El Poder Judicial advierte al Gobierno por la reforma: equipos «flotantes», sedes dispersas e incidencias informáticas ponen en riesgo la implantación de los tribunales de instancia

El Consejo General del Poder Judicial prepara una comunicación para elevar a la próxima Comisión Permanente y alertar al Ministerio de Justicia sobre las «disfunciones» que, a su juicio, han provocado los cambios organizativos puestos en marcha el 2 de enero en los juzgados de toda España. El nuevo modelo de tribunales de instancia, que agrupa a varios magistrados y servicios comunes, se ha encontrado con problemas de personal, sedes fragmentadas e fallos informáticos que ya están provocando retrasos en notificaciones y en la tramitación de causas. La advertencia llega después de que presidentes de tribunales superiores, decanos y colegios de abogados hayan trasladado al órgano de gobierno de los jueces numerosas reclamaciones.

La transformación que sustituye al juez titular acompañado por un letrado y un grupo estable de funcionarios por equipos compartidos no ha tenido un despliegue homogéneo por territorios, según fuentes del Consejo. En muchas plazas la implantación se ha topado con «equipos flotantes» —funcionarios movidos entre distintos órganos sin una asignación estable— y con turnos y guardias que resultan más difíciles de gestionar. A esa inestabilidad de plantillas se suma la preocupación por la atención al público, puesto que auxiliares reclamados para tareas de tramitación no siempre están disponibles para recepcionar consultas o realizar gestión presencial.

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Las quejas recabadas por el equipo interno del Consejo hacen especial hincapié en la carencia de personal suficiente y en la rotación que impide consolidar equipos de trabajo. En el caso de Barcelona, las fuentes consultadas subrayan que las vacantes y la falta de personal especializado superan el 34 por ciento, una cifra que agrava los cuellos de botella en instrucción y en guardias. Los interlocutores judiciales hablan de «acoplamientos» provisionales de funcionarios que nunca se llegan a cerrar, lo que obliga a cubrir huecos con traslados temporales y aumenta las cargas de trabajo para quienes sí permanecen en plantilla.

Otro frente de fricción es la dispersión de sedes: muchas oficinas judiciales mantienen ubicaciones antiguas y repartidas por la ciudad, lo que dificulta compartir servicios comunes con eficiencia. Ejemplos citados por fuentes del sector señalan realidades como la provincia de Jaén, con hasta 14 sedes judiciales distintas, o capitales andaluzas como Sevilla, Cádiz y Granada con varias sedes que complican la centralización de servicios. Solo en contadas nuevas instalaciones —se menciona el Tribunal de Instancia de La Rioja como excepción— se ha logrado concentrar espacios y dotaciones que faciliten el nuevo funcionamiento.

Las incidencias informáticas se suman al panorama y se han convertido en otro factor que ralentiza la actividad diaria. Los fallos en aplicaciones y en la interoperabilidad entre sistemas impiden cerrar expedientes y retrasan la notificación a las partes, con el consiguiente riesgo de indefensión o de incumplimiento de plazos procesales. Abogados y jueces activos en redes sociales han puesto de manifiesto casos concretos en los que la plataforma electrónica no permite acceder a resoluciones o cargar documentos, lo que obliga a trámites manuales más lentos y costosos.

El Consejo recuerda que las primeras fases de la Ley de Eficiencia Procesal, el proyecto impulsado por el ministro Félix Bolaños, ya generaron quejas de implantación que fueron trasladadas al Ministerio en su momento, pero ahora las fuentes consultadas apuntan que los problemas se han multiplicado porque afectan a prácticamente todo el mapa judicial. Por eso la comunicación que se elevará a la Comisión Permanente persigue no solo describir las deficiencias sino exigir medidas concretas para corregir la implantación y garantizar el servicio público de la administración de justicia.

Las reclamaciones no provienen solo de la judicatura: decanos, colegios de abogados y colectivos de funcionarios han trasladado al Consejo su inquietud por el impacto en la atención a los ciudadanos y en la seguridad jurídica. En despachos y mostradores se percibe ya una mayor demora para obtener una cita, recibir una notificación o tramitar escritos, lo que incrementa el malestar entre quienes acuden a la justicia por asuntos ordinarios. Entre las soluciones sobre la mesa figuran la estabilización de plantillas, una redistribución temporal que cierre vacantes y una inversión urgente en infraestructuras y sistemas tecnológicos.

Desde el Ministerio de Justicia no había, hasta el cierre de esta información, una respuesta oficial a la comunicación que prepara el Consejo. La tensión entre el deseo de agilizar procedimientos y la dificultad de materializarlo sobre plantillas, sedes y sistemas informáticos promete convertirse en uno de los principales debates de la próxima Comisión Permanente del Poder Judicial, que deberá decidir si pide al Gobierno un plan de choque para mitigar los efectos del cambio organizativo.