El Consejo de Ministros aprobó este martes una declaración institucional que condena los sucesos del 10 de marzo de 1972 en Ferrol y reconoce a las víctimas de aquella jornada. La resolución, impulsada por Ángel Víctor Torres y Yolanda Díaz, responsabiliza a la Policía Armada franquista por la actuación desproporcionada que provocó dos fallecimientos durante una manifestación de trabajadores del sector naval. El Gobierno justifica la decisión en el compromiso con la memoria democrática y en la necesidad de reparar el daño a las familias y a la ciudad. La aprobación llega en la conmemoración del Día da Clase Obreira Galega, jornada que rememora la lucha obrera ferrolana.

Los disparos de aquel 10 de marzo causaron la muerte de los obreros Amador Rey y Daniel Niebla, y dejaron un saldo de casi un centenar de heridos, 16 de ellos por impactos de bala, según recoge la declaración. Además, las movilizaciones se saldaron con 160 despidos laborales y centenares de detenciones, un balance que el Ejecutivo subraya como muestra de la represión ejercida contra la protesta social. La resolución oficial enumera estos datos para contextualizar la magnitud del episodio dentro de la represión de la dictadura. El texto insiste en la responsabilidad institucional de recordar y reconocer esos hechos.

La declaración aprobada por el Gobierno incluye un reconocimiento expreso a las personas fallecidas, a quienes resultaron heridas y a sus familiares, y condena la actuación de la Policía Armada de entonces. En el documento se describe el sufrimiento padecido por las víctimas y se reclama la reparación moral y política que permita cerrar una página dolorosa de la historia local. El Ejecutivo considera que la memoria de estos acontecimientos forma parte del patrimonio democrático de Ferrol y del conjunto de la sociedad española. Por ello, reclama que la conmemoración sirva para preservar la dignidad del trabajo y los derechos laborales.

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La iniciativa fue promovida por los ministros responsables de memoria democrática y de trabajo, que llevaron al Consejo de Ministros la necesidad de una condena institucional. La coincidencia con la jornada ferrolana de recuerdo a la clase trabajadora reforzó el carácter simbólico de la aprobación, que llega 54 años después de los sucesos. La ministra de Trabajo, natural de Ferrol, valoró el avance en el reconocimiento público y reclamó que no se olvide la represión que marcó a varias generaciones. Desde el Gobierno, se plantea este gesto como parte de una política más amplia de memoria y verdad.

El texto gubernamental subraya que la consolidación de la democracia exige afrontar «de manera honesta» con las víctimas y la sociedad los hechos del 10 de marzo, y se compromete a que no se repitan respuestas violentas ante el ejercicio de derechos fundamentales. Asimismo, la declaración reclama justicia y reparación como elementos inseparables de la memoria democrática. El Ejecutivo además vincula la rememoración de aquellos hechos con la recuperación del diálogo social y la justicia laboral en la actualidad. La resolución pública busca también reforzar el aprendizaje cívico sobre límites inaceptables en el uso de la fuerza.

El Gobierno comunicó que la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática mantiene abierto el expediente para declarar a Ferrol «ciudad de la memoria», una figura que pretende reconocer lugares clave en la lucha por las libertades. Ese procedimiento, según fuentes oficiales, pretende incorporar a la ciudad en una red de espacios de memoria que sirvan para la enseñanza y la reparación simbólica. La medida, si se concreta, supondría reconocimientos institucionales y actividades conmemorativas y educativas vinculadas a los hechos. Para muchas asociaciones de memoria sería un paso más en la visibilización del pasado reciente.

En Ferrol, el 10 de marzo figura desde hace décadas como fecha de referencia para recordar la movilización obrera y el coste humano de la represión política. Cada aniversario reúne a sindicatos, colectivos memorialistas y familiares que reivindican verdad y reconocimiento público. La aprobación de la declaración estatal añade ahora una ratificación oficial que busca dialogar con esas demandas locales. Aun así, para algunos observadores la reparación simbólica debe completarse con medidas prácticas que permitan la reconciliación plena.

El documento gubernamental también conecta los sucesos de 1972 con un ciclo más amplio de represión política que se prolongó durante décadas, y que marcó la vida de muchas familias ferrolanas. La declaración pone en valor la lucha por las libertades democráticas emprendida por los trabajadores y su contribución a los cambios sociales posteriores. El Ejecutivo insiste en que recordar no es mirar atrás para reabrir heridas, sino evitar que episodios así puedan repetirse en el futuro. La aprobación de la declaración abre ahora una fase de diálogo institucional con la ciudad y con las víctimas para definir pasos posteriores.

Fuentes del Gobierno señalan que la declaración no es el final del proceso, sino un punto de partida para actuaciones educativas y de reconocimiento que completen la reparación. Entre las expectativas figuran iniciativas de memoria integral, el impulso de investigaciones documentales y la posible señalización de lugares vinculados a los hechos. Para las víctimas y sus descendientes, la aprobación representa un reconocimiento tardío pero significativo de su dolor y de su combate por la dignidad laboral. En cualquier caso, la decisión del Consejo de Ministros activa en Ferrol un debate público sobre cómo preservar la memoria y asegurar la justicia histórica.