El juzgado de instrucción número 2 de Vigo ha dictado el cierre cautelar durante seis meses del salón de masajes eróticos situado en la calle Sagunto, junto a la Plaza de España, al considerar que el establecimiento encubría una red de prostitución y que las trabajadoras operaban en condiciones laborales y sanitarias peligrosas. La medida, adoptada el 11 de marzo, se ejecutará de forma inmediata por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, según el auto judicial, que no descarta prórroga y admite recurso por parte de la defensa.

El auto designa a una investigada identificada como R.V.M. como la persona que gestionaba el negocio y ordena el precinto del local y su notificación formal. El magistrado justifica la clausura en la ausencia de contratos laborales y en la utilización de la figura de masajista como cobertura para una actividad de prostitución, lo que agravaría la situación de las empleadas al quedar fuera de cualquier garantía laboral o sanitaria.

En la resolución se alude además a informes de carácter psiquiátrico y psicológico incorporados al atestado que, a juicio del juez, acreditan la existencia de riesgo o peligro para la salud de las mujeres que prestaban servicios en el establecimiento. Esos informes, junto con las condiciones descritas por las propias trabajadoras, han sido determinantes para ordenar la paralización cautelar de la actividad con el fin de proteger su integridad física y psíquica.

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El auto subraya que las trabajadoras no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y que no existían nóminas que acreditasen una relación laboral formal. La inspección de trabajo a la que alude el juez constató la ausencia de sueldo mensual, de vacaciones retribuidas y de otros derechos básicos, y reflejó que el cobro se realizaba por servicios prestados, un sistema que el tribunal considera susceptible de constituir explotación laboral.

Entre las prácticas denunciadas, el juzgado menciona la permisividad de clientes para no usar protección, la imposición de sanciones internas y la existencia de métodos coercitivos o de presión sobre las trabajadoras. Estas condiciones, además de vulnerar la normativa laboral y sanitaria, aumentan la exposición de las mujeres a posibles daños físicos y psicológicos, según recoge el auto.

El instructora recoge declaraciones de al menos dos empleadas que aportaron datos concretos sobre la remuneración: si un servicio se cobraba en 200 euros, las trabajadoras declararon percibir únicamente la mitad, lo que el juez considera indicio de una estructura económica opaca y de posible delito de explotación. La calificación penal que se investiga incluye la infracción prevista en el artículo 312 del Código Penal, relativo a la situación de subordinación y aprovechamiento laboral.

La orden de cierre se ejecuta mientras sigue abierta la fase de instrucción, por lo que no se han agotado las diligencias ni se han adoptado decisiones firmes sobre la eventual responsabilidad penal de las personas investigadas. La Policía Nacional tendrá que materializar el sello del local y practicar las notificaciones, y la defensa de la imputada podrá recurrir el auto, lo que prolongaría la tramitación procesal.

El caso ha reabierto el debate sobre la situación de los centros de masajes de carácter erótico en el centro de Vigo y sobre los mecanismos de control laboral y sanitario que deben aplicarse en establecimientos con actividades de riesgo. Las autoridades administrativas y judiciales han venido intensificando la coordinación en este tipo de asuntos para combinar actuaciones inspectoras con medidas penales cuando hay indicios de delitos contra los derechos de las trabajadoras o de delitos contra la salud pública.