El Tribunal Supremo ha acordado solicitar oficialmente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la contratación de guías profesionales para atender las visitas turísticas de su sede en Madrid, después de verse desbordado por las peticiones. El alto tribunal organiza recorridos públicos tres días a la semana —lunes, miércoles y viernes— en dos turnos que ya están completos hasta junio. La decisión llega tras constatar que la funcionaria que se ocupaba de gestionar las visitas enfermó hace cinco años y no fue sustituida, lo que ha obligado a personal interno a asumir esa tarea de forma voluntaria. Con la demanda en aumento, la Sala de Gobierno considera necesario profesionalizar el servicio para garantizar su funcionamiento y atención a instituciones y ciudadanos.

En la práctica, el Tribunal Supremo programa dos visitas diarias, a las 10:00 y a las 12:00 horas, que tienen una duración aproximada de entre una hora y media y una hora cuarenta minutos, según el acuerdo de la Sala de Gobierno al que ha tenido acceso este diario. Los huecos están ya cubiertos hasta el próximo mes de junio, por lo que la propuesta que eleva el tribunal al Ministerio busca cubrir esa demanda y ordenar la atención de solicitudes procedentes de centros culturales, organismos y particulares. El texto interno subraya que la gestión actual depende de la Vicepresidencia y de la Secretaría de Gobierno, pero reclama un servicio específico para llevar a cabo las visitas.

El edificio que acoge el alto tribunal es a la vez un palacio cargado de historia. Fue mandado construir por Bárbara de Braganza como convento y colegio de niñas con la intención de que sirviera de retiro en caso de enviudar, y conserva la iglesia de Santa Bárbara donde están enterrados Fernando VI y su consorte. La ubicación en el centro de Madrid y su singularidad arquitectónica, además de haber alojado en el pasado la Audiencia Provincial, explican en parte el incremento del interés turístico por conocer sus salas y dependencias.

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Fuentes jurídicas consultadas explican que hasta su enfermedad, hace cinco años, una funcionaria era la encargada de coordinar las visitas; su ausencia no fue cubierta y desde entonces el turno lo han asumido de forma voluntaria letrados y empleados con otras funciones, como responsables del archivo o de prensa. Estas personas compatibilizan la guía con sus obligaciones habituales, sin una retribución específica por esa actividad, algo que la Sala de Gobierno quiere evitar. La petición oficial al Ministerio pretende liberar a esos trabajadores y profesionalizar un servicio que ahora mismo depende del buen ánimo y la disponibilidad de quienes trabajan en el tribunal.

El acuerdo interno recoge que basta con una persona destinada a las visitas dos o tres veces por semana para dar respuesta a la demanda actual, aunque fija la carga estimada en torno a doce horas mensuales por la duración de los recorridos. El tribunal también considera necesario que la gestión administrativa de las solicitudes se centralice para evitar solapamientos y facilitar la programación. La medida pretende garantizar además que los visitantes reciban una explicación adecuada del valor histórico y judicial del edificio, así como asegurar la seguridad y el orden en las dependencias durante las visitas.

La documentación a la que ha accedido este periódico subraya la pluralidad de peticiones recibidas: desde colegios y asociaciones culturales hasta organismos oficiales y particulares interesados en conocer la sala principal donde se celebran los juicios más relevantes. La coincidencia de un espacio histórico con la actividad judicial genera tensiones en la calendarización de actos y visitas, por lo que el Tribunal Supremo busca una solución estructurada. La contratación de guías permitiría asimismo homogeneizar la información que se ofrece al público sobre la historia del palacio y su uso actual.

El Tribunal Supremo, además de su función jurisdiccional, afronta en las próximas semanas procedimientos de alta relevancia mediática, entre ellos el juicio previsto en abril contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor y otras personas por la compra de material sanitario. Ese contexto de actividad judicial intensa realza la necesidad de separar con claridad las tareas administrativas y de atención al público de las funciones propias de los magistrados y empleados judiciales. El objetivo declarado es que el funcionamiento ordinario del tribunal no se vea afectado por el aumento del turismo institucional y ciudadano.

Fuentes próximas al órgano de gobierno del alto tribunal señalan que la solicitud al Ministerio es el primer paso y que ahora corresponde a la administración central valorar la fórmula contractual, la dotación presupuestaria y el calendario de incorporación del personal requerido. Mientras tanto, el tribunal seguirá combinando los turnos actuales con la labor altruista de quienes han venido atendiendo las visitas. La medida busca, en definitiva, conciliar el acceso público a un edificio de gran valor histórico con la adecuada prestación de los servicios y la correcta operativa de la institución.