El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, se reunió este miércoles en Santiago con el delegado del costas-ha-cambiado-las-reglas-y-genera-incertidumbre-en-las-inversiones/" title="Reglamento">reglamento-de-costas-ha-cambiado-las-reglas-y-genera-incertidumbre-en-las-inversiones/" title="Gobierno">Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco, para trasladar la inquietud del sector ante la modificación del Reglamento de Costas. La reforma, impulsada desde el Ministerio para la Transición Ecológica, endurece las condiciones para autorizar y renovar concesiones en el litoral y prevé la prohibición cuando exista un “riesgo cierto” de que las aguas lleguen a las instalaciones. El encuentro persiguió que el Gobierno central tome en consideración el impacto económico en actividades que dependen directamente del acceso al mar. La patronal busca garantías para inversiones y la continuidad de explotaciones históricas en Galicia.
Entre las novedades más relevantes del texto figura el límite de duración de las concesiones en cómputo total: no podrán prolongarse más de 75 años incluyendo todas las prórrogas. Además, desaparece la renovación automática y se introduce la posibilidad de abrir procesos de concurrencia competitiva en determinados casos para adjudicar espacios litorales. La norma contempla también la prohibición de nuevas concesiones o prórrogas cuando las obras o instalaciones presenten riesgo real de ser afectadas por el avance del mar, si bien deja fuera del veto a las construcciones marítimas y a los cultivos marinos. Estos cambios colocan en el centro el criterio de prevención frente a la erosión y el aumento del oleaje.
La CEG ha mostrado su malestar por lo que considera un cambio de reglas que genera incertidumbre para empresarios y potenciales inversores. Vieites advirtió de que la revisión modifica los marcos regulatorios vigentes y que esa alteración puede perjudicar a actividades con presencia centenaria en la costa gallega. El presidente empresarial reclamó que se evalúe con serenidad el alcance de la reforma y que se preserve la viabilidad de instalaciones que requieren agua de mar para procesos industriales y productivos. La patronal pretende evitar traslados innecesarios y costes que pongan en riesgo empresas locales.
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Conoce más →El argumento del Gobierno en favor de la reforma se apoya en informes técnicos sobre los efectos del cambio climático en el litoral. Los análisis encargados por el ministerio identifican a la costa de Galicia y a la cornisa cantábrica como áreas con exposición creciente al oleaje y al aumento del nivel del mar. Estos estudios, que cruzan riesgos por sectores y por comunidades autónomas, sirven para que las administraciones adopten medidas preventivas. Para el Ejecutivo central, las nuevas reglas buscan compatibilizar la protección del dominio público marítimo-terrestre con la planificación ante escenarios de mayor riesgo litoral.
La patronal gallega anunció que solicitará una reunión formal con el Ministerio para la Transición Ecológica, con la Dirección General de Costas o con el secretario de Estado responsable, con el objetivo de que el Gobierno escuche a un sector que consideran estratégico en la comunidad. Vieites defendió que muchas actividades llevan más de un siglo funcionando en el litoral y que su continuidad debe ser tenida en cuenta en la aplicación del reglamento. También señaló que algunas industrias no pueden operar sin el acceso directo al agua de mar, por lo que cualquier traslado o limitación tendría consecuencias económicas y sociales. La CEG busca fórmulas que permitan conciliar protección costera y actividad productiva.
Desde la Xunta han surgido críticas públicas a la reforma, que el Ejecutivo autonómico considera lesiva para intereses locales, aunque el delegado del Gobierno pidió este miércoles moderación en el tono político alrededor del debate. Pedro Blanco defendió que la modificación del reglamento no cierra la puerta a la concesión de nuevos usos del litoral, sino que introduce criterios más exigentes para garantizar la seguridad y la sostenibilidad a largo plazo. El delegado insistió en la necesidad de basar las decisiones en datos técnicos y en diálogo entre administraciones para evitar confrontaciones innecesarias.
Los cambios normativos también introducen mecanismos de concurrencia competitiva que, en la práctica, pueden abrir determinadas ocupaciones a distintos agentes interesados. Esa fórmula pretende aumentar la transparencia y la competitividad en la adjudicación de espacios, pero inquieta a empresas que temen perder derechos adquiridos o ver alteradas las condiciones de explotación. La eliminación de la renovación automática obliga a que cada concesión se justifique de nuevo ante criterios que ahora incluyen la seguridad frente al impacto marino, lo que complica la previsión a largo plazo para titulares actuales.
El pulso entre la protección del litoral y la defensa de la actividad económica en Galicia queda, por tanto, abierto. La próxima fase será clave: la patronal espera ser escuchada por el Ministerio y la Administración central tendrá que conjugar los informes de riesgo climático con soluciones que atenúen el impacto económico en zonas con fuerte dependencia del mar. En los próximos meses será determinante la negociación técnica y política para concretar cómo se aplicarán los nuevos criterios y qué salvaguardias se adoptarán para actividades tradicionales del litoral gallego.
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