El embrollo del octavo juez de Instrucción de Vigo reabre la pelea por la planta judicial

Vigo vuelve a mirar con preocupación hacia la Ciudad de la Justicia. Tras la polémica supresión del Juzgado de Instrucción número 8 en 2025 y la promesa posterior del Ministerio de Justicia de recuperarlo, la plaza sigue existiendo solo «en la práctica». La previsión de salida de una jueza tras el concurso de traslados ha encendido de nuevo las alarmas sobre si la ciudad perderá definitivamente esa unidad judicial, a pesar de que el Gobierno incluyó la creación de 500 unidades judiciales en un proyecto de Real Decreto publicado el 26 de enero de 2026.

El origen del conflicto y la respuesta institucional

La disputa se remonta a la primavera de 2025, cuando la decisión de transformar el antiguo Juzgado de Instrucción 8 en un segundo órgano especializado en violencia sobre la mujer sembró indignación entre la comunidad judicial viguesa. Magistrados, asociaciones profesionales y el propio Ayuntamiento alzado en voz de Abel Caballero reaccionaron con protestas y movilizaciones ante la Ciudad de la Justicia. Aquel movimiento consiguió que el Ministerio rectificase públicamente y prometiese restituir la plaza.

El compromiso derivó en la inclusión de la plaza en un proyecto ministerial que, en la teoría, debe crear nuevas unidades para adecuar la planta judicial. El documento, difundido el 26 de enero, habla de la creación de 500 unidades judiciales «correspondientes a la programación de 2026», entre ellas la número 8 de Vigo y otras tres de la Sección Civil. Sin embargo, desde entonces no ha habido avances visibles en la tramitación que permitan respirar tranquilos a los profesionales judiciales de la ciudad.

Mientras el Real Decreto sigue su curso administrativo, Vigo ha sostenido el servicio mediante fórmulas de emergencia. A propuesta de los propios magistrados y con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el titular del suprimido juzgado quedó adscrito y desarrolla funciones de refuerzo dentro de la nueva Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia. En la práctica, el número de plazas en activo se ha mantenido; en los papeles, no.

La tensión de 2025 no fue solo administrativa. Los instructores llegaron a firmar un acuerdo conjunto declarándose «hartos» y «abandonados» por la respuesta institucional, una frase que resumía el malestar por la sensación de que las necesidades de Vigo no parecían pesar en las decisiones de la Administración central.

«Estamos hartos y nos sentimos abandonados», rezaba el comunicado de los jueces instructores, que exigían dejar sin efecto la eliminación del juzgado.

La marcha de una jueza y el riesgo real de perder la plaza

El nuevo capítulo del enredo se abrió esta semana con la noticia de que una de las juezas titulares —la que ocupa la plaza 7— ha solicitado y obtenido una plaza fuera de Galicia en el último concurso de traslados. La decisión todavía debe ratificarse por el Pleno del Poder Judicial y publicarse en el BOE, pero las fuentes cercanas al Tribunal dan por hecha su confirmación. El calendario, en ese caso, marca un plazo máximo de dos o tres meses desde la publicación para que se produzca el cese.

Según ha explicado el presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, Germán Serrano, la salida de esa magistrada podría quebrar la frágil solución que hasta ahora ha mantenido operativa la octava plaza. La adscripción del titular del antiguo 8 como refuerzo funcionaba porque había cierta estabilidad en el reparto; una vacante imprevista puede obligar a redistribuciones y a que la «plaza en la práctica» deje de ser cubierta con la intensidad necesaria.

El escenario más temido por los colectivos judiciales es que, con la marcha y sin la formal creación del puesto por Real Decreto, la capacidad de instrucción se reduzca, se tensionen las guardias y aumenten los retrasos en las causas. En una ciudad del tamaño de Vigo, con una casuística penal y civil creciente, perder una unidad supone no solo números administrativos sino un empeoramiento tangible del servicio a la ciudadanía.

Repercusiones locales y próximos pasos

La polémica tiene una dimensión local que no conviene subestimar. Vigo ya vivió la convulsión cuando se anunció la transformación del juzgado en órgano especializado en violencia de género; la movilización ciudadana y política entonces logró frenar lo que muchos consideraron un recorte injustificado. Ahora, con la mencionada lista de 500 unidades en la mesa, la ciudad necesita pruebas concretas de que las promesas se traducirán en normas definitivas y, sobre todo, en nombramientos efectivos.

En los próximos días deberán producirse varios movimientos formales: la resolución del Pleno del Poder Judicial sobre el traslado de la jueza, la publicación en el BOE y la confirmación del ritmo de tramitación del Real Decreto por parte del Ministerio. Si el texto normativo no avanza, las soluciones provisionales —adscripciones y refuerzos— se verán empequeñecidas frente a la realidad de las vacantes.

Más allá de lo inmediato, la situación reabre el debate sobre la planificación de la planta judicial en Galicia. La creación de plazas por decreto es una herramienta necesaria, pero no basta con anuncios genéricos. La experiencia de Vigo muestra que las decisiones afectan a órganos, a plantillas y al trabajo cotidiano de juzgados y tribunales; hace falta un calendario claro y recursos humanos para que las promesas no queden en papel mojado.

Los actores locales no se resignan. El Ayuntamiento mantiene su presión y los colectivos judiciales advierten que, si fuera necesario, volverán a movilizarse. En el despacho del presidente del Tribunal y en las reuniones con el Ministerio se juegan ahora los tiempos que determinarán si Vigo consolida su octava unidad de Instrucción o, por el contrario, pierde una pieza más en el tablero de la administración de justicia española.

La ciudad observa con atención. A falta de pasos concretos que conviertan el anuncio de enero en un hecho palpable, el temor a que la plaza vuelva a diluirse sigue muy presente. Para quienes llevan la carga de los asuntos penales en Vigo, no es un juego de cifras: es la diferencia entre resolver con agilidad las causas y prolongar trámites que afectan a víctimas, investigados y ciudadanos. El próximo mes será crucial para saber si el enredo se deshace o se complica aún más.