El proceso para calcular la compensación a los nietos del dictador por los gastos del pazo de Meirás entrará ahora en una fase práctica: el expediente regresará al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que abrirá una pieza separada para determinar la cuantía de la indemnización que el Tribunal Supremo ha reconocido por las inversiones realizadas entre 1975 y 2020. Los interesados deberán presentar una propuesta de liquidación acompañada de la documentación que acredite los desembolsos, y la Administración General del Estado tendrá oportunidad de examinar y alegar sobre esa propuesta. Asociaciones memorialistas y el Concello de Sada han anunciado que vigilarán el procedimiento para proteger el interés público.

En las próximas semanas o meses el juzgado recibirá la documentación de los demandantes y de la Administración, y evaluará partida por partida qué conceptos pueden ser atendidos. La parte demandante, los hermanos Martínez-Bordiu, deberá justificar cada gasto con facturas, justificantes bancarios o cualquier otro medio probatorio que permita vincular el desembolso al mantenimiento o mejora del inmueble. La ley procesal obliga a que se precise y documente la pretensión; sin prueba, no hay derecho a la reparación económica.

El catedrático y perito en el juicio, José Manuel Busto Lago, recuerda que el juez será el encargado de valorar las pruebas y que, ante dudas técnicas, podrá solicitar el auxilio de peritos. Busto insiste en que la carga probatoria recae sobre quien reclama la indemnización: sólo lo acreditado documentalmente podrá ser considerado. En caso de controversia sobre la autenticidad o la correspondencia de los gastos con el uso del pazo, los dictámenes periciales tendrán un papel relevante para despejar incertidumbres.

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Los letrados de los nietos de Franco han llegado a sostener que la compensación podría superar los 800.000 euros, al incluir obras de rehabilitación, mantenimiento y otras mejoras realizadas a lo largo de cuatro décadas. Sin embargo, la estimación que figura en las primeras alegaciones ha sido recibida con escepticismo por expertos, que la califican de aproximativa y poco detallada. En particular, las inversiones relacionadas con la reparación tras el incendio de 1978 deberán depurarse: habrá que restar lo cubierto por pólizas de seguro y las ayudas públicas que se concedieron para esas obras.

Respecto a los conceptos susceptibles de indemnización, los tribunales suelen distinguir entre gastos de conservación necesarios y obras de mejora o embellecimiento que pueden no generar derecho a resarcimiento completo. El juez examinará si las intervenciones respondieron a la conservación ordinaria del bien o supusieron mejoras sustanciales que incrementaron su valor, y aplicará las reglas de la liquidación posesoria que corresponden en estos casos. Cada partida aceptada será registrada y otras podrían ser denegadas si no se acreditan o si resultan desproporcionadas.

Una vez recibida la propuesta de liquidación, la Administración podrá formular alegaciones y presentar sus propios documentos y peritajes si considera que hay partidas infladas o improcedentes. Si el juzgado aprecia dudas técnicas sobre el alcance de los trabajos o la razonabilidad de los costes, citará a peritos independientes que analicen in situ y emitan informes. El procedimiento seguirá el cauce ordinario hasta una resolución que, en su caso, podrá ser recurrida por las partes ante instancias superiores.

Las asociaciones en defensa de la memoria histórica y el Concello de Sada han manifestado su intención de permanecer atentos a cada fase del trámite, con el argumento de que la resolución económica debe favorecer lo máximo posible al interés público. Para estos colectivos, la restitución del pazo al patrimonio estatal supuso el cierre de una etapa, pero la diligencia en la liquidación posesoria es clave para evitar compensaciones indebidas que perjudiquen el erario.

El cierre de la larga disputa por la titularidad del pazo de Meirás, que culminó con la sentencia definitiva del Supremo, da paso ahora a un procedimiento técnico y probatorio centrado en las cifras. Los pasos a seguir están claramente delimitados: propuesta documentada de los beneficiarios, examen y alegaciones de la Administración, peritajes si procede, y decisión judicial. En palabras del perito, solo tendrán efecto las partidas que puedan acreditarse documentalmente; lo demás, simplemente, no podrá prosperar.