El Ejecutivo ha decidido no incorporar por el momento la moratoria de desahucios al nuevo paquete de medidas sociales ante la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio, según trasladaron sus portavoces este jueves en Madrid. La posición, anunciada el 12 de marzo de 2026 tras reuniones con agentes sociales, se apoya en la idea de que la coyuntura actual está «lejos» de la que motivó el escudo social de 2022. La decisión provoca fricciones con sus socios de la izquierda, que exigen recuperar medidas ampliadas como la prohibición general de desalojos y la prórroga obligatoria de contratos de alquiler sin subida de precio.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la necesidad de actuar con «proporcionalidad» y de escalonar las ayudas en función de cómo evolucionen los precios, en especial los carburantes. Tras reunirse con sindicatos y organizaciones empresariales, el titular económico llamó a la calma y a no reproducir automáticamente la batería de medidas de hace casi cuatro años. El Gobierno subraya que su prioridad inmediata es contener el impacto en el transporte y la agricultura, sectores que sufrirían de forma más directa el encarecimiento de los combustibles.

En esa línea, el Ejecutivo abre la puerta a prohibir los cortes de suministro a familias vulnerables, una medida que sí considera viable ahora mismo y que ya ha sido planteada en los contactos con los agentes sociales. Sin embargo, descarta por la coyuntura actual medidas de mayor calado que reclaman sus socios, como la vuelta de una moratoria general de desahucios o la imposición de prórrogas obligatorias en los alquileres. Fuentes gubernamentales argumentan que aquellas respuestas se diseñaron para un escenario con presiones inflacionistas muy superiores.

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El referente para el Gobierno es claramente el escudo social aprobado en 2022, cuando la inflación alcanzó el 9,8% por ciento, y que incluyó limitaciones a desalojos y otras medidas de emergencia por la invasión rusa de Ucrania. Desde el Ejecutivo sostienen que las circunstancias actuales —aunque preocupantes— no reproducen ese mismo nivel de impacto en los precios y, por tanto, las respuestas deben calibrarse en consecuencia. Esa lectura choca con la de Unidas Podemos, Sumar y otras fuerzas del denominado arco izquierdo, que piden medidas más ambiciosas y rápidas.

El pulso con los socios políticos ya se ha hecho evidente en el Congreso, donde la oposición de PP, Vox y Junts tumbó hace semanas dos decretos de prórroga del anterior escudo social. Esos rechazos se centraron en la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional, una de las medidas que ahora reclaman los socios del Gobierno. Desde Ferraz reconocen la debilidad parlamentaria en un hemiciclo fragmentado y la necesidad de buscar apoyos más amplios para garantizar la vigencia de cualquier paquete social.

Por su parte, partidos como Sumar han elevado el tono y exigen rescatar también otras medidas, entre ellas un impuesto extraordinario a las grandes compañías energéticas y la congelación forzosa de algunas subidas en el mercado del alquiler. Sus representantes han advertido de que el rechazo a esas demandas puede tensar la coalición y forzar a la izquierda a replantear su interlocución con el PSOE. El Ejecutivo, en cambio, apuesta por negociar con calma y por afinar las medidas para reforzar el consenso.

En público, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro Cuerpo han subrayado el objetivo común de proteger a los colectivos más vulnerables sin generar desequilibrios fiscales ni decisiones de urgencia que luego resulten imposibles de mantener. La portavoz del Gobierno insistió en que las medidas se implantarán en función de cómo se traduzcan en los precios y no por la presión temporal de la opinión pública. También reconociendo la preocupación por el acceso a la vivienda, el Ejecutivo asegura que seguirá trabajando en políticas a medio plazo para abordar la escasez y la asequibilidad.

La discrepancia abierta ahora marca una nueva prueba para la coalición en un escenario internacional marcado por la inestabilidad en los mercados energéticos. A corto plazo, el debate se centrará en los instrumentos concretos que el Gobierno finalmente proponga en las próximas semanas y en la capacidad de sus socios para forzar concesiones en sede parlamentaria. Mientras tanto, en los despachos se busca un equilibrio entre la urgencia social y la prudencia económica que evite un nuevo choque de mayor calado en la legislatura.