El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha puesto a información pública la reforma del Reglamento General de Costas que fija en 75 años la duración máxima de las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre.
La iniciativa obliga a que las autorizaciones vinculadas a actividades económicas se otorguen mediante concurso público y elimina las prórrogas automáticas.
La revisión responde a un expediente de infracción de la Comisión Europea y retoma, con menos ambición, una reforma previa anulada por el Tribunal Supremo.

Qué cambia

La medida más relevante es la limitación temporal: las concesiones no podrán superar los 75 años en cómputo desde su aprobación inicial y sumando las renovaciones posteriores.

El texto impulsa que las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) se asignen mediante procedimientos competitivos. El objetivo oficial es garantizar procesos imparciales, transparentes y sujetos a concurrencia cuando se trate de actividades económicas.

• Duración máxima: 75 años en total.
• Concurso público: requisito para adjudicar concesiones económicas.
• Sin prórrogas automáticas: se elimina la renovación directa que beneficiaba al cesionario.

En diciembre de 2024 la Comisión Europea abrió un procedimiento contra España por considerar que algunos otorgamientos vulneraban las reglas de competencia de la directiva de servicios. El nuevo reglamento intenta corregir ese incumplimiento.

Qué queda fuera y las limitaciones

La reforma es menos ambiciosa que intentos anteriores. No incorpora cambios para flexibilizar criterios sobre la ampliación de zonas de protección del litoral, una medida que sí figuró en propuestas previas y que finalmente no se mantiene.

Una versión anterior del reglamento fue anulada por el Tribunal Supremo por problemas en el trámite de información pública. El Ejecutivo ha recortado alcance para evitar nuevas impugnaciones.

El texto incluye garantías dirigidas a evitar ventajas para el prestador saliente: las renovaciones no podrán suponer beneficios preferentes para personas vinculadas al titular anterior.

Reacciones previsibles y posibles efectos

Empresas vinculadas al turismo litoral, puertos deportivos y explotaciones pesqueras siguen ahora pendientes del proceso de información pública y de las convocatorias que deberán lanzarse en el futuro.

Se esperan debates sobre compensaciones, calendario de concursos y la gestión de concesiones ya vigentes con larga antigüedad. La limitación a 75 años introduce seguridad jurídica en cuanto a horizonte temporal, pero también abre la puerta a mayor competencia en adjudicaciones futuras.

• Para la Administración: necesidad de diseñar procedimientos de concurso claros y transparentes.
• Para los titulares actuales: reducción de la posibilidad de renovaciones automáticas y mayor concurrencia en los procesos de adjudicación.
• Para el sector privado: más oportunidades para nuevos operadores, con incertidumbre sobre plazos y condiciones.

El periodo de exposición pública abre ahora el calendario para alegaciones y ajustes. Tras este trámite, el Gobierno podría aprobar la versión definitiva, que a su vez será susceptible de recursos judiciales si alguna parte considera que el proceso o el fondo son lesivos. La reforma sitúa a España en la senda de cumplimiento con la normativa comunitaria, aunque con menos cambios de los inicialmente planteados.