Luisa Sánchez, presidenta del PP de Vigo y jefa de la oposición municipal, registró el martes cinco enmiendas para ampliar la modificación presupuestaria del Ayuntamiento y destinar parte de los remanentes a un ambicioso plan de vivienda. La propuesta eleva la partida prevista por el gobierno local hasta 64,5 millones de euros, de los que 60 millones deberían orientarse a políticas residenciales. Sánchez presentó la iniciativa argumentando que esos fondos acumulados en caja deben «ser devueltos a la ciudadanía» y orientarse a necesidades sociales. El anuncio se produjo en un contexto de tensión política por la gestión de los ahorros municipales y la priorización de inversiones.

La enmienda principal desglosa los 60 millones en cuatro líneas: adquisición de suelo, construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler o compra, rehabilitación y movilización de viviendas vacías, y ayudas al alquiler. Según el PP, el reparto previsto contempla 16 millones para compra de suelo, 27 millones para edificación de pisos públicos, 8 millones para rehabilitación y 9 millones en subvenciones para inquilinos. La formación conservadora sostiene que esta estrategia permitiría afrontar la escasez de oferta asequible en la ciudad y dinamizar el mercado local de vivienda.

En su intervención, Sánchez criticó la gestión del alcalde y del equipo de gobierno, a los que acusa de acumular recursos sin traducirlos en obra pública. Señaló que Vigo dispone de 215 millones en tesorería y afirmó que reservar 64,5 millones implicaría apenas «un tercio» de esos fondos disponibles. La líder del PP reprochó que esos remanentes demuestran que «se recauda, pero no se gasta», y responsabilizó al regidor de haber renunciado presuntamente a la competencia municipal en vivienda durante casi dos décadas.

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La portavoz popular vinculó además sus enmiendas a la capacidad de ejecución del Ayuntamiento y puso ejemplos concretos que, a su juicio, evidencian la inacción del gobierno local. Citó el edificio de Esturáns, cuya adjudicación no se habría cerrado, y la empresa municipal de vivienda, todavía sin constituir, como signos de una planificación insuficiente. Con ese diagnóstico, el PP reclama que el destino de los remanentes sea inmediato y visible para la ciudadanía, no retenido en las arcas municipales.

Más allá del bloque destinado a vivienda, las enmiendas incluyen otros capítulos que buscan completar la propuesta de gasto. El PP reserva 3 millones de euros para actuaciones en centros educativos, con el objetivo de ir más allá del mantenimiento y modernizar instalaciones que, según la formación, en muchos casos superan medio siglo. También contempla 500.000 euros para el derribo de las antiguas casas de maestros, una intervención que los populares insisten es necesaria para liberar suelo y mejorar accesibilidad.

La iniciativa llega en plena negociación sobre la modificación presupuestaria planteada por el ejecutivo local, que informó inicialmente de una cuantía mucho menor, en torno a 10,9 millones. La propuesta del PP rebaja la diferencia mediante una ampliación que reivindica la reorientación de remanentes hacia demandas sociales concretas. El debate en el pleno municipal se prevé intenso, con el PP empujando a convertir los recursos acumulados en proyectos tangibles antes de que finalice el ejercicio.

Desde el grupo municipal socialista, que sostiene el gobierno, no constan por ahora respuestas públicas detalladas a las enmiendas registradas por los populares, según fuentes municipales consultadas. El choque de argumentos entre oposición y ejecutivo promete centrarse en la prioridad del gasto: inversión social y vivienda frente a la estrategia del Ayuntamiento sobre la gestión financiera y la ejecución de obras. El plazo para el trámite de las enmiendas y su votación marcará los próximos pasos de la negociación presupuestaria.

La propuesta del PP pone además de relieve un debate más amplio sobre el uso de remanentes en los ayuntamientos, la capacidad de gasto y la responsabilidad política en la planificación urbanística. Para los populares, destinar una parte sustancial de ese ahorro a vivienda es una forma de devolver a la ciudadanía los recursos que, sostienen, no deben seguir acumulados sin finalidad. El resultado de la votación y las enmiendas aprobadas en el pleno determinarán si esa fórmula busca respuestas inmediatas a la falta de vivienda asequible en Vigo.