El juez instructor de la causa conocida como «Operación Perserte» considera que su tribunal no tiene la competencia territorial para continuar con las pesquisas, por la envergadura de los hechos investigados. La investigación, iniciada en Teruel, ha alcanzado a órganos administrativos fuera de la provincia, como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). El magistrado ha pedido a las partes que se pronuncien sobre una posible inhibición y sobre cuál sería el juzgado competente si la causa se traslada.

El alcance de la investigación

La causa arrancó por una denuncia del movimiento ciudadano Teruel Existe sobre posibles irregularidades en la promoción de parques eólicos en la zona del Maestrazgo.

Los delitos que se investigan incluyen presunta prevaricación, cohecho ligado directamente al expediente y posibles delitos de blanqueo de capitales.

El juez instructor, Juan José Cortés, entiende que la gravedad y la extensión de las imputaciones exceden el ámbito territorial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, que llevaba el caso desde mediados de 2024.

• Origen: investigación iniciada en Teruel.
• Órganos alcanzados: sede del Inaga y dependencias del Miteco.
• Delitos investigados: prevaricación, cohecho y blanqueo.

Por ello, Cortés ha remitido una providencia a las partes para que, en un plazo de diez días, informen sobre la posibilidad de inhibir la instrucción y sobre qué órgano judicial debería asumirla en caso de que proceda el traslado.

Registros y actuaciones policiales

La orden de secreto de sumario se levantó recientemente tras una serie de registros autorizados por el magistrado.

En total se practicaron doce registros: dos en Zaragoza y diez en Madrid.

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil se encargó de ejecutar las entradas.

• Sede de Forestalia: registro en Coso, Zaragoza.
• Domicilio particular: registro en la vivienda de Fernando Samper Rivas, presidente de Forestalia, en Madrid.
• Otras dependencias: varias instalaciones y despachos vinculados a la empresa y a la gestión administrativa.

La providencia del juez recoge que las medidas cautelares acordadas se adoptaron en función de los requisitos legales y la jurisprudencia aplicable, pero plantea que, una vez valoradas, podría procederse a la inhibición si así lo aconseja la extensión territorial de los hechos.

El magistrado defiende que acordar las diligencias solicitadas y, después, decidir sobre la inhibición es la secuencia procesal apropiada.

Próximos pasos procesales y repercusiones

Las partes tienen ahora diez días para aportar su criterio sobre la eventual remisión del caso a otro partido judicial.

Si se acepta la inhibición, el expediente pasaría a instruirse en el órgano que resulte competente por razón del lugar donde se hayan cometido los hechos más relevantes.

El traslado de la causa, de materializarse, podría implicar que las actuaciones sigan bajo control de un tribunal con competencia sobre los hechos que se investigan fuera de Teruel, especialmente en Madrid y otras sedes afectadas.

• Plazo: diez días para que las partes informen.
• Posible consecuencia: cambio de juzgado por falta de competencia territorial.
• Garantías: medidas cautelares y secreto de sumario para preservar la investigación.

La operación, que mantiene la atención sobre la relación entre promotores privados y decisiones administrativas, plantea interrogantes sobre la gestión de permisos y controles ambientales en proyectos renovables.

Fuentes judiciales consultadas señalan que, más allá de la decisión sobre la competencia, la instrucción continuará hasta determinar si existen indicios suficientes para llevar a juicio a personas o entidades.

Mientras tanto, la causa seguirá su curso procesal y los posibles traslados de competencia y las diligencias acordadas marcarán los próximos pasos de la investigación.