Oia, 20 de marzo de 2026. La orden judicial que impulsa el derribo del complejo de talasoterapia conocido como Talaso vuelve a poner en jaque a este pequeño municipio de la costa sur de Pontevedra. Las licencias que autorizaban la construcción fueron anuladas por los tribunales al acreditarse que parte del conjunto se levantó sobre suelo rústico; la ejecución de la sentencia no solo obliga a devolver el terreno a su estado anterior, sino que podría dejar al Concello con una factura imposible de asumir y a muchos trabajadores sin empleo.

Qué se derriba y cómo se llegó hasta aquí

El origen del conflicto se remonta a finales de los años noventa, cuando el impulso por atraer inversión turística a la costa llevó a promotores y administraciones a aprobar proyectos ambiciosos. El Talaso recibió entonces permisos municipales que, con el tiempo, fueron cuestionados en los tribunales: la sentencia determinó que varias edificaciones invaden suelo rústico, incompatible con el tipo de uso turístico desarrollado. Ahora la ejecución ordena la demolición y la restauración del terreno, con los costes materiales y administrativos que ello conlleva.

Más de 20 años de pleitos han convertido un expediente urbanístico en un problema de estructura para la vida municipal. La sentencia no es una novedad doctrinal en Galicia —la protección del litoral y del suelo rústico ha sido eje de numerosos litigios—, pero la particularidad en Oia es la dimensión local: un solo proyecto de ese tamaño puede desequilibrar un presupuesto municipal modesto y dejar sin actividad a gran parte del pequeño entramado empresarial que vivía alrededor del complejo.

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La alcaldesa ha advertido públicamente del riesgo de bancarrota y de la pérdida masiva de empleos directos e indirectos. Aunque no ha facilitado cifras exactas, responsables municipales reconocen que el coste de la demolición, sumado a reclamaciones y posibles indemnizaciones, podría superar la capacidad de endeudamiento del Concello. Es un escenario que obliga a pensar en medidas de emergencia: préstamos, reprogramación de inversiones o buscar apoyos de otras administraciones.

Ayudas públicas, responsabilidades y la sombra de 1999

En 1999 el proyecto se benefició de ayudas públicas por valor de 3,9 millones de euros, una cifra que entonces se justificó como un impulso para el empleo y la dinamización turística. Aquellas aportaciones públicas añaden ahora una capa más de complejidad: administraciones y técnicos tendrán que revisar expedientes para determinar si cabe reclamar la devolución de fondos o impugnar decisiones administrativas que permitieron la continuidad del proyecto pese a las dudas sobre la legalidad del suelo.

En Galicia, la convivencia entre el patrimonio, el litoral y el desarrollo económico ha sido traicionera. No es la primera vez que un municipio paga las consecuencias de decisiones urbanísticas tomadas en décadas de crecimiento rápido y regulaciones cambiantes. El Monasterio de Oia, vecino histórico de la zona, recuerda que aquí la tensión entre conservación y aprovechamiento es una constante; el derribo pone en cuestión no solo el paisaje sino la estrategia turística futura del municipio.

La responsabilidad política también pesa. Las licencias se tramitaron en administraciones anteriores; la corporación actual recibe ahora la factura política y económica. En los despachos del Concello se barajan escenarios de actuación: ¿exigir responsabilidades a técnicos o cargos pasados? ¿iniciar reclamaciones patrimoniales contra promotores? Cada vía exige recursos y tiempo, y ninguna garantiza evitar el impacto inmediato sobre la tesorería municipal.

Impacto social, jurídico y económico: próximos pasos

El golpe más tangible será el empleo. En núcleos como Oia Vila o Santa María, el cierre de un complejo de estas características afecta no solo a recepciones y terapias, sino a restaurantes, alojamientos rurales, suministradores y microempresas. En términos prácticos, la pérdida de actividad puede convertir en inviable la subsistencia de negocios que, durante años, han venido dependido de la afluencia que generaba el Talaso en temporada alta.

En la senda judicial, quedan recursos y apelaciones posibles, pero la jurisprudencia sobre protección del suelo rústico y conservación del litoral suele ser exigente. Cuando una sentencia de demolición llega a la fase de ejecución, frenar el proceso no es sencillo y suele implicar garantías económicas adicionales. Fuentes técnicas apuntan que incluso un aplazamiento temporal implicaría costes adicionales para el Concello, que tendría que financiar medidas cautelares y asegurar la custodia del inmueble en proceso de derribo.

A falta de movimientos oficiales de la Xunta de Galicia o de la Diputación de Pontevedra, el horizonte plantea una negociación política: ¿hasta qué punto ayudarán las administraciones supramunicipales a amortiguar el golpe? Ambas entidades cuentan con instrumentos de apoyo a municipios, pero su intervención debe conjugar la asistencia social y económica con el respeto a la legalidad y los precedentes administrativos. No es tarea sencilla, y cualquier apoyo vendrá acompañado de exigencias de control y auditoría.

En los próximos días se conocerán los plazos concretos para la ejecución, los recursos interpuestos por los propietarios y las valoraciones económicas oficiales. Mientras tanto, la ciudadanía y los trabajadores permanecen a la expectativa. Para muchos en Oia, la demolición no es solo un proceso técnico: es la pérdida de una parte de la actividad que ha sostenido a la comarca y la prueba de que las decisiones urbanísticas tienen consecuencias que se proyectan décadas hacia el futuro.

Si finalmente la demolición se lleva a cabo, Oia afrontará un doble reto: restaurar el paisaje y, sobre todo, reconstruir una estrategia económica que sustituya a la actividad perdida. Será necesario repensar el modelo turístico local, priorizar proyectos compatibles con la protección del suelo rústico y diseñar políticas de apoyo a quienes pierdan su empleo. La lección, dolorosa, debería servir para reforzar los controles administrativos y evitar que otros concellos se encuentren, dentro de veinte años, en la misma encrucijada.