El Ejecutivo ha decidido incorporar las propuestas de sus socios parlamentarios al paquete de medidas antiinflacionarias que prevé aprobar esta semana en Madrid, con el objetivo de garantizar el respaldo en el Congreso tras dos derrotas recientes. Así lo han trasladado fuentes gubernamentales este jueves, que sitúan la iniciativa en la agenda previa al Consejo de Ministros y subrayan que la urgencia viene motivada por el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. El cambio de táctica responde al rechazo reiterado de la prórroga del escudo social y a la necesidad de mostrar consenso ante la opinión pública.

En Moncloa explican que la estrategia difiere de intentos anteriores: en lugar de presentar un texto cerrado, el Gobierno quiere consensuar el decreto con los grupos con los que comparte apoyo parlamentario y también, en la medida de lo posible, con otras fuerzas. Las dos veces que el Congreso tumbó la prórroga del llamado escudo social fue con los votos del PP, Vox y Junts, lo que obligó a replantear la hoja de ruta. El Ejecutivo busca así evitar nuevas sorpresas en la Cámara y sumar apoyos antes de llevar la propuesta al Consejo de Ministros.

Fuentes gubernamentales citadas por el Ejecutivo defienden que se trata de medidas «positivas para todos los españoles» y que prefieren lograr unanimidad, por lo que van a escuchar las enmiendas y propuestas de sus socios. En paralelo, el Gobierno pretende coordinar el paquete con los agentes sociales; sindicatos y patronal serán llamados a pronunciarse en una reunión prevista para este viernes, con la esperanza de que un aval sindical‑empresarial aumente la presión sobre los grupos parlamentarios.

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El cambio de método incluye también la voluntad de negociar con el principal partido de la oposición. El PP ya adelantó su propio plan, centrado sobre todo en rebajas fiscales, y en el Ejecutivo aseguran que revisarán esas propuestas para ver qué cabe incorporar. Como parte de la negociación parlamentaria, el Gobierno incluso levantó temporalmente su cordón sanitario respecto a Vox y trató de recabar su apoyo telefónicamente, según relatan responsables de la negociación.

El encargado de liderar las conversaciones por parte del Gobierno fue el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que contactó con los distintos interlocutores para explorar fórmulas de acuerdo. Sin embargo, la formación de extrema derecha rechazó el ofrecimiento y cerró la puerta al diálogo, según la versión pública del propio partido. El líder de Vox, Santiago Abascal, dejó claro que su organización no pretende abrir canales de interlocución con el Ejecutivo y que esa responsabilidad corresponde al PP.

La aprobación del plan antiinflación tiene, además de una vertiente económica, un calado político significativo para el Gobierno, que ha defendido una postura de «no a la guerra» en el conflicto de Oriente Medio. En Moncloa temen que el coste de la contienda en términos de precios y suministros pueda erosionar la percepción ciudadana sobre la gestión del Ejecutivo y, con ello, su apoyo parlamentario y social. Mantener la buena marcha de la economía se ha convertido en uno de los argumentos centrales para sostener el posicionamiento internacional del Gobierno.

En las conversaciones internas se barajan distintas fórmulas para combinar medidas de protección social con incentivos fiscales, sin que por ahora el Ejecutivo haya cerrado el catálogo definitivo de instrumentos. La intención es que cualquier ajuste que se incorpore no rompa el equilibrio presupuestario que defiende el Gobierno, pero sí ofrezca alivio suficiente a hogares y empresas afectados por la subida de precios. La negociación con los agentes sociales servirá para fijar prioridades y para dar mayor legitimidad a las medidas antes de su tramitación parlamentaria.

El calendario fijado por Moncloa prevé terminar de perfilar el texto en los próximos días y someterlo a examen en el Consejo de Ministros una vez alcanzado, en la medida de lo posible, un acuerdo previo con los socios y con los agentes sociales. La previsión es que ese respaldo previo facilite la aprobación en el Congreso, donde el Ejecutivo no puede permitirse nuevas derrotas en un asunto tan sensible. En la calle y en los despachos, la negociación se asume ahora como la mejor receta para evitar más incertidumbre y demostrar que hay una respuesta política común frente al encarecimiento derivado del conflicto internacional.