El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid tomará declaración este martes al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y a la mujer que le denunció por una presunta agresión sexual. La citación, fijada a partir de las 10.30 horas, se produce después de que el juez admitiese la querella y apreciara indicios de delito. La acusación incluye, además, coacciones, lesiones psíquicas y una presunta malversación con la agravante de abuso de superioridad.

González presentó su renuncia al cargo tras conocer que el magistrado había admitido a trámite la denuncia y le había citado como querellado. Ambos están convocados a declarar en el juzgado de Madrid en el marco de la instrucción abierta para determinar la veracidad de los hechos y la posible existencia de responsabilidad penal. La causa llegó al juzgado después de que la representación legal de la denunciante aportase una serie de pruebas documentales y sonoras.

En el auto de admisión, el juez apuntó que los hechos narrados en la querella «hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales». La pieza procesal recoge además la presunta comisión de otros delitos conexos y la circunstancia de que ambos mantuvieron previamente una relación afectiva en el seno del mismo cuerpo policial. La instrucción ahora deberá concretar si los indicios son suficientes para convertir las diligencias en procedimiento penal.

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La relación y las acusaciones

Según el escrito presentado por la acusación, la denunciante era subordinada de González en la Policía Nacional y mantuvo con él «en el pasado una relación de afectividad» que, según la querella, estuvo marcada desde el inicio por una asimetría de poder institucional. El abogado de la víctima sostiene que esa desigualdad fue utilizada para crear una dinámica de control y sometimiento que dificultó que la mujer pusiera fin a la relación.

«Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima», recoge el escrito.

La querella añade que la ruptura fue decidida unilateralmente por la denunciante y que, tras esa separación, el exDAO no aceptó la finalización del vínculo, iniciando una conducta que la defensa describe como obsesiva y de acoso. La acusación insiste en que en repetidas ocasiones la mujer manifestó su voluntad inequívoca de poner fin a la relación y que se vio impedida para materializar dicha decisión.

Pruebas y próximos pasos

La representación de la mujer aportó al juzgado audios, un listado de llamadas y capturas de pantalla de mensajes como elementos probatorios. Esos materiales son ahora objeto de análisis por parte del instructor para valorar su relevancia y determinación en relación con los hechos denunciados. La valoración probatoria será clave para que el juez acuerde la práctica de diligencias complementarias o la apertura de juicio oral.

Por el momento no ha trascendido una postura pública del propio González ni del Ministerio del Interior sobre la investigación en curso. Fuentes judiciales consultadas confirman que la citación de la parte querellada y de la denunciante es una fase temprana del procedimiento, en la que se recaban declaraciones y se concretan medidas cautelares si el magistrado las considera necesarias.

El expediente judicial entrará además a valorar el posible agravante por abuso de superioridad, una circunstancia que en la querella figura como determinante por la condición jerárquica del investigado en relación con la víctima. En casos de este tipo, los tribunales examinan tanto la naturaleza de los actos atribuidos como el contexto institucional en el que habrían ocurrido.

La declaración de este martes será, según fuentes judiciales, uno de los pasos relevantes de la instrucción. A partir de ella el juzgado podrá acordar nuevas diligencias, medidas de protección para la denunciante o, en su caso, adoptar decisiones sobre la imputación formal y las posibles medidas cautelares contra el investigado. El procedimiento seguirá abierto mientras siga la investigación judicial.