Instituto Galego de Estatística publica datos que confirman un cambio en la composición de la renta familiar: en 2023 los salarios apenas representaron el 46% de los ingresos de los hogares gallegos, la cifra más baja desde que hay series comparables. Los ingresos por prestaciones, rentas del capital y otras partidas ganan protagonismo mientras la comunidad registra un impulso del ahorro y un aumento de la renta disponible por habitante en 2024.

Cómo se reparte hoy la renta de los hogares

La lectura fría de los números muestra una evolución sostenida: los salarios —la tradicional fuente principal de ingresos— se sitúan en el 46% del total en 2023, casi tres puntos menos que la participación que tenían en 2010, cuando alcanzaban el 49,8%. Ese retroceso no ha venido acompañado de un colapso del consumo: la tasa bruta de ahorro de los hogares subió hasta el 10,6% en 2023, frente al 10% del año anterior, el primer repunte del ahorro desde la crisis pandémica.

Las prestaciones sociales mantienen un peso relevante: representan el 21,2% de los ingresos, una cifra menor que el pico de 24,4% registrado en 2020 por la incidencia de las ayudas ligadas a la pandemia, pero todavía ligeramente por encima de niveles previos a esa crisis. Al mismo tiempo, las rentas de la propiedad han experimentado un crecimiento notable, pasando del 3,2% en 2022 al 5,3% en 2023, lo que refleja una mayor aportación de rendimientos del capital o de ingresos ligados a la propiedad.

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Completan la estructura de ingresos las rentas mixtas, con un peso del 13,5%, los excedentes de explotación bruta en torno al 7,5% y otras transferencias corrientes que alcanzan el 6,5%. Ese reparto pone de manifiesto una economía donde el trabajo asalariado pierde paulatinamente predominio frente a otras fuentes, en parte por la reconfiguración del mercado laboral, la expansión de empleos por cuenta propia y la creciente importancia de rendimientos financieros y de propiedad.

Antecedentes y realidad gallega: demografía, empleo y territorio

Galicia llega a estos números con problemas estructurales que botonean la lectura: envejecimiento de la población, elevada tasa de autónomos en sectores como el agro y la pesca, y un mercado laboral con abundancia de contratos temporales y parcialidad. No es casualidad que las prestaciones mantengan un peso alto: las pensiones son un componente clave en una comunidad que, por encima de la media española, tiene una mayor proporción de jubilados.

La sensibilidad territorial también se aprecia en los datos municipales: en 2023 los tres municipios con mayor renta disponible bruta por habitante fueron Oleiros (con 30.879 euros), A Coruña (24.327 euros) y Santiago (23.581 euros). La presencia de Oleiros en cabeza no sorprende a quienes conocen la Costa da Morte y la ría de A Coruña: es un concello con concentración de viviendas de alto valor, personas asalariadas en empleos estables y una elevada capacidad de ahorro por hogar. Vigo, por ejemplo, con su peso industrial, no aparece en el podio, lo que evidencia las diferentes dinámicas productivas y salariales dentro de la propia comunidad.

En términos históricos, la caída paulatina del peso salarial desde 2010 encaja en una tendencia más amplia observada en economías avanzadas: mayor protagonismo de rentas del capital y diversidad de formas de trabajo. En Galicia, esa evolución convive con retos concretos: la dificultad para atraer talento joven fuera de las grandes ciudades, la precariedad en sectores vinculados al turismo y la hostelería, y las limitaciones del mercado laboral rural.

Repercusiones y retos para la política económica

Para el Gobierno autonómico, los ayuntamientos y los agentes sociales, estos indicadores plantean varias preguntas prácticas. Un menor peso salarial puede señalar una pérdida de poder adquisitivo relativo de los empleados, o bien una mayor dependencia de fuentes no laborales —pensiones, rentas del capital— que no siempre son homogéneas ni sostenibles para todos los hogares. En un territorio con tanta dispersión demográfica, las políticas sobre empleo estable, formación y digitalización del rural tienen implicaciones directas en quién gana y quién ahorra.

Otra lectura atañe al mercado del alquiler y a la dinámica inmobiliaria: el aumento de las rentas de la propiedad sugiere un flujo de ingresos por alquileres o rendimientos financieros que beneficia a una fracción de la población. Esa realidad alimenta tensiones en ciudades como A Coruña y Santiago, donde el equilibrio entre vivienda, actividad turística y demanda de alojamiento para estudiantes y trabajadores sigue siendo delicado.

En el plano macroeconómico llega también alguna nota positiva: la renta disponible bruta por habitante aumentó en el avance de 2024 hasta los 20.099 euros, un incremento del 5,5% respecto a los 19.053 euros de 2023, y la renta disponible total de los hogares gallegos se elevó hasta los 54.386 millones en 2024, un 5,8% más que en 2023. Es decir, la tarta crece, pero su reparto deriva en una mayor pluralidad de fuentes de ingreso.

En los próximos meses serán determinantes las decisiones sobre política fiscal, las medidas de apoyo a la contratación estable y las iniciativas para avanzar en la productividad regional. A falta de decisiones claras, la tendencia observada podría acentuar la brecha entre hogares que disponen de renta patrimonial o pensiones y quienes dependen exclusivamente del salario, sobre todo en las comarcas menos pobladas.

Para cerrar, la fotografía estadística que ofrece el IGE trae buenas y malas noticias: más renta y más ahorro agregados, pero un reparto que cambia y que exige políticas públicas afinadas con la geografía socioeconómica de Galicia. La cuestión no es sólo cuánto crece la renta, sino quién la percibe y con qué garantías de estabilidad para el medio plazo.