El Consejo de Ministros aprobó este martes una declaración institucional que condena los sucesos ocurridos el 10 de marzo de 1972 en Ferrol y reconoce a las víctimas de aquella jornada. La iniciativa, respaldada por el Ejecutivo en la reunión del 10 de marzo de 2026, responde a la petición presentada por los ministros responsables de memoria y trabajo con el objetivo de reparar el daño histórico. La decisión llega coincidiendo con el Día da Clase Obreira Galega y pretende subrayar el rechazo a la represión que sufrieron los trabajadores del sector naval. El Gobierno argumenta que este reconocimiento es necesario para completar la memoria democrática y garantizar la no repetición.

La declaración había sido impulsada por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que había reclamado un pronunciamiento por los hechos que marcaron a la ciudad. El texto critica la actuación desproporcionada de la Policía Armada en aquella manifestación y admite de forma rotunda la responsabilidad política del Estado en la represión. En la protesta, los disparos de las fuerzas de seguridad causaron la muerte de dos operarios y dejaron a la ciudad conmocionada. El reconocimiento oficial busca cerrar una herida abierta en la memoria local y poner nombre a las consecuencias de la violencia estatal.

Entre las consecuencias que recoge la declaración, se señala que dos trabajadores murieron por disparos, identificados en los archivos y la memoria colectiva como Amador Rey y Daniel Niebla. Además, casi un centenar de personas resultaron heridas, 16 de ellas por heridas de bala, y se produjeron alrededor de 160 despidos y varias centenas de detenciones vinculadas a la protesta. Estos números, apuntan desde el Ejecutivo, muestran la magnitud del episodio y su impacto inmediato en familias y en la actividad sindical y laboral de la ría. La mención explícita de las cifras responde a la voluntad de documentar y no minimizar lo sucedido.

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En el comunicado, el Gobierno reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, y expone que 54 años después es obligado reconocer el sufrimiento padecido por las víctimas y sus allegados. La declaración institucional incorpora un homenaje a las personas fallecidas y a las que resultaron heridas, así como un llamamiento a preservar la memoria como parte del patrimonio democrático. El Ejecutivo subraya que aquel episodio simboliza la lucha por los derechos laborales y las libertades que se reivindicaron en Ferrol frente a la represión del franquismo. También recuerda que la consolidación democrática exige afrontar sin ambages los episodios más dolorosos del pasado.

El Gobierno ha señalado igualmente que la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática mantiene abierto el expediente para declarar a Ferrol ciudad de la memoria, una distinción que, según la nota oficial, contribuiría a institucionalizar la recuperación de la memoria colectiva. La figura de «ciudad de la memoria» implicaría actuaciones de investigación, señalización y educación pública sobre los hechos y sus víctimas. Fuentes oficiales explican que esa medida busca transformar el recuerdo en políticas tangibles que permitan la visibilidad y la transmisión a las nuevas generaciones. En Ferrol, la iniciativa ha sido recibida como un paso más hacia la reparación simbólica.

La intervención de Yolanda Díaz, originaria de Ferrol, fue destacada por su carga personal y política, al situar los sucesos en el contexto más amplio de la represión franquista y reivindicar que la memoria no puede quedar diluida en el olvido. La ministra insistió en que reconocer oficialmente a las víctimas forma parte de una obligación democrática y moral con quienes lucharon por mejores condiciones de trabajo y por las libertades. Por su parte, el impulso por parte de Torres se presentó como la respuesta institucional a demandas históricas de la ciudad y de organizaciones sindicales. Ambos ministros han vinculado esta declaración a la agenda de memoria que el Gobierno dice querer reforzar.

En Ferrol, las conmemoraciones del Día da Clase Obreira Galega tuvieron un tono solemne y de recuerdo, con actos organizados por sindicatos, colectivos vecinales y familiares de las víctimas. Las ofrendas y los minutos de silencio subrayaron la persistencia del dolor y la importancia de traer al presente hechos que marcaron a generaciones enteras. Miembros de asociaciones memorialistas han pedido que el reconocimiento sirva para impulsar investigaciones y para que no queden impunes las responsabilidades políticas y administrativas. El ambiente en la ciudad reflejó una mezcla de alivio por el gesto institucional y de demanda de medidas efectivas para la reparación.

La resolución del Ejecutivo se inscribe en un debate más amplio sobre memoria democrática en España, donde las acciones simbólicas y las políticas públicas buscan reconciliar el pasado con las exigencias de justicia y transparencia del presente. Para muchos, reconocer y documentar episodios como los de 1972 es condición para reforzar las garantías de los derechos laborales y civiles en el futuro. El Gobierno espera que esta declaración contribuya a que nunca más el ejercicio legítimo de la protesta social sea respondido con violencia y a que la historia de Ferrol figure con claridad en la memoria colectiva nacional.