifiesto esa advertencia como un indicio de que la implantación completa puede requerir ajustes adicionales para evitar que los problemas detectados se cronifiquen.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico destacan que muchas de las dificultades obedecen a la rapidez del cambio y a la falta de recursos materiales y humanos en determinados territorios. La reorganización plantea retos logísticos —traslados de sedes, adecuación de espacios y coordinación administrativa— que no siempre se han resuelto con la agilidad esperada. En paralelo, las carencias en sistemas informáticos y en protocolos comunes dificultan la interoperabilidad entre distintas sedes y servicios, incidiendo en la eficiencia procesal.

La Comisión Permanente no propone en su informe un reproche generalizado sino un mapa de incidencias y recomendaciones para el Ministerio de Justicia, que será llamado a aportar respuestas concretas. Entre las soluciones que demandan los tribunales figuran refuerzos de plantilla en lugares críticos, la mejora de la infraestructura tecnológica y la homogenización de criterios sobre la asignación de funciones y guardias. La urgencia de estas medidas se subraya por el efecto directo que tienen sobre la tutela judicial efectiva y la protección de víctimas y personas implicadas en procesos sensibles.

En las próximas semanas, el órgano de gobierno de los jueces seguirá recabando información de los tribunales superiores y supervisará la evolución de las incidencias mientras se agota la fase transitoria de implantación. La conclusión del periodo conocido como «agenda puente» será un hito que permitirá evaluar con mayor precisión si los problemas detectados responden a dificultades temporales o a deficiencias estructurales que requieren cambios más profundos en el diseño y en la gestión del nuevo mapa judicial.