El Partido Popular de Lugo reclamó este miércoles a PSOE y BNG que aclaren los términos del acuerdo que mantiene al expresidente provincial José Tomé como diputado y que, a su juicio, permite al bipartito seguir al frente de la Diputación tras la querella presentada por la Fiscalía por un presunto caso de acoso sexual y el testimonio de la denunciante en televisión. La protesta del PP tuvo lugar en Lugo y fue encabezada por su portavoz provincial, Antonio Ameijide, quien pidió a la presidenta de la institución, Carmela López, y al vicepresidente, Efrén Castro, que detallen por qué el pacto permite a Tomé conservar cargos públicos. Los populares argumentan que la permanencia de Tomé, y su continuidad como alcalde de Monforte con el respaldo socialista, compromete la credibilidad del gobierno provincial en materia de igualdad. La solicitud de explicación llega tras la emisión del testimonio de la víctima en el programa Código 10 y la presentación formal de la querella por parte del Ministerio Fiscal.

Ameijide instó al PSOE a actuar «con hechos» y a apartar a Tomé de cualquier responsabilidad pública mientras se esclarecen los hechos, advirtiendo de que el silencio del bipartito constituye, a su juicio, una forma de complicidad. Desde el PP recuerdan que sin el apoyo de Tomé no habría sido posible conformar el actual ejecutivo provincial ni aprobar sus presupuestos, por lo que piden medidas ejemplares que acrediten un compromiso real con el feminismo y la protección de las víctimas. Entre las demandas de los populares figura la petición de que el alcalde de Monforte renuncie a su cargo o sea apartado por el PSOE, dado que, según los conservadores, mantiene esa alcaldía gracias al respaldo de los concejales socialistas.

La formación que dirige Ameijide también acusó al PSOE de priorizar la protección del presunto agresor frente al acompañamiento a la víctima, en referencia a ofertas de ayuda que, según los populares, nunca se tradujeron en acciones concretas. En su intervención, el portavoz del PP aseguró que dirigentes socialistas habrían tenido conocimiento previo de la situación y aludió a informaciones periodísticas sobre reuniones mantenidas con la familia de la denunciantes, apuntando a nombres como José Ramón Gómez Besteiro, Lara Méndez y Pilar García Porto. El PP subrayó que, si esas imputaciones de conocimiento previo se confirman, la responsabilidad política debería alcanzar a quienes no actuaron entonces.

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El debate sobre este caso trascendió el ámbito provincial y llegó al Parlamento de Galicia durante la sesión de control, donde la cuestión fue abordada en el intercambio entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y representantes de la oposición. En la Cámara autonómica se puso de manifiesto la preocupación por el impacto institucional de mantener a Tomé en puestos de representación mientras la Fiscalía mantiene la querella. Los grupos reclamaron transparencia y celeridad en las gestiones, así como garantías para la protección de la persona que ha denunciado los hechos.

Por su parte, la víctima, identificada en las informaciones como Laura Vila, prestó declaración pública en el programa televisivo y su testimonio ha reavivado el debate político en Lugo sobre la respuesta de las instituciones ante casos de violencia sexual y acoso. La denuncia y la comparecencia mediática han puesto en primer plano no solo el expediente judicial, sino también la convivencia política que ha permitido a Tomé conservar influencia pese a las acusaciones. La aparición de la denunciante ha servido para visibilizar la presión que reclaman las asociaciones feministas y parte de la ciudadanía en favor de medidas contundentes contra el silencio institucional.

En respuesta a la querella, Tomé llegó a manifestar que la acción fiscal le permitirá «defenderse», una declaración que los populares han interpretado como insuficiente y que no exime, según ellos, de la necesidad de tomar decisiones políticas urgentes. El PP exigió la expulsión inmediata del supuesto agresor de cualquier cargo público y reclamó al PSOE que se ponga del lado de la víctima mediante medidas firmes y rápidas. Los conservadores advirtieron asimismo que, de no producirse un gesto claro, la sensación de impunidad podría erosionar la confianza en las instituciones locales.

Fuentes socialistas consultadas por este diario mantuvieron hasta ahora una postura de prudencia oficial, citando el respeto al proceso judicial y la presunción de inocencia, al tiempo que aseguraban su compromiso con la igualdad y la protección de las víctimas. Sin embargo, la insistencia del PP en pedir gestos concretos ha tensionado la coalición en la Diputación, que se sostiene en votaciones ajustadas y depende de respaldos externos. La falta de una reacción unánime y contundente dentro del PSOE gallego ha alimentado críticas internas y externas sobre la gestión política del caso.

El caso continúa abierto y pendiente de diligencias judiciales, mientras la polémica política sigue escalando en Lugo y en los órganos autonómicos. La solicitud del PP de explicaciones públicas y la exigencia de decisiones inmediatas colocan al bipartito en una encrucijada: o desmonta la apariencia de acuerdos que protejan a un investigado, o afronta el desgaste político que supondría mantener la situación actual. En los próximos días se esperan nuevas peticiones de comparecencias y probablemente más voces que reclamen claridad y medidas concretas para dar respuesta a las demandas de la sociedad.