El gobierno municipal de Vigo respondió este jueves a las críticas del Partido Popular por la transferencia aprobada a la Entidad Local Menor de Bembrive, negando cualquier falta de transparencia y acusando a la oposición de difundir informaciones falsas. El portavoz del ejecutivo, Carlos López Font, aseguró que el expediente estaba incluido en el orden del día de la Junta de Gobierno local y defendió que la operación se ajustó a la normativa autonómica. La portavoz del PP en la ciudad, Luisa Sánchez, había cuestionado la forma en que se tramitó la aportación económica, lo que desencadenó la réplica del equipo de gobierno. El debate se produce en un contexto de tensión entre el Concello y la formación conservadora por el control del gasto municipal.

En su reacción, López Font calificó de «completamente falsas» las afirmaciones de la oposición y atribuyó sus críticas a un desconocimiento de los procedimientos administrativos. El portavoz insistió en que la aprobación no se hizo «al margen del procedimiento» y subrayó que el expediente figuraba de manera expresa en el orden del día compartido de la Junta de Gobierno. Según el ejecutivo local, la tramitación siguió los pasos previstos y fue sometida a los controles previos que exige la legislación. Con estas precisiones, el gobierno trató de cerrar la cuestión sobre la forma en que se adoptó el acuerdo.

Uno de los núcleos de la disputa ha sido la petición del PP para que se audite la Entidad Local Menor de Bembrive, una exigencia que el equipo municipal considera improcedente. López Font recordó que el Ayuntamiento de Vigo no tiene competencia para ordenar auditorías a esa entidad y atribuyó esa responsabilidad a la Xunta de Galicia, que es la administración autonómica competente. El portavoz reprochó a la concejala popular que plantee una exigencia que, en su opinión, no corresponde al Concello y que, por tanto, no puede ejecutarse desde el ámbito municipal. La delegación municipal insistió en que cualquier control adicional debe partir de los órganos previstos por la ley.

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En su explicación, el gobierno local sostuvo que la transferencia responde a una obligación legal derivada del reconocimiento de Bembrive como entidad local menor. Según el ejecutivo, la operación se ajustó a la Ley Autonómica de Administración Local de Galicia y fue aprobada tras una fiscalización favorable por los órganos de control previos. El portavoz remarcó que la intervención administrativa refrendó la tramitación, lo que, a su juicio, avala la corrección del procedimiento. Con ese argumento trataron de desactivar las acusaciones de opacidad que lanzó la oposición.

La cuantía objeto de controversia, según la documentación citada por el PP, asciende a 329.000 euros, una cifra que motivó la petición de mayores controles por parte de los populares. El equipo de gobierno defendió que la transferencia tiene un respaldo legal y administrativo y que su aprobación respondió a necesidades reconocidas por la propia entidad local menor. Además, López Font recordó un precedente político para cuestionar la coherencia del PP: dijo que los populares firmaron convenios con la entidad en el pasado, en concreto tras perder unas elecciones, en alusión a actuaciones anteriores de esa formación.

La portavoz del PP, por su parte, había denunciado opacidad en la gestión y reclamado auditorías externas para garantizar el correcto uso de los fondos públicos. La líder local del partido instó al alcalde a tomar medidas y a facilitar información detallada sobre el destino del dinero, según las fuentes que trasladaron su posición. Los populares han mantenido una actitud vigilante en torno a la relación entre el Concello y las entidades locales menores, y han anunciado que seguirán su fiscalización política sobre este tipo de acuerdos. Esa posición ha alimentado el enfrentamiento público entre ambas partes.

El carácter de entidad local menor implica un marco competencial y unas obligaciones específicas que, a juicio del gobierno vigués, delimitan claramente las facultades municipales. El equipo de gobierno ha pedido que cualquier reclamación de control se dirija a la administración autonómica cuando proceda, y subraya que la intervención y la fiscalización previas son instrumentos habituales en la gestión municipal. Fuentes municipales insistieron en que la transparencia debe entenderse también como respeto a los cauces administrativos establecidos por la ley.

La controversia sobre la transferencia a Bembrive promete mantenerse en la agenda política local en las próximas semanas, en tanto el PP exige explicaciones y el gobierno defiende la legalidad de sus decisiones. En el Concello de Vigo, las dos fuerzas hanizado a mantener posiciones enfrentadas en asuntos de gestión y control presupuestario, lo que augura nuevas alusiones públicas y posibles requerimientos formales. Por ahora, el ejecutivo municipal proclama normalidad administrativa y afirma que actuará con la documentación que avala sus resoluciones.