El Ejecutivo central prepara un paquete de medidas para contener el encarecimiento de la energía provocado por la escalada bélica en Oriente Medio, pero ha decidido posponer su adopción conjunta en el próximo Consejo de Ministros para estudiar mejor su impacto sobre la inflación. Fuentes de Moncloa explican que la situación es cambiante y que no se puede votar en bloque una batería de intervenciones sin mayor análisis técnico y macroeconómico. La decisión se toma en Madrid esta semana ante el riesgo de que medidas mal calibradas puedan agravar la subida de precios. El Gobierno insiste en que actuará cuando los indicadores muestren un empeoramiento claro de los costes de las materias primas.

Desde departamentos como Transición Ecológica y Hacienda, según fuentes oficiales, prevalece la cautela y se opta por monitorizar la evolución de los mercados antes de activar medidas de amplio alcance. Ese planteamiento choca con la presión de socios de la coalición y de formaciones que reclaman respuestas inmediatas para familias y empresas. El Ejecutivo admite que hay propuestas sobre la mesa —algunas ya diseñadas durante la pandemia y en la crisis por la invasión de Ucrania— pero subraya que ahora toca adaptar instrumentos a un contexto distinto. La complejidad reside en combinar ayudas directas con criterios de sostenibilidad fiscal y efectos sobre la inflación.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este lunes que la duración del conflicto será clave para calibrar el alcance de los apoyos y que las decisiones se tomarán en función de cómo evolucionen los precios de las materias primas. Montero insistió en que el Ejecutivo no descarta intervenir, pero que es necesario hacerlo en el momento oportuno para maximizar su eficacia. El Gobierno subraya además el seguimiento permanente de los mercados energéticos y de los indicadores de inflación. En paralelo, el precio de la electricidad está previsto que registre este martes un repunte que lo sitúe en máximos desde febrero de 2025, con una subida estimada en torno al 15%.

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En el seno de la coalición, la formación Sumar demanda la aprobación urgente de un escudo social que incorpore medidas como la ampliación del bono social eléctrico y la recuperación de moratorias que expiraron con la anterior normativa. Los socialistas piden, por su parte, tiempo para afinar tanto el diseño de las ayudas como su impacto presupuestario y macroeconómico. El Partido Popular ha presentado su propia batería de propuestas, entre las que figuran reducciones fiscales y una mayor deducción por hijo en el IRPF, intentando capitalizar el malestar por los precios. La tensión entre urgencia política y prudencia técnica marca el debate interno.

El PNV ha puesto el foco en medidas específicas para la industria electrointensiva y el sector siderúrgico, citando casos ya en apuros como el de Tubos Reunidos, y reclama apoyos que protejan la competitividad industrial. Estas demandas reflejan una inquietud extendida en comunidades con tejido industrial relevante, entre ellas Galicia, donde la subida de la energía afecta a sectores como la naval, la metalurgia y algunos centros productivos de gran consumo energético. El Ejecutivo, según fuentes consultadas, estudia instrumentos focalizados que no supongan un gasto masivo de corto plazo ni incentivos desproporcionados para consumos elevados.

Los instrumentos sobre la mesa recuerdan a los aplicados en situaciones previas: subvenciones temporales, bonificaciones en el peaje eléctrico, reducciones fiscales puntuales y ampliación de ayudas a hogares vulnerables. No obstante, los técnicos del Gobierno advierten de que medidas expansivas mal calibradas pueden alimentar la inflación y erosionar el poder adquisitivo que se pretende defender. La diferencia con crisis anteriores es que el origen del choque actual es externo y marcado por la incertidumbre geopolítica, lo que dificulta la previsión sobre la duración del efecto sobre los precios.

En la escena política se anticipan varias semanas de negociación tensa entre socios de coalición, grupos nacionalistas y la oposición, con el telón de fondo de comicios regionales y la necesidad de no transmitir inestabilidad económica. La Moncloa afirma que tomará decisiones «cuando proceda» al compás de los datos, una fórmula que busca conciliar la exigencia de acciones sociales con la responsabilidad fiscal. Fuentes internas sostienen que habrá medidas escalonadas si se confirma una escalada prolongada del precio de los combustibles y la electricidad.

Para Galicia, la expectativa es que cualquier paquete incluya ayudas sectoriales y medidas para proteger hogares con menos recursos, aunque el diseño concreto aún no se ha detallado. El Gobierno regional y los agentes sociales seguirán pidiendo que se tengan en cuenta las singularidades productivas de la comunidad, donde el coste energético es un factor crítico para la competitividad. Moncloa promete pragmatismo: actuar con rapidez si los precios se descontrolan, pero sin precipitar reformas que pudieran agravar la inflación a medio plazo.