El Senado aprobó este miércoles la denominada ley contra la multirreincidencia, promovida inicialmente por Junts, pero introdujo una enmienda impulsada por PP que exige a los solicitantes de futuras regularizaciones la presentación de un certificado oficial de antecedentes penales de todos los países donde hayan residido. La modificación, votada gracias a la mayoría absoluta de la Cámara Alta, devuelve el texto al Congreso con un escollo que puede torcer el pacto de regularización que el Ejecutivo anunció en enero.

Qué cambia y cómo afecta al plan de regularización

La novedad central es clara: a diferencia del texto que prepara el Gobierno, que permitía suplir la respuesta de autoridades extranjeras con una declaración responsable cuando éstas no contestaban, la enmienda del PP veta esa alternativa. Exige que la carencia de antecedentes penales quede acreditada mediante un documento oficial de todos los países en los que el solicitante haya vivido, y añade que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad elaboren informes sobre los solicitantes para «evaluar si existe una amenaza real para el orden público», según defendió en el pleno el senador popular Juan Bautista Milián.

La modificación llega cuando el Ejecutivo central —coalición entre PSOE y Podemos— negocia el reglamento que deberá concretar la regularización anunciada en enero para cerca de 500.000 migrantes. El acuerdo de gobierno fijó como requisitos, entre otros, residir en España antes del 31 de diciembre y no contar con antecedentes penales relevantes. El reglamento previsto contemplaba además un mecanismo administrativo: si las autoridades del país de origen no respondían en un plazo de un mes, lo pediría el propio Gobierno y, de persistir el silencio, bastaría la declaración responsable del interesado. Esa puerta ahora queda cerrada, de momento, por la enmienda del Senado.

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La transformación del procedimiento no es nimia. Obtener certificados de países con administraciones lentas o con dificultades diplomáticas puede alargar trámites meses o incluso impedir la presentación de expedientes completos. Fuentes del Ejecutivo reconocen a este periódico que la enmienda, si se mantiene, complicará la operativa y obligará a estudiar fórmulas alternativas, pero subrayan que la última palabra la tendrá el Congreso, donde los socialistas ya han anunciado su intención de intentar revertirla.

El debate político: seguridad, alarma social y acusaciones cruzadas

El choque en la Cámara no es sólo técnico. La aprobación con los votos del PP —y el apoyo expreso de Vox en el mismo sentido— ha desatado críticas del grupo socialista, que acusa a los populares de «criminalizar la inmigración». Así lo sintetizó el senador José María Oleaga, que en el pleno sostuvo que la enmienda transmite la idea de que «miles de extranjeros que viven en España son delincuentes» y añadió que, pese al incremento demográfico en 15 años, la relación entre inmigración y delincuencia no existe a la vista de las cifras: el índice de delitos se ha reducido hasta situarse en torno a 40,6 por cada 1.000 habitantes, según su argumentación.

Desde el PP, por el contrario, llaman a la prudencia y al endurecimiento de controles. Citan episodios de hurtos reiterados que, sostienen, alteran la convivencia en muchos municipios. En el debate del Congreso la diputada Cuca Gamarra llegó a preguntar retóricamente cuántos de los llamados multirreincidentes podrían aprovechar una regularización masiva, y en el Senado el senador Milián afirmó que aceptar declaraciones responsables sería «convertir España en el mayor coladero de delincuentes de toda Europa».

En el filo de ese discurso se sitúa la voz de Junts, que, pese a ser autora de la ley contra la multirreincidencia, subrayó que el objetivo de la norma es cortar una cadena de hurtos reiterados que ha generado alarma en municipios urbanos y rurales. El portavoz de Junts, Eduard Pujol, defendió la iniciativa ante alcaldes posconvergentes presentes en la Cámara y reclamó medidas eficaces para restaurar la convivencia en barrios donde los robos continuos, dijo, «se han convertido en auténticas pesadillas».

Antecedentes y contexto político

La ley llega tras meses de negociación entre formaciones tan dispares como PSOE, PP, Junts y PNV, y es el resultado de un pacto parlamentario que buscaba atajar la multirreincidencia —la comisión continuada de hurtos y delitos menores por las mismas personas— sin abrir paso a medidas punitivas indefinidas. Cabe recordar que el debate sobre seguridad y migración ha ido ganando centralidad en los últimos años, alimentado por episodios concretos en ciudades grandes y pequeñas y por la percepción de comercio afectado en centros históricos como los de Vigo o A Coruña.

En Galicia, tierra de emigración masiva en el pasado y de llegada de inmigración reciente, la cuestión toca fibras locales: gobernantes municipales y comerciantes reclaman respuestas que protejan el negocio de proximidad y la sensación de seguridad, pero también hay asociaciones que alertan sobre el riesgo de estigmatizar a colectivos vulnerables. Esa tensión entre orden público y derechos de las personas migrantes atraviesa el pulso político nacional.

Repercusiones y próximos pasos

La ley vuelve ahora al Congreso la próxima semana con la enmienda del Senado sobre la mesa. El grupo socialista ya ha anunciado que intentará eliminar dicha modificación y necesitará para ello a sus socios parlamentarios. No es un trámite sencillo: la cámara baja tiene su propia aritmética y la negociación política que permitió tramitar la ley impulsada por Junts fue compleja. A falta de confirmación oficial sobre cómo se articulará la votación, la expectativa es que el debate volverá a polarizarse entre quien pide controles más estrictos y quien reclama que las medidas no supongan un bloqueo práctico a una regularización con impacto social y económico.

Más allá del Parlamento, la exigencia de certificados oficiales plantea consecuencias prácticas: diplomacia consular, relaciones bilaterales con países emisores y capacidad administrativa para procesar millones de solicitudes. También abre la puerta a recursos judiciales si la norma o su aplicación vulneran derechos fundamentales. Para cientos de miles de personas que esperan una solución, la enmienda supone una incertidumbre añadida. En Galicia, donde el colectivo migrante participa ya en sectores como la agricultura, el comercio y los servicios, el efecto puede sentirse con rapidez si los procesos se ralentizan.

La discreta lección política es que una ley orientada a la seguridad ciudadana puede convertirse en instrumento de agendas enfrentadas: un consenso inicial para cerrar espacios a la multirreincidencia se tropezó con el debate sobre migración y regularización. El veredicto final estará en el Congreso, pero hasta entonces la enmienda del PP ha complicado lo que parecía un camino relativamente trazado hacia la normalización de la situación administrativa de cientos de miles de personas.