El Ejecutivo central prepara un paquete de medidas para mitigar el impacto de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio, pero ha decidido posponer su implantación mientras evalúa el efecto sobre la inflación y la evolución de los precios. La decisión de no llevar al Consejo de Ministros de esta semana la batería completa de contramedidas, que se venía trabajando en el seno de la coalición, responde a la búsqueda de tiempo para afinar medidas y evitar efectos indeseados sobre la economía. La incertidumbre sobre la duración del conflicto y la volatilidad de los mercados energéticos han llevado al Gobierno a optar por la prudencia en Madrid. Fuentes de Moncloa insisten en que las herramientas están preparadas, pero que su activación dependerá de cómo se traduzcan los acontecimientos en aumentos sostenidos de costes.

En Moncloa, el debate es técnico y político a la vez. El presidente Pedro Sánchez y su equipo han seguido de cerca la subida de precios y los distintos departamentos, especialmente Transición Ecológica y Hacienda, han abogado por no precipitarse. Las fuentes consultadas subrayan que la situación es cambiante y que hay riesgo de que medidas mal calibradas puedan alimentar la inflación general, lo que complicaría la renta disponible de hogares y empresas. Por eso el Ejecutivo pretende analizar datos adicionales antes de desplegar un escudo social ampliado.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, explicó que las iniciativas se pondrán en marcha en función de la evolución de los acontecimientos y de cómo se trasladen los incrementos de materias primas al bolsillo de los consumidores. Moncloa vigila especialmente el mercado eléctrico: para este martes se prevé que el precio de la luz alcance máximos no vistos desde febrero de 2025, con un incremento estimado del 15%. Esa subida sirve de referencia para calibrar urgencias y priorizar ayudas directas o fiscales según el impacto en familias y sectores industriales.

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En el seno de la coalición, los socios empujan en direcciones distintas. Sumar reclama mayor celeridad y pide recuperar medidas que quedaron suspendidas tras el rechazo al decreto de prórroga del anterior escudo social, como la moratoria en desahucios y la ampliación del bono social eléctrico. Los socialistas, en cambio, piden tiempo para ajustar instrumentos y evitar que una respuesta apresurada derive en mayores presiones inflacionistas. El PNV, por su parte, centra su atención en ayudas a la industria siderúrgica y electrointensiva, en un momento en que empresas vascas como Tubos Reunidos enfrentan dificultades añadidas por el encarecimiento de la energía.

El Partido Popular ha presentado su propia batería de propuestas, entre las que figuran bajadas fiscales puntuales y medidas dirigidas a empresas y familias, como deducciones en el IRPF para hijos. Esa iniciativa añade presión política sobre el Ejecutivo, que busca conciliar la necesidad de alivio con la prudencia macroeconómica. En el debate aparecen contrastes sobre qué es más eficaz: alivios fiscales inmediatos que reduzcan la carga, o transferencias directas y segmentadas para los colectivos más vulnerables.

Desde el Gobierno recuerdan que no parten de cero: las experiencias de la pandemia y de la crisis inflacionista tras la invasión de Ucrania dejaron una «arquitectura» de medidas que ahora pueden reactivarse. Aquella etapa rompió resistencias en varios departamentos ante el intervencionismo temporal del Estado y permitió diseñar instrumentos de respuesta rápida. En esta ocasión, sin embargo, la coalición insiste en que la mera disponibilidad de mecanismos no implica su uso inmediato sin un análisis previo de repercusiones.

Entre las opciones que se barajan figuran reducciones temporales de impuestos sobre la energía, ampliaciones del bono social, subvenciones a las tarifas para familias vulnerables y apoyos a industrias electrointensivas para preservar empleos. También se valora la articulación de medidas que eviten efectos secundarios sobre la inflación, pues un estímulo mal concebido podría trasladarse en mayores precios generales. El diagnóstico oficial apunta a que la duración y la intensidad del conflicto exterior serán determinantes para decidir la escala y el tipo de respuesta.

En las próximas semanas el Ejecutivo mantendrá la monitorización de mercados y de indicadores económicos y podrá activar parcialmente algunas medidas si se observan incrementos sostenidos. Fuentes gubernamentales sostienen que la respuesta será gradual y condicionada a datos, con el objetivo de proteger a los más afectados sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Mientras tanto, familias, empresas y agentes sociales esperan un calendario claro que, por ahora, se aplaza en favor de una evaluación más detallada.