Antxón Alonso, socio del empresario Santos Cerdán, compró participaciones de una sociedad que según la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) está ligada a uno de los testaferros implicados en la trama que investiga la Guardia Civil contra Forestalia. La operación figura en el informe policial que entrega detalles de cómo el exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica habría recibido pagos a través de un entramado de mercantiles. La documentación sitúa movimientos societarios y transmisiones de participaciones en fechas concretas durante 2022 y aparece ahora como clave en la instrucción abierta por presuntas irregularidades.

La UCOMA describe en su informe una estructura que, según los investigadores, permitió canalizar hacia el exfuncionario Eugenio Domínguez pagos procedentes de la energética aragonesa Forestalia a través de «empresas pantalla». El documento apunta que el montante recibido por Domínguez asciende a aproximadamente 5,2 millones de euros, abonados mediante una red de sociedades interpuestas. Domínguez, que ejerció como Subdirector General de Evaluación Ambiental y más tarde como asesor del ministerio, aparece como beneficiario final de esos flujos de dinero, según la investigación.

Entre las operaciones que revisa la Guardia Civil figura la transmisión por parte de Caliope Innova S.L. de 2.998 participaciones de su filial Next Generation Caliope Innova S.L. a favor de la sociedad vinculada a Alonso. Los movimientos se realizaron ante una notaría que también está bajo la lupa de los investigadores, que estiman que estas compraventas fueron clave para articular los pagos y ocultar su origen. La investigación habla de un «conglomerado» societario montado por Domínguez y dos presuntos testaferros, identificados en los autos como Pérez Ágreda y Fernando Samper.

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El informe policial detalla además que algunas de las escrituras se firmaron en abril de 2022, fecha en la que la operativa societaria se aceleró, según las averiguaciones. Los agentes también han situado en el centro del entramado la actuación de intermediarios y notarios que facilitaron las transmisiones. Entre las diligencias practicadas figuran análisis de cuentas, comprobaciones registrales y registros en domicilios y sedes empresariales relacionados con los implicados.

Los investigadores sostienen que las sociedades utilizadas actuaron como vehículos para justificar pagos que, en realidad, habrían sido contraprestaciones por gestiones internas realizadas desde el Miteco para facilitar proyectos de Forestalia, entre ellos grandes desarrollos como el denominado Clúster del Maestrazgo. La Fiscalía y la Guardia Civil examinan si esos favores supusieron un trato de favor a la compañía energética y si existió correspondencia directa entre decisiones administrativas y retribuciones privadas.

La aparición del nombre de Alonso en la trama plantea interrogantes sobre la permeabilidad entre el mundo empresarial y las estructuras que favorecieron a Forestalia. En los documentos oficiales se le vincula como comprador de participaciones que, a ojos de la UCOMA, formaban parte de la ingeniería financiera destinada a ocultar el pago a Domínguez. La vinculación societaria con Cerdán, figura señalada por su relación empresarial con Alonso, añade una dimensión política y económica que los investigadores están analizando con detenimiento.

La operación ha llevado a registrarse el domicilio y otras propiedades de varias personas relacionadas con Forestalia y con los supuestos testaferros, entre ellos el presidente de la energética, cuya vivienda fue objeto de actuaciones por parte de la Guardia Civil. Paralelamente, el caso ha motivado comparecencias en comisiones parlamentarias; el propio Antxón Alonso declaró el pasado mes de enero ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, según consta en actas públicas.

La causa sigue abierta y la UCOMA continúa recopilando documentación que permita determinar responsabilidades penales o administrativas. Fuentes judiciales consultadas apuntan a que la complejidad del entramado societario exige un trabajo prolongado de verificación de transferencias, contratos y comunicaciones internas. El caso Forestalia, que ya ha salpicado a cargos públicos y a empresarios del sector renovable, mantiene a la opinión pública a la espera de nuevas diligencias y posibles imputaciones.