El Gobierno destina 2.559 millones de euros a becas para el curso 2026-2027, la mayor inversión de la historia para ayudar a casi un millón de jóvenes

El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto que regula los umbrales económicos y las cuantías de las becas para estudios posobligatorios del curso 2026-2027, con el objetivo de ampliar el acceso a la enseñanza superior y postobligatoria. La decisión, tomada en Madrid, busca actualizar parámetros que no se revisaban desde hace quince años y responde a la necesidad de paliar las barreras económicas que afrontan estudiantes que compaginan estudio y trabajo. El Ejecutivo sostiene que la medida facilitará la permanencia en los estudios de miles de jóvenes y reforzará la equidad territorial en el acceso a la educación.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, calificó la partida como histórica y recordó que es la novena subida consecutiva del presupuesto para becas desde 2018. En términos relativos, la inversión supone un incremento del 83% respecto a aquella anualidad, cuando el gasto fue de 1.399 millones. Además del aumento de la cuantía global, el real decreto actualiza los umbrales de patrimonio y renta, que presentan una revisión media del 10% para adaptarlos a la coyuntura económica actual.

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Las ayudas aprobadas abarcan bachillerato, formación profesional, universidad y enseñanzas artísticas superiores, y se concederán en función de la situación económica familiar, con la exigencia de acreditar un rendimiento mínimo para mantener la beca en cursos posteriores. La previsión oficial es que la convocatoria general alcance a 752.000 estudiantes, a los que se suman 225.000 beneficiarios en la convocatoria para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con lo que el total se aproxima al millón de jóvenes beneficiados. Según el Gobierno, el paquete pretende no solo incrementar cifras sino mejorar la eficacia de las ayudas para evitar abandonos y exclusiones.

El decreto se suma al anuncio hecho el lunes por el presidente Pedro Sánchez sobre la recuperación de las antiguas ayudas Séneca, ahora renombradas como Medrano, destinadas a estudiantes universitarios que cursen estudios en un campus situado en una provincia distinta a la de su residencia. La iniciativa busca fomentar la movilidad académica entre territorios y aliviar costes de alojamiento y desplazamiento, dos factores señalados por las familias como determinantes a la hora de decidir sobre la continuidad de estudios superiores.

Una de las novedades más destacadas afecta a quienes combinan estudios y trabajo: los universitarios y estudiantes de enseñanzas artísticas superiores matriculados a tiempo parcial que cursen entre 48 y 59 créditos —unos 20.000 alumnos según las estimaciones oficiales— podrán recibir parcialmente la beca de renta y la de residencia, fijada en 350 euros por cada uno de esos conceptos. La medida pretende corregir una exclusión que penalizaba a quienes, por necesidades económicas, optan por matrículas parciales y quedaban fuera de la cobertura completa de las ayudas.

El ajuste de los umbrales económicos, que no se tocaban desde hace más de una década, es una pieza clave del decreto. La actualización busca atender la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias y evitar que el patrimonio y la renta fijados en normas antiguas limiten el acceso a las becas. Los criterios revisados tendrán impacto en la distribución de los fondos entre alumnos de diferentes comunidades y podrían aumentar el número de solicitantes con derecho a ayudas de mayor cuantía.

El Gobierno ha incluido también medidas específicas para estudiantes con discapacidad, que según el Ejecutivo beneficiarán a cerca de 2.000 universitarios con necesidades adicionales de apoyo. Estas actuaciones persiguen tanto mejoras en la compatibilidad de las convocatorias como garantías de acceso a recursos de apoyo y adaptaciones académicas, puntos que organizaciones y colectivos habían reclamado con insistencia en los últimos años.

La subida sostenida del presupuesto en becas se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para reforzar la protección social y la formación como palancas contra la desigualdad, pero plantea retos de ejecución y sostenibilidad presupuestaria que deberán verificarse en la tramitación y en las comunidades autónomas, responsables de parte de la gestión. En su primera comparecencia tras la reunión del gabinete, la ministra detalló los cambios y defendió el carácter redistributivo de la inversión, mientras que sectores educativos reclaman ahora concreción sobre plazos de pago y la coordinación con universidades y centros de FP para que la ampliación de recursos llegue efectivamente a las familias y a los estudiantes que más lo necesitan.