La Xunta de Galicia ha fijado, a partir del 12 de marzo de 2026, un precio máximo para las viviendas de promoción pública (VPP) de 60 metros cuadrados en las ciudades grandes y en varios municipios del área urbana, de modo que en localidades como Vigo, Redondela, Sanxenxo, Burela o Boiro el coste no podrá exceder de 103.032 euros. El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de Galicia, introduce por primera vez límites explícitos de precio para estas promociones, con el objetivo declarado de garantizar la asequibilidad de la vivienda protegida. La medida afecta tanto a compradores como al diseño de futuras promociones públicas impulsadas por la administración autonómica.

Hasta ahora, la regulación aplicable databa de 2007 y vinculaba el precio de las VPP al coste del proyecto, ajustado luego por umbrales de renta en relación con el IPREM. Ese sistema determinaba qué porcentaje del valor económico debía pagar el adjudicatario en función de los ingresos familiares: los tramos más altos afrontaban porcentajes mayores y los más bajos quedaban exentos de una parte significativa del coste. Con la orden ahora publicada, la Xunta recorta esa flexibilidad y añade un tope absoluto que impera sobre el cálculo previo, independientemente del valor técnico del inmueble.

El Gobierno gallego señala en la resolución que la nueva limitación responde a la necesidad de acotar el precio final que deben pagar las familias y de homogeneizar criterios según la zona. En la práctica se establecen distintas categorías territoriales; las que concentran mayor demanda y coste de suelo quedan en la llamada zona 1, donde se aplican los importes máximos más altos. En esa clasificación entran, además de Vigo, numerosas localidades de las provincias de Pontevedra, A Coruña y Lugo, entre ellas Pontevedra, A Coruña y Santiago de Compostela.

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La publicación en el DOG marca un punto de inflexión para el mercado de vivienda pública en Galicia porque introduce certidumbre sobre el montante máximo para el comprador, pero también plantea interrogantes sobre la viabilidad económica de algunos proyectos. Promotores y entidades que colaboran con la administración para ejecutar VPP deberán ajustar presupuestos y márgenes a ese techo de precio, lo que podría condicionar la oferta en las áreas más caras o obligar a replantear calidades y superficies.

El acuerdo llega en un contexto de fuerte presión sobre los precios del suelo y la vivienda en las cabeceras urbanas gallegas, donde el acceso para familias con ingresos medios resulta cada vez más difícil. La administración autonómica pretende, según el texto oficial, proteger a las personas adjudicatarias y facilitar el acceso a la vivienda pública mediante un marco más rígido en cuanto a precios máximos. No obstante, agentes del sector advierten de que los límites podrían reducir incentivos para nuevas promociones si los costes de construcción y urbanización superan los techos fijados.

La regulación conserva además las reglas de cálculo de renta que determinan la aportación final del comprador en función de sus ingresos, aunque estas ahora operan dentro del marco del precio tope. En la práctica, clientes con rentas más bajas seguirán beneficiándose de un descuento porcentual sobre el valor de la vivienda, pero ese porcentaje nunca podrá dar lugar a un precio superior al límite establecido para cada municipio. El sistema de alquiler vinculado a las VPP, que históricamente se calculaba como un porcentaje del precio de venta, también queda afectado por la nueva horquilla de precios.

La ejecución de estas medidas corresponderá al Instituto Galego da Vivenda e Solo y a los ayuntamientos implicados, que deberán adaptar pliegos y convocatorias a los nuevos topes. Fuentes de la administración consultadas por este diario subrayan que la medida pretende contener la especulación y favorecer la movilidad residencial en zonas tensionadas, si bien reconocen que habrá un periodo de adaptación. Los consistorios con mayor demanda tendrán que coordinar planificación y cesiones de suelo para que las promociones resulten sostenibles.

La decisión abre asimismo un debate político sobre la intervención pública en el precio de la vivienda protegida: partidos y organizaciones sociales han aplaudido el intento de acotar precios, mientras que representantes del sector privado alertan de posibles efectos contraproducentes sobre la oferta. En los próximos meses será clave comprobar si los techos fijados por la Xunta permiten mantener el ritmo de producción de VPP o si, por el contrario, provocan ajustes en el diseño de los proyectos que afecten a su número y calendario de entrega.