El Parlamento de Galicia cerró la sesión del miércoles sin aprobar una declaración institucional sobre el futuro del Pazo de Meirás y su gestión una vez sea devuelto al dominio público. El texto impulsado por el BNG —con la pretensión de negar cualquier indemnización a los herederos de Franco y formalizar una cesión específica a la Xunta para convertir el pazo en un lugar de memoria— no logró el respaldo unánime necesario tras semanas de negociación entre los grupos.
Negociaciones encalladas y reproches cruzados en el hemiciclo
La discusión dejó sobre la mesa más reproches que acuerdos. Por un lado, el BNG acusó al PPdeG de vetar la propuesta, pese a admitir que había mostrado disposición a modificar y suprimir apartados de su texto inicial. Los nacionalistas defendían no solo la tesis de “ni un euro para los Franco”, sino también la fórmula de una “cesión modal” del inmueble a la Xunta para garantizar su uso como espacio de memoria democrática.
El PP, según fuentes de su grupo, rechazó esa fórmula técnica por considerarla distinta a lo pactado en resoluciones anteriores del Parlamento, que apuestan por una transferencia que permita poner en marcha “usos que expliquen la historia del inmueble”. En el debate público, el conselleiro de Cultura, José López Campos, incidió en la necesidad de un plan de usos “fiel a toda la historia” del pazo, que incluya tanto el impulso cultural inicial de Emilia Pardo Bazán como el proceso por el que terminó en manos del dictador.
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Conoce más →El choque más visible se produjo entre el portavoz del BNG, Luís Bará, y López Campos. Bará puso el foco en la posibilidad de indemnización a los herederos, recordando que una sentencia del Tribunal Supremo ratificó la devolución del inmueble y, en ese marco, la vía a una compensación. Llegó incluso a señalar pagos anteriores: “ya les pagaron 43.200 euros por abrir Meirás en 2011 y 2012”, dijo para argumentar que existía una disposición política previa a desembolsos en relación con el pazo.
«ni un euro para los Franco»
Antecedentes judiciales y el debate sobre la cesión
No es la primera vez que el Pazo de Meirás actúa como espejo de tensiones históricas y políticas en Galicia. La propiedad, declarada Bien de Interés Cultural, fue objeto de litigios que culminaron con la orden de devolución por parte del Estado a raíz de irregularidades en su adquisición por la familia del dictador. La sentencia suprema abrió la puerta a que, sobre la titularidad pública, se discutiera la posible indemnización si se acreditaba la “buena fe posesoria”.
Ese punto técnico —el informe de la comisión de “expertos” que reconocía la posibilidad de indemnización— fue uno de los episodios que alimentaron la desconfianza entre los partidos. López Campos no escatimó en reproches hacia el BNG por, según él, pretender hoy desmarcarse de decisiones en las que había participado: “votó a favor” del informe que ahora critica. Los socialistas, por su parte, lamentaron que el PP impulsara modificaciones que, en su opinión, desdibujaban referencias clave como la de impulsar una investigación sobre el supuesto expolio de bienes por la familia Franco en Galicia.
En la sala hubo también gestos de apertura: el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, mantuvo una disposición a apoyar la iniciativa, y el PSdeG presentó enmiendas, entre ellas la petición de crear un Consello da Memoria de Galicia que ponga en valor, especialmente, el papel de las mujeres en esa memoria. Pero las diferencias de fondo sobre la fórmula de gestión —cesión modal frente a transferencia plena y los límites que ello conlleva— frustraron cualquier consenso.
Repercusiones políticas y próximos pasos
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