El Concello de Ourense afronta en los últimos años varias sentencias que obligan a desembolsos importantes y a la adopción de pagos de urgencia para no perder subvenciones. Los procesos, que llegan desde 2024 hasta enero de 2026, incluyen indemnizaciones por licencias nulas, sobrecostes de contratos y reclamaciones por daños en la vía pública. La consecuencia más inmediata es que el dinero sale de las arcas municipales, con el consiguiente impacto sobre los vecinos y los servicios.

La reflexión parte de una columna de opinión firmada por Roberto González, antiguo responsable sindical, que reclama mayor responsabilidad administrativa y, en ciertos casos, la imposición de costas a quienes retrasan o incumplen mandatos judiciales. González sostiene que cuando una administración obstruye la ejecución de sentencias consolidadas, quienes acaban soportando el coste son los ciudadanos.

Los ejemplos citados en el debate público local son concretos y cuantiosos. Entre ellos figura el contencioso de la plaza de San Antonio; una resolución judicial que anuló licencias del subsuelo y que derivó en indemnizaciones millonarias. También están la sentencia por el contrato de recogida de basura y reclamaciones por el mal estado de aceras con exigencias económicas que suman cifras significativas.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Casos que ilustran la factura

El caso de la plaza de San Antonio terminó con una condena del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obligó al Concello a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social con 5 millones de euros por la compra de locales que resultaron inservibles. La sentencia incluyó además otros gastos asociados y provocó el cierre del aparcamiento, con consecuencias económicas y urbanísticas adicionales.

En octubre de 2024 una resolución judicial exigió al Ayuntamiento el pago de más de 800.000 euros a la concesionaria de la basura por sobrecostes vinculados al contrato. Ese fallo reveló deficiencias en la gestión de los servicios públicos y en la supervisión de las condiciones contractuales.

A finales de enero de 2026 el Concello tuvo que levantar reparos y aprobar pagos de urgencia para no perder fondos comunitarios, lo que comprometió cerca de 1 millón de euros de financiación europea ya concedida. Estas actuaciones de última hora muestran, según críticos, falta de planificación administrativa más que meras contingencias fortuitas.

Responsabilidad y consecuencias financieras

Más allá de los grandes titulares, hay reclamaciones más frecuentes y de menor cuantía que también golpean el presupuesto municipal. En 2024 se registraron reclamaciones por caídas en aceras que alcanzaron casi 350.000 euros, una suma que refleja el coste acumulado de la falta de mantenimiento urbano y de la gestión del patrimonio público.

La pregunta recurrente es quién debe responder cuando la Administración pierde en los tribunales. En la práctica, la mayor parte de esos pagos se cargan al presupuesto municipal y, por tanto, al erario público. Eso significa que los vecinos pagan indirectamente mediante impuestos, tasas o la reducción de servicios.

Existen mecanismos para que los funcionarios o responsables respondan personalmente cuando hay dolo, negligencia grave o actuación contraria a la ley, pero su aplicación es poco frecuente y requiere procedimientos específicos. La reclamación de costas o la responsabilidad patrimonial individual suele ser la excepción, no la regla, por lo que el impacto recae sobre las cuentas públicas.

La acumulación de sentencias y pagos imprevistos también pone en riesgo la ejecución de políticas municipales y la estabilidad financiera local. Hoy más que nunca, señalan juristas y expertos en administración pública, son necesarias auditorías, planificación jurídica previa a contrataciones y mayor control interno para evitar que decisiones administrativas mal fundamentadas deriven en pasivos que paguen los ciudadanos.

La lección que subyace a estos episodios en Ourense es que la correcta aplicación de la ley y la rapidez en la ejecución de las resoluciones judiciales no son sólo cuestiones formales: tienen un coste real. Si no se corrigen las deficiencias, la respuesta a la pregunta «¿quién paga?» seguirá siendo la misma: el erario público y, en última instancia, el ciudadano.