Antxón Alonso, empresario vinculado al entorno de Santos Cerdán, adquirió en mayo de 2022 la práctica totalidad de una sociedad creada un mes antes que la investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) relaciona con pagos dirigidos a un exalto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica. La Guardia Civil investiga cómo esa estructura empresarial pudo servir de pantalla para canalizar contraprestaciones a cambio de decisiones favorables a Forestalia en proyectos como el Clúster del Maestrazgo. Los hechos, que tuvieron lugar entre abril y mayo de 2022 y han aflorado en el informe policial, se enmarcan en una operación seguida desde distintas sedes en Aragón y Madrid.

El informe de la UCOMA atribuye al exfuncionario Eugenio Domínguez la creación de una red societaria “ad hoc” para recibir transferencias procedentes de la energética aragonesa. Según la investigación, Domínguez, que ocupó cargos de responsabilidad en evaluación ambiental dentro del ministerio y después actuó como asesor, habría percibido alrededor de 5,2 millones de euros a través de varias sociedades pantalla vinculadas a Forestalia. La Guardia Civil considera que ese dinero fue la contraprestación por favorecer la implantación de complejos renovables impulsados por la empresa.

La trama, según documenta la UCOMA, pivotó sobre una serie de compraventas de participaciones inscritas en una notaría cuya titularidad está siendo también investigada, la del notario Javier de Lucas. Una de las piezas clave fue la transmisión de 2.998 participaciones de la sociedad filial Next Generation Caliope Innova S.L., constituidas originalmente por Caliope Innova S.L., a favor de Antxón Alonso en una escritura fechada el 17 de mayo de 2022. La sociedad había sido creada el 8 de abril de ese mismo año y, según el informe, dejó únicamente dos participaciones en manos de los hijos de Alonso.

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El movimiento de capitales y participaciones conecta, siempre según la UCOMA, a distintos actores que habrían permitido a Forestalia ocultar el destino final de los pagos. En el mapa de relaciones aparecen, además del exalto cargo, personas señaladas por la Guardia Civil como vinculadas a las estructuras empresariales que facilitaron las transferencias. La investigación trata de determinar el grado de implicación de cada una de esas mercantiles y si respondían a un plan coordinado para ocultar retribuciones.

La operación ha llevado a registros y actuaciones en domicilios relacionados con la empresa investigada; medios regionales documentaron la salida de la Guardia Civil del domicilio de Fernando Samper, presidente de Forestalia, en el marco de estas diligencias. La causa, que todavía está en fase de instrucción, también ha puesto el foco en los mecanismos de creación y transmisión de sociedades que, según los investigadores, se utilizaron como “empresas pantalla” para canalizar los fondos.

El caso tiene además ramificaciones políticas y administrativas. La UCOMA liga los supuestos pagos con decisiones técnicas adoptadas desde el Ministerio, lo que ha reabierto el debate sobre la supervisión y control en la autorización de grandes parques y clústeres de energía renovable. Las diligencias buscan esclarecer si las actuaciones del funcionario supusieron un trato de favor sistemático y cómo se articuló la triangulación societaria que beneficiaría a la energética.

Hasta ahora no constan en el expediente declaraciones públicas de Forestalia ni de algunos de los particulares directamente señalados en el informe que contradigan los hallazgos de la Guardia Civil. En paralelo, fuentes judiciales recuerdan que la atribución de responsabilidades requiere de pruebas que deberán ratificarse en sede judicial, y que la instrucción puede prolongarse mientras se analizan cuentas, transferencias y escrituras.

Antxón Alonso ya compareció en enero ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra por asuntos relacionados con la expansión de parques eólicos, una comparecencia que aparece citada en el reporteraje y que confirma la presencia del empresario en la esfera pública. La causa abierta por la UCOMA prosigue la recopilación de prueba documental y financiera para determinar la extensión exacta de las irregularidades y si darán lugar a imputaciones formales para los implicados.