Santiago. El sistema público de salud de Galicia, el Sergas, tiene registrados a 6.268 pacientes con receta para Wegovy, el fármaco inyectable que contiene semaglutida y se comercializa para el tratamiento de la obesidad. La cifra, facilitada por la Consellería de Sanidade, solo incluye prescripciones en la sanidad pública; quedan fuera las recetas en medicina privada y los tratamientos no registrados oficialmente.
Prescripciones y alcance: una cifra que llama la atención
Que más de seis mil personas en Galicia estén ya recibiendo Wegovy habla, por un lado, de la demanda acumulada y, por otro, de la rapidez con la que estos medicamentos han pasado de ser una promesa clínica a una opción real en consultas y farmacias. La semaglutida irrumpió en el mercado en 2017 bajo la marca Ozempic como tratamiento para la diabetes tipo 2; su efecto secundario sobre la pérdida de peso fue lo que impulsó el desarrollo de formulaciones específicas para la obesidad.
En España, Wegovy obtuvo autorización en mayo de 2024. Desde entonces se ha incorporado a la práctica clínica en pacientes seleccionados, aunque su uso en el Sistema Nacional de Salud está condicionado: solo Ozempic queda financiado cuando se usa para la diabetes, mientras que Wegovy no está incluido en la cartera pública. Esto deja a quienes acceden a Wegovy en una situación desigual, dado que el coste suele situarse entre 180 y 300 euros al mes, según la dosis.
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Conoce más →Fuentes sanitarias consultadas por este periódico subrayan que los registros electrónicos no siempre permiten distinguir las prescripciones de semaglutida por diabetes de las destinadas a la obesidad cuando se usa Ozempic. Por tanto, el número real de personas tratadas por motivo de exceso de peso en Galicia podría ser mayor si se contase también la sanidad privada y las recetas con otros nombres comerciales.
Cómo actúa Wegovy y por qué ha generado tanta expectación
La semaglutida imita a una hormona intestinal —el llamado péptido similar al glucagón, GLP-1— que regula el apetito y la saciedad. Administrada por vía subcutánea una vez a la semana, reduce la sensación de hambre, frena el vaciado gástrico y, como han mostrado estudios clínicos, contribuye a una pérdida de peso sostenida. Además, los pacientes no solo adelgazan: mejoran el control glucémico y la tensión arterial, y encuentran beneficio en marcadores cardiovasculares.
En Galicia, como en el resto de España, esos efectos se vieron amplificados en la opinión pública cuando celebridades internacionales mostraron resultados llamativos con Ozempic, lo que a su vez tensionó la cadena de suministro. No es la primera vez que el fenómeno se repite: en 2024 hubo alertas por desabastecimiento y la aparición de un mercado paralelo que llegó a poner en guardia a las autoridades farmacéuticas.
La competencia en la industria farmacéutica es ya evidente. Al laboratorio Novo Nordisk, que comercializa Wegovy y Ozempic, le planteó batalla la estadounidense Eli Lilly con Mounjaro, una tirzepatida que actúa sobre GLP-1 y sobre GIP, otra hormona implicada en el control metabólico. La Comisión Europea, por su parte, ha aprobado recientemente una pauta de dosis mayor de Wegovy que en ensayos ha mostrado pérdidas de peso cercanas al 21% en 72 semanas, un dato que ha vuelto a situar estos fármacos en el centro del debate sanitario.
Dilemas: financiación, equidad y prioridades en salud pública
La enfermedad de la obesidad ha sido descrita por muchos expertos como la epidemia del siglo XXI. En términos económicos, representa en torno al 10% del gasto sanitario, debido a las complicaciones cardiovasculares, la diabetes, algias articulares y ciertos cánceres asociados al exceso de peso. En Galicia, donde las tasas de obesidad y sobrepeso siguen siendo preocupantes en determinadas comarcas, la llegada de tratamientos efectivos plantea preguntas difíciles: ¿financia el sistema a quien puede pagarse el medicamento? ¿priorizar a pacientes con alto riesgo cardiovascular? ¿o limitarlo a programas integrales que incluyan cambios de estilo de vida?
Algunos especialistas recuerdan que estos fármacos no son milagrosos y que, en muchos casos, el beneficio a largo plazo exige acompañarlos con modificación de hábitos, intervención nutricional y apoyo psicosocial. A falta de una estrategia clara a nivel autonómico, queda en manos de los equipos clínicos la evaluación individualizada del balance riesgo-beneficio. En la práctica, esto puede traducirse en desigualdades: quien puede costearlo fuera de la cartera pública tendrá acceso más rápido a la terapia.
Además, la sombra del mercado negro persiste. Inspecciones autonómicas y estatales han detectado prescripciones fuera de indicación y dispensaciones sin receta, lo que obliga a reforzar controles para evitar peligros a la salud pública y la desviación de suministros destinados a pacientes que más los necesitan.
En la Xunta, fuentes cercanas a la Consellería reconocen que las cifras de prescripción —que ya superan los seis mil pacientes— sirven para abrir una discusión sobre criterios de acceso y sobre la necesidad de evaluar resultados clínicos y coste-efectividad antes de plantear una financiación más amplia. No es descartable que, en las próximas convocatorias presupuestarias o en comités de farmacoterapia, vuelvan a sentarse sobre la mesa propuestas para financiar tratamientos en subgrupos concretos, como pacientes con obesidad mórbida o con comorbilidades graves.
El reloj no se detiene: los avances científicos continúan y las compañías farmacéuticas estudian combinaciones y nuevas moléculas. Para Galicia, el reto será articular una respuesta que combine prudencia clínica, equidad en el acceso y políticas de prevención que ataquen las raíces del problema: dieta, actividad física y determinantes sociales de la salud. A la espera de decisiones políticas, miles de ciudadanos ya han comenzado un tratamiento que, si bien promete mejoras sanitarias, plantea preguntas de justicia sanitaria y sostenibilidad que la sanidad pública deberá responder.
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