El Sindicato Labrego Galego ha alertado este martes de que los fondos destinados a las ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario, cuya convocatoria se abrió el pasado lunes, no alcanzan para atender todas las solicitudes pendientes y las previstas para el próximo año. La Xunta ha dotado la línea con 53 millones de euros, pero desde el sindicato consideran que esa cifra resulta claramente insuficiente para garantizar el relevo generacional en las explotaciones gallegas. La advertencia llega desde Santiago, donde la organización pone en duda la capacidad de la Consellería do Medio Rural para resolver la convocatoria de forma que no deje solicitantes sin cobertura. En el fondo de la queja están las esperanzas de numerosos nuevos titulares que necesitan esa ayuda inicial para poner en marcha sus proyectos.

El desglose del crédito contempla que 23 millones se destinen a facilitar la incorporación de personas jóvenes al campo, mientras que los 30 millones restantes se dedicarán a financiar los planes de mejora vinculados a esas incorporaciones. El sindicato sostiene que con ese reparto hay que atender las solicitudes pendientes de 2025, que cifran en torno a 380 expedientes, y además las peticiones que estiman que llegarán durante 2026, calculadas entre 350 y 400. Esa relación entre demanda y oferta de recursos es, según la organización, la que genera el riesgo de que «muchos jóvenes queden fuera» de una ayuda que consideran básica para iniciar nuevas explotaciones. La preocupación se concentra en que la convocatoria ya está abierta pero la dotación no se ajusta a la realidad de las demandas registradas.

En su nota pública, el apicultor y Secretario de Acción Sindical del sindicato, Brais Álvarez, explicó que esta situación obliga a preguntarse si la gestión de la línea se ha planificado con la suficiente previsión. Álvarez aportó como referente la experiencia reciente: en 2025 se aprobaron 320 solicitudes y se destinaron alrededor de 11.900.000 euros, lo que sitúa la subvención media por beneficiario en torno a los 37.187 euros. Sin embargo, la tercera revisión del PEPAC en enero de 2025 fijó una estimación por solicitante de 43.326,39 euros, una cifra que, con el presupuesto actual, reduciría considerablemente el número de expedientes que pueden obtener cobertura. El sindicato ha hecho cálculos internos para contrastar la diferencia entre lo previsto y lo realmente convocado.

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La organización agraria subraya además que no tiene precedentes en el ámbito rural una convocatoria de incorporaciones que se abra y permanezca sin resolverse en su totalidad, una circunstancia que atribuyen a la falta de sensibilidad de la Consellería hacia las explotaciones y las personas que las sostienen. Además de los cálculos presupuestarios, el SLG interpreta ese hecho como un síntoma del escaso interés político por la regeneración del campo gallego. Desde su punto de vista, abrir la puerta a nuevas incorporaciones sin asegurar su financiación completa supone crear falsas expectativas y dificultar la planificación de quienes deben iniciar inversiones y trámites administrativos para poner en marcha sus explotaciones.

Frente a esa situación, la organización agraria ha anunciado que está estudiando todas las alternativas para que las personas solicitantes de 2025 vean reconocidos sus derechos y no queden excluidas por falta de crédito. Entre las vías que barajan figuran recursos contencioso-administrativos y la interposición de quejas ante la Valedora do Pobo, el defensor del pueblo gallego, con el objetivo de forzar una revisión de la gestión o un aumento de la dotación. El sindicato advierte de que agotará los cauces administrativos y judiciales si fuera necesario para garantizar el cumplimiento de la convocatoria en términos de igualdad y legalidad. Esa actuación responde, según sus portavoces, a la obligación de proteger los intereses de quienes ya han presentado sus expedientes.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, las ayudas a la incorporación y los planes de mejora son herramientas claves para el relevo generacional y la modernización de las explotaciones, elementos centrales en la estrategia para frenar la despoblación rural en Galicia. La falta de financiación suficiente puede frenar inversiones en maquinaria, instalaciones y formación, y dejar en el limbo proyectos con potencial de estabilizar economías locales. Los técnicos recuerdan que la puesta en marcha de una nueva explotación requiere un paquete de ayudas y asesoramiento que, si falla en su entrega, multiplica los riesgos económicos para los promotores.

La Consellería do Medio Rural convocó la línea con la dotación anunciada y, según la documentación pública, el plazo de solicitudes quedó abierto el lunes, con los procedimientos y condiciones publicados en el portal administrativo. A última hora no había constancia de una respuesta oficial en la que la Xunta detallase medidas adicionales para ampliar crédito o priorizar expedientes concretos ante la sobrecarga denunciada por el sindicato. Fuentes del sector insisten en la necesidad de que la administración clarifique los criterios de resolución y el calendario de pagos para evitar incertidumbres que dificulten la puesta en marcha de proyectos agrarios.

En los próximos días, la atención del sector estará centrada en la evolución de esta polémica y en las decisiones que adopte la Consellería, así como en los pasos que lleve a cabo el Sindicato Labrego si decide formalizar recursos. La encrucijada entre una demanda creciente de incorporaciones y una oferta de ayudas que el sindicato considera insuficiente plantea un desafío político y administrativo que condicionará el relevo generacional en el campo gallego. Galicia Universal seguirá la controversia y recogerá las respuestas institucionales y las consecuencias prácticas para las explotaciones afectadas.