Pedro Sánchez anunció este viernes un plan integral de respuesta que movilizará 5.000 millones de euros y contempla casi 80 medidas para proteger a hogares, pymes, al sector primario y a la industria frente a las tensiones derivadas del conflicto en Irán. Entre las decisiones más inmediatas figura la reducción del IVA sobre carburantes, electricidad y gas al 10%, la congelación del precio del butano y del propano y descuentos dirigidos a transportistas y profesionales del campo.

Qué incluye el paquete y cómo se aplicará

El Ejecutivo ha desgranado un conjunto de medidas que combinan reducciones fiscales, ayudas directas y alivios sectoriales. La rebaja del IVA hasta el mínimo que permite la Unión Europea en carburantes y suministros energéticos es la medida más llamativa para el consumidor: el Gobierno calcula que esa disminución podrá suponer hasta 30 céntimos por litro en el surtidor, lo que se traduce —según sus estimaciones— en unos 20 euros de ahorro por depósito estándar de vehículo.

Además, la batería incluye una bonificación fija de 20 céntimos por litro exclusiva para transportistas y otros profesionales (camiones, autobuses, ambulancias y furgonetas), con el objetivo de contener el efecto en la cadena logística y en los costes de transporte de mercancías. Para agricultores, ganaderos y pescadores se han previsto ayudas equivalentes que permitan amortiguar el encarecimiento de insumos y combustibles que ya ha empezado a notarse en el campo.

En el ámbito eléctrico, el Ejecutivo ha apostado por reducir cargas que gravan a los consumidores y a la industria: la suspensión temporal del impuesto sobre la producción eléctrica (7%), la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad del 5,11% al 0,5% y la bajada del IVA al 10% para la electricidad. Para la gran industria electrointensiva se ha apuntado una bonificación del 80% en peajes eléctricos que, según Moncloa, supondrá un ahorro cercano a los 200 millones de euros y contribuirá a preservar la competitividad y los empleos en territorios con alto peso industrial.

Las medidas entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista para este sábado, aunque su pervivencia dependerá de la convalidación parlamentaria: el Gobierno ha acordado convertir las iniciativas en dos decretos ley diferenciados —uno con el conjunto anticrisis y otro específico sobre vivienda— que deberán ser ratificados en el Congreso.

Tensión interna en el Ejecutivo y novedades sobre vivienda

No ha sido un trámite exento de fricciones. La sesión del Consejo de Ministros comenzó con el gesto de los ministros de Sumar, que inicialmente anunciaron su ausencia en señal de protesta por la negativa de la parte socialista a incluir protecciones urgentes para los inquilinos en el decreto ley. Tras negociaciones internas se alcanzó un acuerdo y se optó por escindir el paquete en dos textos, de modo que las medidas de vivienda se tramitarán por separado.

«Estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo», dijo el presidente durante la rueda de prensa posterior, en la que defendió la urgencia de las actuaciones.

La decisión de separar vivienda y medidas anticrisis permite al Ejecutivo acelerar las ayudas económicas y fiscales sin demorar la respuesta a los efectos inmediatos del conflicto, pero deja en el aire medidas habitacionales que sindicatos y organizaciones sociales llevan reclamando desde hace meses. A falta de que el texto sobre vivienda llegue al Congreso, son muchos los colectivos que reclaman no sólo medidas puntuales sino cambios estructurales que protejan a los arrendatarios frente a subidas desbocadas.

Contexto: no es la primera intervención estatal y Galicia, al acecho

España vuelve a recurrir a fórmulas fiscales y ayudas directas para contener el impacto de una crisis internacional: ya en 2022 y 2023 el Gobierno acometió rebajas y exenciones temporales por la guerra en Ucrania y la subida de precios energéticos. La novedad ahora es la combinación de medidas para sectores muy concretos (transportes, agricultura, pesca e industria) y la atención simultánea a la factura doméstica y a los costes productivos.

En Galicia, una comunidad con fuerte dependencia del transporte por carretera, del sector pesquero y de núcleos industriales sensibles al coste de la energía, estas medidas se reciben con mezcla de alivio y cautela. Cabe recordar que el desplome de las cotizaciones y la volatilidad de las rutas comerciales ya han disparado costes en las comarcas marítimas y en áreas como la Mariña lucense, donde el precio del depósito de diésel supera los 100 euros en cientos de estaciones, según registros provinciales recientes.

También la industria gallega, con plantas electrointensivas en distintos puntos, mira con interés la bonificación de los peajes y la suspensión de algunos impuestos, porque cualquier alivio en la factura eléctrica puede ser decisivo para evitar cierres o pérdidas de empleo en fábricas que compiten en mercados globales.

Repercusiones y dudas pendientes

El paquete aprobado ofrece un alivio rápido, pero plantea preguntas sobre su eficacia a medio plazo. Los economistas alertan de que una reducción de impuestos sobre carburantes solo beneficia al consumidor si esa rebaja se traslada efectivamente al precio final en las estaciones de servicio; las distribuidoras y puntos de venta juegan un papel clave. Por otro lado, la factura fiscal para el Estado será alta en un momento en que las cuentas públicas todavía arrastran el esfuerzo hecho durante la pandemia y las recientes crisis energéticas.

Políticamente, la escenificación del desacuerdo en el Consejo de Ministros pone de manifiesto la fragilidad de acuerdos internos en un Ejecutivo de coalición y la necesidad de un mayor diálogo para sostener medidas futuras. En el plano parlamentario, la tramitación y posible modificación de los decretos en el Congreso marcarán el alcance final de los apoyos y las excepciones.

Para Galicia, y para el resto del país, el desafío será que estas medidas amortigüen el golpe inmediato sin convertirse en paliativos que retrasen reformas estructurales necesarias: eficiencia energética, diversificación de suministros y un marco estable para los contratos de la industria y el transporte. El Gobierno ha dado un primer paso contundente; ahora toca vigilar su ejecución y exigir transparencia para que los bolsillos de ciudadanos y profesionales noten el alivio prometido.