Daniel Fernández, guardia civil nacido en Ourense en 1983, fue elegido esta semana presidente de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) durante la asamblea celebrada en Ourense. Su nombramiento llega tras casi dos décadas de servicio, con ingreso en el Cuerpo en 2008 y destinos en la aduana de La Seu d’Urgell y la Jefatura de Información. Fernández plantea como prioridades el reconocimiento de la profesión como de riesgo, un incremento de plantilla y la modernización de medios y cuarteles en la provincia. La elección se produjo el 16 de marzo de 2026 y abre un nuevo ciclo en la representación de este colectivo en Galicia.

El nuevo presidente explica que su afiliación a la asociación nace de la convicción de que es preciso corregir desigualdades y dotar al cuerpo de recursos para garantizar la seguridad ciudadana. Desde su llegada a la Guardia Civil ha compaginado funciones operativas con la defensa de mejoras laborales y de equipamiento. Su discurso durante la asamblea en Ourense combinó demandas concretas con una visión de futuro sobre el modelo policial que debe aplicarse en zonas rurales como la de Ourense.

Entre las prioridades que Fernández destaca figuran varias medidas concretas: reconocimiento de la actividad como profesión de riesgo, incremento de personal y dotación de medios de autoprotección y contención no letal. Según el nuevo presidente, esas actuaciones son necesarias tanto por la exposición a peligros en el desempeño diario como por la existencia de tratamientos diferentes entre cuerpos que realizan funciones semejantes.

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Retos en reconocimiento y plantilla

Fernández subraya la petición de equiparación en derechos con otros cuerpos que ya gozan del reconocimiento de profesión de riesgo. Señala que, pese a las víctimas y al riesgo permanente, la Guardia Civil no ha obtenido esa consideración en todos los ámbitos. Su argumento se resume en una demanda de igualdad: mismo trabajo, mismos derechos y mismos reconocimientos.

«Lo que pedimos es mismo trabajo, mismos derechos y mismos reconocimientos.»

En cuanto a personal, la asociación estima que la Guardia Civil dispone actualmente de alrededor de 81.000 agentes a nivel nacional y considera que esta cifra es insuficiente para las necesidades reales. Fernández indica que, para garantizar una cobertura adecuada, haría falta aumentar la plantilla en aproximadamente 15.000 guardias civiles. El incremento, según él, no solo mejoraría la seguridad ciudadana, sino que permitiría reducir tiempos de respuesta en áreas despobladas.

La falta de efectivos repercute, según Fernández, en la capacidad de atender emergencias y en la sensación de impunidad que puede asentarse cuando no se garantiza presencia policial constante. Pone como ejemplo la dificultad de cubrir patrullas simultáneas en municipios dispersos y con carreteras de acceso complejo, lo que amplía los tiempos de reacción ante incidentes.

Medios, autoprotección y cuarteles

Además de demanda de mayor plantilla, el nuevo presidente reclama la modernización de equipos de autoprotección. Entre los materiales que considera urgentes cita chalecos antibalas para todos los agentes y la dotación de pistolas eléctricas incapacitantes, conocidas como táser, que reducirían el uso de fuego en intervenciones complejas.

«El despliegue actual de cuarteles en la provincia está obsoleto»

Sobre la red de instalaciones, Fernández advierte que el despliegue de cuarteles en Ourense requiere una revisión. Aclara que la decisión de cerrar o reordenar puestos es compleja y corresponde a la institución, pero insiste en la necesidad de articular un modelo que garantice presencia y tiempo de respuesta adecuados. Subraya que en una provincia con numerosos núcleos dispersos, la reestructuración sin refuerzo de plantilla y medios puede dejar zonas desatendidas.

En su diagnóstico puntualiza que no se trata solo de sumar efectivos, sino de adaptar la logística: más vehículos, mejores comunicaciones y criterios operativos que contemplen la singularidad del territorio ourensano. Advierte también de la importancia de una planificación que no incremente la sensación de abandono en pequeños ayuntamientos.

Finalmente, Fernández plantea que la IGC trabajará en la interlocución con administraciones para visibilizar estas carencias y proponer soluciones. Su presidencia arranca con la intención de combinar la denuncia pública de deficiencias con propuestas técnicas orientadas a reforzar la seguridad en el medio rural. La elección en Ourense marca el inicio de una etapa en la que la asociación buscará convertir esas demandas en medidas concretas.