El Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, ha establecido la próxima semana como plazo máximo para sacar adelante un plan de respuesta a la subida de precios provocada por la guerra en Oriente Medio, según fuentes del Ejecutivo. La decisión busca atajar con urgencia el impacto ya apreciable en los combustibles y, previsiblemente, en la factura eléctrica, y se adoptará desde Madrid tras negociar con los grupos parlamentarios para garantizar la mayoría necesaria. El Ejecutivo no ha fijado una fecha concreta, pero los ministerios económicos tienen mandato de actuar cuanto antes para contener la escalada de precios. La urgencia está vinculada a la necesidad de coordinarse con la Unión Europea y a la evolución del índice de precios al consumo en las próximas jornadas.

Fuentes del Gobierno explican que la intención es consensuar el paquete de medidas con las distintas fuerzas políticas antes de llevarlo a Consejo de Ministros, y que esa tramitación marcará el calendario definitivo. El Ejecutivo evita cerrar una fecha hasta constatar si hay respaldo suficiente en el Congreso, aunque la meta es no dilatar la respuesta más allá de la semana entrante. En paralelo, los equipos ministeriales analizan distintas fórmulas fiscales y de apoyo directo a sectores concretos, con el objetivo de que las medidas sean eficaces y temporalmente acotadas. La coordinación interna se combina con la búsqueda de sinergias a nivel comunitario para reforzar su alcance.

En Bruselas, la agenda condiciona el ritmo de decisión: la reunión de los Veintisiete prevista para el próximo jueves en el marco del Consejo Europeo es un momento al que miran los responsables españoles para intentar coordinar posiciones. Si las conclusiones comunitarias diferencian límites o instrumentos, el Ejecutivo quiere actuar en consonancia con ellas para “ir todos a una”, según trasladan sus portavoces. Esa cita europea explica que, si no fuera posible incorporar el paquete en el Consejo de Ministros ordinario del martes, el Gobierno no descarte convocar un Consejo extraordinario a finales de la semana para aprobar las medidas. La idea es no dar pasos aislados que puedan quedar desacompasados del planteamiento de la UE.

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La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, subrayó que el Ejecutivo aprobará las medidas cuando considere que llegan en el momento oportuno, y reiteró la conveniencia de esperar al pronunciamiento europeo sobre los márgenes de actuación. Montero defendió la necesidad de coordinarse en Bruselas para que las respuestas sean más firmes y eficaces, y para no generar distorsiones entre estados miembros. En su intervención también hizo hincapié en la prudencia: primero constatar el impacto real en los precios cuando se materialicen los movimientos de oferta en el mercado internacional del petróleo. Esa cautela añade un elemento temporal a la hoja de ruta del Gobierno.

Una de las prioridades que manejan los equipos económicos es mitigar el fuerte repunte en los carburantes, cuya presión se está trasladando ya a numerosos sectores productivos y al bolsillo de los hogares. El plan, explican en el Ejecutivo, se orientará a proteger especialmente al transporte, la agricultura y la pesca, actividades sensibles a los costes energéticos y fundamentales para el suministro y la economía nacional. Las medidas previstas se inclinan por reducciones fiscales dirigidas a estos sectores más que por subvenciones generalizadas, por su capacidad para actuar con mayor rapidez y menor coste presupuestario. Los técnicos están estudiando combinaciones de exenciones temporales, bonificaciones selectivas y otras fórmulas tributarias.

Tras la experiencia de la crisis derivada de la invasión de Ucrania, en Moncloa descartan una repetición literal de algunas fórmulas anteriores: no se baraja volver a aplicar una rebaja estándar de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel como medida general. La evaluación de aquella intervención y su coste fiscal en su momento han llevado al Gobierno a buscar soluciones más focalizadas y eficaces por unidad de impacto. Fuentes del Ejecutivo resaltan que la respuesta de esta vez será más calibrada, con instrumentos que protejan a quienes más sufren la subida sin implicar un esfuerzo imprevisto que ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal. Esa orientación también atiende a la necesidad de dar señales coherentes a los mercados y a los socios europeos.

El Ejecutivo mantiene además la intención de evaluar de forma continuada la repercusión del conflicto sobre el IPC antes de cerrar el paquete definitivo, de modo que las medidas puedan modularse según la evolución real de los precios. Esa vigilancia pasa por estudiar el efecto de la liberación de barriles y otras decisiones internacionales sobre la cotización del crudo y la energía en general. Si los datos consolidan una trayectoria inflacionista, las intervenciones se acentuarán; si la presión se atenúa, el Gobierno prevé una respuesta más limitada y temporal. Esta estrategia busca equilibrar la necesidad de actuar con la prudencia fiscal y la coordinación europea.

En el ámbito parlamentario, el Ejecutivo tendrá que seguir trabajando para forjar consensos y garantizar que las medidas superen la votación en el Congreso, una condición que condiciona tanto el contenido como el calendario. La posibilidad de convocar un Consejo de Ministros extraordinario en los últimos días de la próxima semana apunta a la determinación del Gobierno por no dejar pasar más tiempo si la situación lo exige. Mientras tanto, los ministerios implicados continúan afinando los textos y las simulaciones de impacto para presentar una propuesta sólida que justifique su necesidad y su duración. En cualquier caso, la intención pública es transmitir que la respuesta será rápida, proporcionada y coordinada con Europa.