El juzgado de Vigo amplía la investigación sobre El Saltamontes tras nuevas citaciones

Una providencia del Tribunal de Instancia número 3 de Vigo, dictada el pasado miércoles, amplía el alcance de la investigación abierta por la muerte vinculada a la atracción de feria conocida como El Saltamontes, instalada en el barrio de Matamá. El auto suspende las comparecencias previstas para la próxima semana y cita como testigos a miembros de los servicios de emergencia y técnicos municipales, en lo que supone un nuevo giro en la instrucción judicial.

Nuevas citaciones y paralización de las declaraciones

Según consta en la providencia, se han citado como testigos a un suboficial del cuerpo de bomberos, dos ingenieros municipales responsables de la supervisión de atracciones de feria y dos agentes de la Policía Local. Estas comparecencias estaban inicialmente previstas para los próximos días, pero la suspensión temporal pretende garantizar que la toma de declaración se realice con la totalidad de las pruebas técnicas disponibles.

Agentes que intervinieron en las primeras diligencias inspeccionaron la estructura en Matamá y remitieron informes preliminares, pero fuentes judiciales consultadas —a falta de confirmación oficial— apuntan a que la magistratura ha pedido informes complementarios que requieren peritajes más detallados. En el lugar, la Policía Judicial trabajó junto a los bomberos para asegurar y preservar elementos de la atracción que ahora forman parte del sumario.

El hecho de que entre los citados figuren ingenieros municipales revela que la investigación no se limita a depurar responsabilidades penales del titular de la atracción, sino que apunta también a esclarecer el control administrativo: permisos, inspecciones y expedientes que afectan a la instalación y su puesta en funcionamiento en la feria local.

Fuentes próximas a la investigación describen la actuación de los bomberos como clave para reconstruir la cadena de acontecimientos: corte de suministro, rescate de usuarios y primeras medidas de seguridad. La declaración del suboficial puede aportar detalles sobre los tiempos de respuesta y las maniobras realizadas, elementos que el juzgado considera relevantes para fijar la dinámica de los hechos.

Antecedentes: controles, responsabilidades y dudas sobre la normativa

Las atracciones de feria, por su propia naturaleza itinerante, combinan requisitos administrativos y técnicos que, en ocasiones, generan solapamientos entre administraciones. En Galicia, como en el resto del Estado, las competencias en materia de seguridad de espectáculos públicos y ferias se reparten entre ayuntamientos y organismos de inspección, y las empresas explotadoras deben acreditar revisiones, certificados y pólizas de seguro.

En el caso de El Saltamontes, vecinos de Matamá y algunos testigos que hablaron en los días posteriores al accidente manifestaron dudas sobre el mantenimiento y la antigüedad de la atracción; rumores que han obligado al Concello de Vigo, según fuentes municipales, a revisar su archivo de licencias y comunicaciones previas. No es la primera vez que un accidente de estas características reabre el debate sobre la vigilancia administrativa y la necesidad de protocolos más exigentes en ferias temporales.

Históricamente, las fiestas de barrio en Vigo han sido punto de encuentro y tradición, pero también escenario de debates sobre seguridad. Cabe recordar que la proliferación de empresas explotadoras y la rotación de equipos incrementan la complejidad de los controles. Los ingenieros citados están llamados a explicar los criterios técnicos aplicados en las inspecciones y si se requirieron o no medidas correctoras antes de que la atracción funcionara en Matamá.

Repercusiones legales y municipales: pasos a seguir

La ampliación de la investigación anticipa varias consecuencias: por un lado, la posibilidad de incoar diligencias penales contra los responsables de la explotación si las pruebas técnicas concluyen en fallos de diseño, montaje o mantenimiento; por otro, la revisión administrativa de las licencias y la eventual suspensión cautelar de actividades del titular de la atracción. Las familias afectadas, según fuentes cercanas, podrían plantear reclamaciones civiles mientras avanzan las diligencias penales.

En el plano municipal, se espera que el Concello de Vigo tome decisiones a corto plazo sobre las condiciones de autorización de atracciones móviles. Técnicos del ayuntamiento deberán comparecer y aportar documentación que justifique las inspecciones previas y las condiciones de seguridad impuestas en la autorización para la feria. La transparencia en este punto será clave para evitar que el incidente debilite la confianza ciudadana en fiestas que, cada año, atraen a miles de personas.

Los plazos procesales quedan por definir hasta que se incorporen peritajes más completos. Expertos en seguridad de instalaciones recreativas recuerdan que los informes técnicos pueden tardar semanas en completarse: análisis de fatiga de materiales, informes de mantenimiento y revisión de los protocolos de emergencia que aplicaron servicios públicos en el momento del suceso. A la espera de esos documentos, la instrucción judicial ha preferido posponer toma de declaraciones para no condicionar testimonios esenciales.

Fuera de los trámites, el suceso ha generado inquietud entre comerciantes y vecinos de Matamá. Algunos hosteleros, que ven en las ferias una fuente de clientela, piden no criminalizar la tradición, mientras asociaciones de consumidores reclaman controles más estrictos y mayor formación para operarios de atracciones. Ese equilibrio entre tradición y seguridad será uno de los debates públicos que se avecinan en los próximos meses en la ciudad.

En las próximas semanas, la investigación marcará los ritmos políticos y administrativos. A falta de confirmación oficial sobre nuevas diligencias, lo que queda claro es que el caso de El Saltamontes no se cerrará con rapidez y que todas las piezas técnicas y testimoniales deberán encajar para ofrecer respuestas a una muerte que, por ahora, ha puesto en el centro la seguridad de las ferias y la responsabilidad de las instituciones que las autorizan.