Representantes de la Cooperativa de Armadores (ARVI), de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco) y del Puerto de Vigo han leído este miércoles una declaración institucional en el muelle olívico para reclamar respuestas inmediatas frente al encarecimiento de la energía, los fletes y los seguros motivado por la escalada bélica en Oriente Medio. Los representantes advierten de que, si no hay medidas rápidas, hay buques y plantas conserveras que plantean detener su actividad.
Reclamaciones en el Puerto de Vigo: qué piden y por qué
La protesta pública llegó acompañada de un acuerdo de colaboración entre ARVI y Anfaco, y de una petición clara a las administraciones: ayudas temporales y mecanismos que eviten una desarticulación de la cadena mar-industria. Los portavoces han señalado dos vectores críticos afectados por la crisis: la energía y el transporte marítimo. El encarecimiento del combustible en la mar y de la energía en tierra —esencial en los procesos de conservación y transformación—, junto al bloqueo parcial de rutas y la incertidumbre en los seguros, están tensionando la viabilidad de empresas grandes y pequeñas.
El gerente de ARVI, Edelmiro Ulloa, alertó sobre la dificultad práctica para aguantar la subida de costes mientras las ayudas previstas se implementan de forma pausada. «Las medidas no son inmediatas; en el mejor de los casos las ayudas llegarán en septiembre», dijo, y añadió que la presión sobre la tesorería de las empresas puede llevar a algunas a «parar».
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Conoce más →«La tesorería de las empresas pesqueras las llevará a parar, porque las medidas no son inmediatas.»
Los problemas descritos no se limitan al precio del gasóleo. Se suman retrasos por el cierre del estrecho de Ormuz, incrementos en fletes, restricciones en pólizas de seguro y el encarecimiento de insumos tan básicos para la industria conservera como el cartón o los plásticos. Además, la cifra que aporta Javier Touza sirve para dimensionar el impacto: durante la guerra en Ucrania, cada subida de 10 céntimos por litro suponía un aumento anual de costes de 485 millones de euros.
Problemas técnicos y medidas reclamadas
Además de las ayudas económicas, el sector ha puesto sobre la mesa demandas concretas que incluyen la activación de mecanismos en el marco del FEMPA —con referencia al artículo 26 de compensación por acontecimientos excepcionales, como ya se hizo con la pandemia y el conflicto en Ucrania—, medidas fiscales directas si la crisis se alarga, y la revisión de cuotas para favorecer las descargas en caladeros nacionales. También han pedido incentivos al consumo de producto local, como una reducción temporal del IVA sobre productos pesqueros.
Sobre la digitalización de la gestión, el secretario general de Anfaco, Roberto Alonso, criticó la implementación del sistema CATCH IT, que debía modernizar los certificados de captura. «La UE no parece entender lo que pasa (…) estuvimos 10 años pidiendo la medida, y la implementación no ha sido correcta», sostuvo, y advirtió del riesgo de colapso en los meses de mayor actividad. Según su diagnóstico, el sistema «no estaba suficientemente validado» y no resulta «un procedimiento robusto» para la operativa de las lonjas y las plantas.
«El sistema no estaba suficientemente validado; no es un procedimiento robusto.»
En lo económico, los límites anunciados por la administración a las ayudas —200.000 euros por barco y 400.000 euros por grupo empresarial— han provocado reparos en el sector. ARVI y Anfaco consideran que esos umbrales, además de condicionarse a determinados requisitos de registro, dejarán fuera a buena parte de la flota local, especialmente a la pequeña pesca costera y a empresas familiares con márgenes ya muy reducidos.
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