El Partido Popular presentará este miércoles en el Congreso y en el Senado una batería de propuestas para mitigar el encarecimiento de la energía y la pérdida de poder adquisitivo de las familias ante la actual crisis internacional. La iniciativa, impulsada desde la dirección nacional del partido, incluye medidas fiscales y energéticas y busca proteger a sectores dependientes del combustible como la agricultura, la pesca y la industria electrointensiva. La presentación coincide con la tensión en los mercados energéticos y la subida de los carburantes que está tocando a consumidores y empresas en toda España.

Según el PP, la propuesta central es una rebaja del IRPF que persigue reforzar los ingresos disponibles de los hogares, con especial atención a las familias con hijos. El partido plantea incrementar un 10% el mínimo personal por contribuyente, doblar el mínimo por hijo y actualizar los tramos del impuesto para adecuarlos a la inflación registrada en 2025. Estas modificaciones, explican sus responsables, pretenden aliviar la pérdida de poder adquisitivo y actuar con rapidez si el contexto exterior se complica.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido estas medidas como una respuesta preventiva ante un posible empeoramiento de la situación internacional y como una forma de evitar que el coste energético corroa los ingresos domésticos. La iniciativa se tramitará como Proposición no de Ley en el Congreso y como moción en el Senado, fórmulas que el partido utiliza para llevar su agenda al debate parlamentario sin exigir un trámite legislativo completo. Fuentes de la dirección popular subrayan que la propuesta busca también dar certezas al sector productivo que depende intensamente del suministro energético.

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En paralelo a las reformas fiscales, el PP propone intervenir en la factura eléctrica con la eliminación del impuesto a la generación eléctrica, una medida que, según sus cálculos, abarataría el recibo para consumidores y empresas. El propósito es atenuar la transmisión del encarecimiento mayorista a la factura doméstica, un asunto que se ha convertido en un foco de atención política ante la volatilidad de los precios. La formación también contempla ayudas específicas para actividades como la pesca y la agricultura, cuyos costes de producción han subido notablemente por el aumento del combustible.

En términos cuantitativos, el PP estima que la reforma del IRPF beneficiaría a cerca de 16 millones de contribuyentes y que supondría devolver alrededor de 3.200 millones de euros a los hogares. El partido calcula un impacto medio de unos 200 euros por contribuyente, con un reparto que atribuye la mayor parte del beneficio a las rentas medias: aproximadamente el 70% del total, en torno a 2.300 millones según sus estimaciones, iría destinado a esa franja. Los populares defienden que estas cifras justifican la intervención fiscal como medida urgente para proteger el consumo interno.

El argumento del PP llega en un contexto donde el precio de los carburantes ha vuelto a tensarse: en algunas estaciones el diésel supera los 2 euros por litro y existen puntos con precios máximos que superan los 2,29 euros, mientras las medias nacionales se sitúan en torno a 1,76 euros para el diésel y 1,65 euros para la gasolina. Esta escalada, apuntan desde el partido, afecta tanto al bolsillo de las familias como a los costes logísticos de empresas y profesionales. La propuesta popular intenta, por tanto, articular medidas que actúen sobre varios frentes del encarecimiento.

La iniciativa se presenta además como un mensaje político frente al Gobierno, al que el PP exige medidas más ambiciosas para frenar el impacto de la crisis internacional. Desde la oposición advierten de que si la situación financiera y energética empeora se necesitarán instrumentos temporales pero de alcance suficiente para evitar un deterioro del consumo y del tejido productivo. No obstante, economistas y partidos contrarios han planteado dudas sobre el coste presupuestario y la eficacia de reducir impuestos a la vez que se suprime tributos ligados al sistema energético.

El calendario previsto marca el debate en las cámaras la próxima semana y abre la puerta a un cruce de propuestas y enmiendas. En el terreno parlamentario quedará por ver si el PP logra sumar apoyos para trasformar sus iniciativas en medidas concretas o si la propuesta queda en un documento de posicionamiento político. Mientras tanto, las familias y sectores más expuestos siguen atentos a cualquier decisión que pueda aliviar de forma rápida el recibo de la luz y la presión sobre sus presupuestos.