El Parlamento gallego aprueba una ley para proteger al personal sanitario con multas de hasta 15.000 euros por agresiones físicas

El Parlamento de Galicia dio esta mañana el visto bueno a una reforma legal que establece nuevas medidas de prevención y protección para combatir la violencia contra el personal sanitario. La norma salió adelante con los votos del PP y el PSdeG, mientras que el BNG se abstuvo, advirtiendo que la respuesta punitiva no aborda las causas estructurales del problema. La aprobación coincide con la creciente preocupación por la seguridad en servicios como Urgencias del CHUS, en Santiago, donde trabajadores vienen denunciando incidentes cada vez más frecuentes.

Qué recoge la reforma y cómo se aplicará

La ley amplía la protección a todo el sistema sanitario gallego: incluye a personal de la sanidad pública, trabajadores de empresas privadas que prestan servicios al sistema y profesionales que atendieron fuera del centro, ya sea en el desplazamiento al mismo o en domicilios. Entre las medidas prácticas, la consellería de Sanidade podrá cambiar de médico o adscribir a otro centro de salud, durante un plazo de hasta cinco años, a quienes agredan a profesionales sanitarios.

Se introducen además reglas sobre las grabaciones de vídeo y sonido: los pacientes deberán solicitar permiso para filmar o grabar a los profesionales; si no lo hacen, la situación podrá considerarse como una ruptura de la confianza médico‑paciente y el facultativo tendrá la posibilidad de pedir la derivación del usuario a otro profesional, dejando constancia en la historia clínica. Aunque las grabaciones no llevarán aparejada una sanción económica específica, otras conductas sí recibirán castigo económico en tres categorías: leves, de 300 a 1.500 euros; graves, de 1.501 a 3.000 euros; y muy graves, entre 3.001 y 15.000 euros, en las que se incluyen las agresiones físicas.

La reforma incorpora asimismo el reconocimiento explícito de la violencia telemática —insultos, amenazas o ciberacoso dirigidos a profesionales— como conducta perseguible, y añade al catálogo de deberes del usuario el respeto al honor y prestigio profesional. Técnicos y médicos del servicio de emergencias 061 quedarán también cubiertos por el nuevo marco, algo que sindicatos y colectivos venían reclamando desde hace tiempo.

Críticas y debate político: protección sí, pero ¿qué más?

El debate parlamentario no se limitó a la dureza de las sanciones. La portavoz del BNG, Montse Prado, mostró su apoyo a la “tolerancia cero” contra las agresiones, pero criticó que la ley atienda solo la vertiente punitiva sin abordar las causas que provocan la violencia.

«Os datos son incontestables, pero esta lei só mira unha parte do problema»,

añadió Prado, que subrayó que el 51% de las agresiones se produce en atención primaria y que las soluciones deberían pasar por dotar de recursos a los centros y reducir las listas de espera. En la misma línea se pronunciaron sindicatos y representantes de la profesión, que ven positivo el refuerzo legal pero exigen un paquete de medidas que incluya más plantilla, formación en gestión de conflictos y protocolos operativos coordinados con seguridad.

La diputada del PSdeG, Elena Espinosa, defendió la necesidad de una protección sostenida en el tiempo y aportó cifras que ilustran la gravedad del problema: en 2025 se registraron 945 agresiones al personal del Sergas, de las que 344 fueron de carácter físico. «O colectivo que máis padece as agresións é a enfermería e o colectivo que máis padece a violencia física son os celadores», afirmó Espinosa, para quien la protección legal debe compaginarse con políticas que alivien la sobrecarga asistencial.

«O colectivo que máis padece as agresións é a enfermería y o colectivo que máis padece a violencia física son os celadores»

¿Bastan las multas? Repercusiones y próximos pasos

La entrada en vigor de la ley abrirá ahora una fase de desarrollo normativo y reglamentario en la que la Xunta tendrá que detallar procedimientos, responsables y recursos para aplicar las sanciones. En la práctica, la efectividad de multas de hasta 15.000 euros dependerá tanto de la capacidad administrativa para instruir expedientes como de la voluntad de los afectados para denunciar y de la colaboración de las fuerzas de seguridad cuando las agresiones revistan carácter penal.

Más allá de la sanción económica, los expertos advierten sobre los límites de medidas solo retributivas. Las agresiones confluyen con problemas estructurales: plantillas ajustadas, consultas saturadas, listas de espera crecientes y jornadas que desgastan al personal. En Galicia, la atención primaria ha sido foco de movilizaciones y protestas en los últimos años; la reforma aprobada hoy no resuelve, por sí sola, la tensión acumulada en centros de salud y servicios de urgencias.

Fuentes parlamentarias señalan que el Ejecutivo autonómico maneja ya propuestas complementarias: campañas de concienciación, protocolos de actuación ante incidentes, circuitos de apoyo psicológico para víctimas y formación obligatoria en prevención para plantillas y seguridad. Queda, en cualquier caso, por ver si estas medidas se dotan del presupuesto necesario y si existirá un sistema de seguimiento que permita evaluar su impacto en términos de reducción de incidentes y mejora de la percepción de seguridad del personal.

Para los profesionales, la nueva ley supone un avance en reconocimiento y respaldo institucional, pero muchos apelan a no confundir el alivio momentáneo con la solución. Si algo ha enseñado la historia reciente de la sanidad gallega es que las medidas aisladas —legales o presupuestarias— funcionan mejor cuando se integran en una estrategia amplia que repare el deterioro del sistema y ofrezca alternativas reales a la frustración de los usuarios. La pelota está ahora en el tejado de la Xunta: legislar era solo el primer paso; implementarlo, con eficacia y recursos, será la prueba de fuego.