Flocea Ghenadie, el presunto cabecilla de una de las mayores tramas de tabaco falsificado de Europa, ha aceptado este miércoles en la Audiencia de Ourense una pena de dos años de prisión y el pago de una multa de 12 millones de euros por liderar una organización dedicada al contrabando y la evasión fiscal. El fraude fiscal descubierto por la investigación asciende a 11,8 millones de euros y afecta a la Hacienda Pública, según la sentencia pactada con la Fiscalía. Los hechos se remontan a la operación desarrollada en agosto de 2020 y tuvieron como epicentro una nave industrial en Cambeo, en el municipio de Coles.

El acuerdo con la Fiscalía reduce de forma notable las penas solicitadas inicialmente, que pedían cuatro años de cárcel y sanciones por valor de 24 millones de euros. La fórmula pactada permite a la defensa evitar un juicio largo y garantiza una condena menor, aunque incluye la responsabilidad solidaria por la deuda tributaria junto a otros siete condenados ya sentenciados en junio de 2022. La ley prevé, además, que en caso de impago de la multa la responsabilidad personal subsidiaria suponga añadir un año más de prisión.

La operación, bautizada como «Estraperlo», se desarrolló con un amplio dispositivo policial en el verano de 2020 y culminó con la detención de 25 personas y la entrada en varias naves e inmuebles. Los registros en Ourense y en otra nave arrendada en Ponteareas permitieron desmantelar un entramado de empresas pantalla que camuflaba el tránsito constante de camiones de gran tonelaje. Los investigadores hallaron maquinaria industrial preparada para la fabricación masiva de cigarrillos y equipos destinados a ocultar el origen ilícito del producto.

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Además de la estructura empresarial y logística, la investigación puso al descubierto las condiciones de explotación laboral dentro de la red. Trabajadores traídos desde países del Este, en su mayoría ucranianos, eran reclutados con promesas de salarios superiores a los de su país y, una vez cruzada la frontera, eran sometidos a jornadas extenuantes. Los obreros permanecían encerrados en las instalaciones para trabajar a destajo, con los teléfonos móviles requisados y alojados en habitáculos improvisados con una treintena de camas y colchones apilados.

El material incautado en los registros —entre el que figuraban potentes extractores y maquinaria de procesamiento— reveló la escala industrial del negocio y la capacidad de producción que tenía la red. Las autoridades concluyeron que la falsificación y el contrabando permitían sustraer al fisco impuestos por un importe cercano a los 11,8 millones de euros, cantidad que ahora figura como deuda tributaria reclamable a los responsables. Los siete miembros ya condenados en 2022 fueron obligados a responder de forma solidaria por esa cuantía.

Flocea no pudo ser juzgado en 2022 porque había huido a Portugal tras estallar la operación; fue detenido finalmente en octubre de 2023 por el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) en Sintra, a unos 30 kilómetros de Lisboa. Nacionalidad moldava-rumana y conocidos alias en el mundo del contrabando —Daniel, Borman o Ghena—, sitúan al procesado en el centro de una red transnacional que operaba con discreción desde una nave en la tranquila parroquia de Cambeo, en Coles.

El abogado defensor, Manuel Ferreiro, anunció que solicitará la suspensión de la pena de prisión al considerar que su cliente carece de antecedentes en España y subrayó que los otros siete condenados en la macrocausa tampoco ingresaron en prisión. Ferreiro añadió que una «averiguación de bienes» practicada el 16 de febrero constató la insolvencia de su patrocinado, circunstancia que complicaría el cobro de la multa por parte de la administración.

La resolución pactada reabre el debate sobre la eficacia de las sanciones económicas en delitos de gran impacto fiscal cuando los condenados no disponen de patrimonio suficiente para atender las multas. Para las autoridades policiales y fiscales, el desmantelamiento de la red supuso un golpe significativo al comercio ilegal del tabaco; para sectores de la sociedad y el vecindario de Ourense, la sensación es ambivalente: alivio por el fin de la impunidad operativa, pero inquietud por lo que algunos califican de una «condena low cost» ante el volumen del fraude detectado.