La mayoría del Partido Popular en el Parlamento gallego rechazó este martes la solicitud de crear una comisión de investigación sobre la tramitación del proyecto de celulosa de la portuguesa Altri en Palas de Rei, en una votación celebrada en la Cámara de Galicia. La iniciativa, impulsada por la oposición, buscaba arrojar luz sobre los acuerdos entre la Xunta y la empresa tras la reciente decisión del Ejecutivo autonómico de archivar el expediente. Las fuerzas críticas sostienen que persisten dudas sobre posibles pactos opacos y sobre la protección del entorno de la Serra do Careón, motivos por los que reclamaron acceso a la documentación.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, censuró la falta de transparencia que, dijo, rodea a la relación entre la Xunta y la pastera, y exigió que se abran los archivos que ella considera “secretos”. En la réplica parlamentaria la formación nacionalista insistió en que sin esa documentación será imposible esclarecer si se respetaron criterios ambientales y administrativos. El BNG subrayó además la existencia de movilizaciones sociales en la zona que reclaman garantías sobre protecciones paisajísticas y de biodiversidad.

Desde el PSdeG, la diputada Patricia Iglesias acusó al Ejecutivo autonómico de conducta que puede rozar el tráfico de influencias y reclamó responsabilidades políticas. El grupo socialista pidió transparencia plena y aseguró que la negativa a investigar eleva la sospecha pública más que la calma. Iglesias instó a que, si existen documentos que no pueden hacerse públicos por vía administrativa, se permita al menos su examen reservado por los órganos competentes del Parlamento.

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El portavoz del PP, Alberto Pazos Couñago, defendió en cambio la actuación del Gobierno gallego y tachó de “rumores” las acusaciones de la oposición, mostrando su confianza en que la documentación aportada por la Xunta es suficiente. Pazos Couñago señaló que la decisión de archivar el proyecto se ajusta a la legalidad y apeló al respeto de las competencias autonómicas para actuar en materia de planeamiento y impacto ambiental. El dirigente popular añadió que si los tribunales autorizan la publicidad de determinados expedientes, será la vía para despejar cualquier duda.

El pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la necesidad de mantener la protección de la Serra do Careón figura en el centro del debate. La resolución judicial, que condiciona la estrategia verde de la Xunta, abrió la puerta a que la oposición cuestionase las gestiones previas a la concesión de permisos y la relación entre la administración y la Sociedad Impulsa, entidad vinculada a la tramitación con Altri. Los grupos del hemiciclo plantearon preguntas sobre cláusulas y pactos que no han sido facilitados al público.

El Ejecutivo autonómico anunció el 20 de febrero el archivo del expediente de la macroplanta, alegando la falta de una conexión eléctrica viable, competencia del Gobierno central, que, según la Xunta, hacía inviable la autorización ambiental integrada. El presidente Alfonso Rueda sostuvo que, sin esa infraestructura, el proyecto no podía continuar y negó que la Administración deba compensar a la empresa por la paralización. También explicó que cualquier eventual nueva solución de suministro supondría la apertura de un nuevo expediente administrativo.

En el plano social y local, el anuncio del archivo no cerró las críticas: en varias localidades, entre ellas la capital compostelana, se han sucedido las protestas contra la instalación de la pastera y en defensa de la protección del entorno natural. Movimientos vecinales y plataformas ecologistas han reclamado que la decisión política vaya acompañada de explicaciones públicas y de medidas que garanticen la conservación del paisaje. Tanto alcaldes como colectivos han pedido transparencia sobre los compromisos adquiridos con la empresa durante la fase de tramitación.

Más allá del episodio concreto, la polémica reaviva el debate sobre el modelo industrial y energético de Galicia, la coordinación con el Estado en infraestructuras y la suficiencia de los mecanismos de control sobre proyectos estratégicos. Los partidos de la oposición advierten de que acudirán a todas las vías parlamentarias y jurídicas para intentar acceder a la documentación que, según sostienen, esclarecería supuestas irregularidades. El PP, por su parte, confía en que la explicación administrativa y judicial disipe las dudas.

La negativa a crear la comisión de investigación deja la cuestión, de momento, en el plano político y judicial, con la sensibilidad ambiental y las expectativas de empleo como telón de fondo. La discusión no parece cerrada: la demanda de desclasificación de expedientes y el consiguiente pulso entre Xunta y oposición anticipan un debate prolongado en la agenda pública gallega hasta que, a juicio de las partes, se despejen las incertidumbres sobre el proceso que rodeó al proyecto de Altri.