El Parlamento gallego aprueba una reforma de la Lei de Saúde que penaliza las agresiones a sanitarios con hasta 15.000 euros

El Legislativo gallego dio luz verde este martes, sin votos en contra, a la modificación de la Lei de Saúde que endurece las sanciones por agresiones al personal sanitario y amplía la protección ante episodios de violencia verbal y digital. La iniciativa salió adelante con 46 votos a favor y 26 abstenciones y quedará a la espera de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para entrar en vigor.

Qué cambia la ley y cómo se sancionará

La reforma introduce multas de hasta 15.000 euros para las conductas más graves dirigidas contra profesionales del sistema público de salud gallego. Además de la violencia física, la norma concreta por primera vez la posibilidad de sancionar la violencia verbal y la llamada violencia digital, con medidas específicas frente a grabaciones no consentidas en el interior de consultas y urgencias.

El texto contempla también medidas de protección para las víctimas: desde el cambio de centro del presunto infractor hasta ajustes organizativos encaminados a reducir la exposición del personal sanitario a nuevas agresiones. No se trata solo de multar; el Parlamento ha incluido mecanismos administrativos que, en teoría, permitirían responder con rapidez a episodios puntuales y prevenir su repetición mediante reorganizaciones internas.

Durante el debate plenario, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió la reforma como una herramienta para «actuar con mayor eficacia» y elevar «al máximo rango la prevención y protección frente a agresiones a todo el personal del sistema gallego de salud». Sus palabras resumen la intención de la Xunta: enviar un mensaje de tolerancia cero y dotar de cobertura normativa a protocolos que ya aplican algunos centros.

«Proteger a quien cuida», resumió el conselleiro.

Las críticas: sanciones, sí; solución estructural, no

No obstante, la aprobación no supuso consenso pleno. El apoyo del PPdeG y del PSdeG contrastó con la abstención del BNG y del diputado de Democracia Ourensana, que pusieron en duda que la vía sancionadora sea suficiente para atajar la creciente conflictividad en centros sanitarios.

Desde el grupo socialista, la diputada Elena Espinosa apoyó la iniciativa pero advirtió de su alcance limitado si no va acompañada de reformas profundas: «No ataca al problema de raíz», afirmó, para insistir en la necesidad de reforzar plantillas, reducir listas de espera y mejorar los tiempos de atención. Es una crítica repetida en la arena política gallega: sin un servicio sanitario dotado y ágil, la tensión entre usuarios y profesionales se alimenta por retrasos y falta de recursos.

En la misma línea, la nacionalista Montse Prado justificó la abstención del BNG porque la modificación «se queda en punir» y no «protege realmente a los profesionales». Prado recordó que su grupo presentó 31 enmiendas, admitidas a trámite por los servicios jurídicos de la Cámara pero finalmente rechazadas, y lamentó la ausencia de cambios relativos a la atención domiciliaria.

También se pronunció el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que pidió que la Xunta aborde «la raíz del problema» mejorando la Atención Primaria, las Urgencias y el conjunto de los servicios sanitarios para evitar situaciones de tensión, y criticó que la reforma se base en «medidas meramente coercitivas» y de carácter «a posteriori».

Aplicación práctica y retos de implementación

La ley introduce sanciones y previsiones organizativas, pero queda por ver cómo se instruirán los expedientes sancionadores y cuál será la respuesta de las direcciones de centros sanitarios a la hora de aplicar medidas como el traslado de usuarios o la modificación de turnos. A falta de los reglamentos de desarrollo y de los protocolos operativos, la eficacia real de la reforma dependerá tanto de recursos humanos como de voluntad administrativa.

Un reto evidente es la identificación y documentación de la violencia digital: grabaciones sin consentimiento, amenazas por redes o mensajes a profesionales plantean nuevos dilemas jurídicos y prácticos. El procedimiento para convertir esos hechos en sanciones administrativas exigirá colaboración entre servicios jurídicos, gerencias hospitalarias y, en ocasiones, fuerzas de seguridad.

En la Galicia de hoy, con hospitales de referencia como el CHUAC en A Coruña o el Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo sometidos a presiones de frecuentación y plantillas ajustadas, las reclamaciones por tiempos de espera y la sobrecarga de Atención Primaria no son solo cifras; se traducen en momentos de tensión que, según la oposición, no se eliminan con multas. Por eso muchos profesionales piden medidas complementarias: más personal, protocolos de seguridad, formación en gestión de conflictos y campañas de concienciación pública.

La publicación en el DOG será el último paso formal antes de que la norma entre en vigor. A partir de entonces, habrá que ver también la capacidad de la Xunta para medir el impacto: cuántas sanciones se tramitan, qué tipo de conductas son objeto de multa y si la existencia de multas disuade comportamientos agresivos o, por el contrario, genera fricciones procedimentales.

Hay además una dimensión política: la reforma llega en un terreno abonado por la opinión pública, sensible a episodios de violencia contra trabajadores esenciales. Para el Gobierno gallego supone un avance tangible que puede exhibir públicamente; para la oposición, una medida insuficiente si no la acompaña inversión en salud pública. Es, en definitiva, un síntoma más del delicado equilibrio entre reacción normativa y políticas estructurales.

El debate que se abre ahora no es solo jurídico sino cultural: sancionar a quienes agreden a profesionales sanitarios parece una respuesta justa y necesaria, pero si los hospitales y centros de salud siguen funcionando con plantillas mermadas y agendas sobrecargadas, la tensión volverá a aparecer. A falta de confirmación oficial sobre los detalles de aplicación, la reforma queda como un paso más en la lucha contra la violencia en los servicios sanitarios gallegos, cuya eficacia real se medirá en los próximos meses en los pasillos de centros de salud, en las urgencias y en las sedes de las gerencias.