La mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento de Galicia impidió este martes la creación de una comisión de investigación sobre la tramitación del proyecto de la multinacional portuguesa Altri para instalar una macrocelulosa en Palas de Rei. La iniciativa, impulsada por el BNG y apoyada por el PSdeG, pretendía esclarecer supuestas irregularidades administrativas y ambientales en el expediente. La votación abrió un intenso enfrentamiento político en la bancada autonómica, en una sesión que dejó sin respuesta las reclamaciones de acceso a la documentación por parte de la oposición. El rechazo del PP supuso, en la práctica, cerrar la vía parlamentaria para indagar el proceso.

Los proponentes de la comisión defendieron que la investigación era necesaria para aclarar decisiones técnicas y administrativas adoptadas durante la tramitación del proyecto, que generó expectación y rechazo en distintos sectores de la provincia de Lugo. La iniciativa contó con el respaldo explícito del PSdeG, que había reclamado en semanas anteriores información adicional y el expediente completo en repetidas ocasiones. El intento de someter el caso a control parlamentario topó con la disciplina de voto del grupo mayoritario, que alegó que no había motivos suficientes para abrir un procedimiento extraordinario.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, defendió con dureza la necesidad de la comisión y enumeró lo que calificó de puntos negros del expediente: la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre la protección de la Serra do Careón, la existencia de un memorando con la empresa que, según ella, no ha sido debidamente aclarado, y, en general, la opacidad en la documentación aportada. Pontón acusó a la Xunta de haber alterado instrumentos de protección ambiental para facilitar la instalación de la planta y exigió la desclasificación de cualquier acuerdo suscrito con la promotora. Para el BNG, estos elementos justificaban un escrutinio parlamentario que ahora no tendrá lugar.

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Desde el PSdeG, la diputada Patricia Iglesias subrayó que su grupo había pedido acceso al expediente hasta en nueve ocasiones y planteó la posibilidad de que se hubieran producido favores a intereses privados desde la administración autonómica. Iglesias advirtió que, si persiste la negativa a facilitar la documentación completa, los socialistas estudiarán acudir a los tribunales para forzar la apertura del dossier. La diputada insistió en que la investigación no es una búsqueda de rédito político sino un mecanismo para garantizar la defensa del interés público y la seguridad jurídica en decisiones industriales de gran calado.

El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos Couñago, rechazó las acusaciones sobre falta de transparencia y defendió la actuación de la Xunta, al afirmar que la sentencia del TSXG no afecta al desarrollo del proyecto y que la tramitación siguió los cauces de una evaluación ambiental ordinaria. Pazos acusó a la oposición de mantener una “campaña de mentiras” y remarcó que el PP ha sido claro en su negativa a impulsar comisiones que, en su criterio, no aportan soluciones reales. Asimismo, el dirigente popular responsabilizó al Gobierno central de la falta de viabilidad del proyecto por no garantizar una conexión eléctrica suficiente para la provincia de Lugo.

El debate en el hemiciclo resultó áspero y evidenció la polarización sobre la política industrial en Galicia: la oposición presentó el caso como ejemplo de una gestión poco transparente y de un modelo económico que, según el BNG, ha fracasado en el impulso de industrias sostenibles; el gobierno autonómico y su grupo parlamentario defendieron la legalidad de los trámites y reprocharon la utilización política del asunto. La sesión dejó claro que, más allá del proyecto concreto de Palas de Rei, existe un choque mayor de narrativas sobre cómo debe articularse la reindustrialización en el territorio gallego.

En el plano administrativo, la empresa promotora y la sociedad público-privada Impulsa Galicia figuran como actores citados por la oposición en relación con acuerdos y memorandos que, a juicio de los reclamantes, deben ser públicos. Los grupos que reclamaban la comisión sostienen que sin acceso pleno al expediente no es posible verificar si hubo modificaciones normativas o administrativas encaminadas a facilitar la implantación. La falta de esa auditoría parlamentaria deja en el aire las dudas sobre la conservación de espacios protegidos y el impacto ambiental potencial de una instalación de las dimensiones planteadas.

Con la negativa del Parlamento, la oposición se queda con la vía judicial y con la presión pública como únicas herramientas inmediatas para obtener respuestas. El rechazo a la comisión limita el control político sobre la gestión del expediente y coloca la responsabilidad sobre los tribunales y sobre la iniciativa ciudadana para exigir transparencia. Mientras tanto, el asunto amenaza con prolongarse como línea de fricción entre la Xunta y los partidos que buscan clarificar el episodio en Palas de Rei.