El gobierno de Colombia, en colaboración con los Países Bajos, ha convocado en Santa Marta la Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se celebra en marzo de 2026 con el objetivo de diseñar una hoja de ruta global para abandonar progresivamente los hidrocarburos y garantizar una transición energética con criterios de justicia social y financiación real. La cita pretende responder a una doble urgencia: mitigar la emergencia climática y evitar que el coste del cambio recaiga sobre las clases trabajadoras. Los organizadores defienden que la iniciativa busca coordinar recursos, transferencia tecnológica y mecanismos que impidan nuevas extracciones disfrazadas de soluciones verdes. En la práctica, la conferencia aspira a convertir declaraciones políticas en compromisos verificables y en instrumentos de ayuda al desarrollo.

La elección de Santa Marta no es casual: el llamamiento llega en un contexto geopolítico marcado por conflictos que afectan a las rutas y a la infraestructura energética, con consecuencias directas sobre los precios y el abastecimiento. Los expertos que participan en el foro señalan que cada cierre de una refinería o cada bloqueo de suministro se traduce en un aumento del precio del petróleo, lo que beneficia a los grandes grupos que controlan la cadena de valor. Esa lógica, denuncian, convierte la escasez en oportunidad contable para los monopolios y en carga social para hogares y pequeñas empresas. Desde la organización se insiste en la necesidad de políticas que rompan el vínculo entre inestabilidad geopolítica y especulación energética.

La conferencia pone sobre la mesa instrumentos concretos: planes de reconversión laboral para sectores afectados, financiación para proyectos de energía renovable en países en desarrollo y acuerdos de transferencia tecnológica que permitan a naciones menos avanzadas abandonar gradualmente los fósiles sin perder capacidad productiva. La delegación neerlandesa ha subrayado la importancia de garantías financieras y de mecanismos multilaterales que aseguren los fondos necesarios. Además, se debate cómo evitar que algunas iniciativas de extracción se presenten fraudulentamente como ‘verdes’ para mantener beneficios. En esa línea, los organizadores defienden criterios de verificación y transparencia internacionales.

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La exposición de motivos de la conferencia no obvia la tensiones actuales: mientras en Santa Marta se intenta diseñar una salida ordenada, en otros escenarios se siguen alimentando conflictos con intereses energéticos de por medio. Analistas consultados por este periódico recuerdan que muchas operaciones militares y bloqueos tienen un efecto directo en la cadena de suministro de hidrocarburos y, por ende, en la inflación de precios. Esa concatenación coloca la carga del ajuste sobre quienes menos capacidad tienen para afrontarlo: trabajadores del transporte, pequeñas agriculturas y familias con ingresos limitados. La conversación global, advierten, debe incorporar medidas redistributivas para que la transición no agrave desigualdades.

Desde Galicia, la iniciativa colombiana es observada con mezcla de interés y alarma. El alza del coste del transporte y de los alimentos ya ha dejado huella en la economía gallega y en el poder adquisitivo de sus ciudadanos, y la perspectiva de más episodios disruptivos alimenta la sensación de vulnerabilidad. Autoridades locales y sectoriales han expresado su apoyo a políticas de diversificación energética que reduzcan la dependencia del crudo, al tiempo que reclaman fondos para proteger empleos y adaptar infraestructuras. La apuesta por la electrificación del transporte y por proyectos eólicos y solares figura como prioridad en las mesas de diálogo regionales.

El contraste entre la búsqueda de un consenso internacional y la persistencia de prácticas extractivas agresivas subraya una paradoja política: los mismos factores que hacen urgente dejar los fósiles son los que dificultan el cambio. Por una parte, cada crisis de abastecimiento pone en evidencia la fragilidad de un modelo basado en recursos finitos y concentrados; por otra, la lógica del beneficio inmediato alimenta resistencias a transformaciones estructurales. La conferencia intenta vulnerar ese bucle proponiendo incentivos y sanciones que hagan rentable, a escala global, la descarbonización.

Los participantes reclaman también mecanismos de seguimiento y cumplimiento que vayan más allá de las buenas intenciones. Sin supervisión y sin compromisos financieros vinculantes, temen, muchas promesas se quedarán en retórica. Por ello se plantea la creación de fondos multilaterales y alianzas público-privadas con condiciones claras para la transferencia tecnológica y la capacitación laboral. La discusión incluye además salvaguardas para comunidades locales afectadas por la transición, de modo que los proyectos no reproduzcan viejas dinámicas de desposesión.

La conferencia en Santa Marta aspira a ser, en palabras de sus promotores, un punto de inflexión: transformar la emergencia climática en una oportunidad para redefinir riesgos y beneficios. Desde Galicia, la lectura es exigente y crítica: la urgencia ambiental obliga a decisiones valientes y coordinadas, sin permitir que los costes recaigan sobre quienes menos tienen. El tiempo para articular una salida justa del petróleo no es infinito, y la comunidad internacional enfrenta la prueba de convertir discurso en política eficaz. Por Xosé Castro Ratón