El Tribunal Supremo ha acordado solicitar formalmente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la contratación de guías profesionales para atender las numerosas visitas turísticas que recibe su sede en la Plaza de la Villa de París de Madrid, después de que el servicio se haya visto colapsado y las plazas estén agotadas hasta junio. La Sala de Gobierno ha tomado la decisión ante la acumulación de solicitudes y la falta de personal específico para gestionarlas. Las visitas, que se celebran tres días a la semana, estaban siendo atendidas de forma voluntaria por empleados y letrados del propio alto tribunal desde que la funcionaria encargada cayó enferma hace cinco años y no fue reemplazada.

El Tribunal organiza dos recorridos, a las 10 y a las 12 horas, los lunes, miércoles y viernes, y según fuentes jurídicas internas ya no hay hueco en ninguna de las convocatorias hasta el próximo mes de junio. Ante esa demanda creciente, la Sala ha optado por elevar una petición oficial al ministerio competente para que asuma la creación de un servicio de guías que gestione las reservas y atienda a «distintas instituciones, centros culturales y organismos, así como a ciudadanos», según consta en el acuerdo. Mientras tanto, las visitas continúan celebrándose con normalidad, aunque con plazas limitadas y listas de espera.

La organización de los recorridos había recaído, de manera altruista y fuera de sus funciones, en jueces, letrados y funcionarios de áreas como archivo o prensa que se turnaban para acompañar a los visitantes. Ese esquema, insisten las fuentes, resulta insostenible a largo plazo: además de sumar horas a su carga de trabajo habitual, supone un uso de recursos humanos que la Sala de Gobierno considera impropio del funcionamiento ordinario del tribunal. La petición al ministerio busca profesionalizar el servicio y garantizar una atención continuada y especializada.

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La acumulación de peticiones ha llevado a que miembros de la institución describan la situación como «desbordada», expresión que refleja la discrepancia entre la demanda pública y la capacidad actual de gestión. Gran parte del interés de los visitantes se explica por la historia y la singularidad arquitectónica del edificio, que fue mandado construir por la reina Bárbara de Braganza como convento y colegio de niñas y que conserva elementos singulares como la iglesia de Santa Bárbara, adosada al palacio y lugar de enterramiento de la familia real vinculada al inmueble. Esa historia convierte al conjunto en un atractivo cultural en pleno centro de Madrid.

El edificio, además de su valor patrimonial, ha albergado distintas instituciones: fue sede de la Audiencia Provincial de Madrid antes de acoger al Tribunal Supremo, y actualmente sirve como escenario no solo de visitas sino también de audiencias que atraen atención mediática. En los próximos meses, la actividad judicial del alto tribunal incluirá juicios de alto perfil como el que, a partir de abril, sentará en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, un contexto que incrementa el interés por conocer la sede y sus salas.

La petición al ministerio persigue dos objetivos: por un lado, garantizar que exista personal con la formación y la dedicación necesarias para atender las demandas de visitas; por otro, liberar a los empleados judiciales de una labor que se ha desarrollado de manera voluntaria durante años. El acuerdo de la Sala de Gobierno plantea que los guías se encarguen tanto del propio recorrido como de la gestión administrativa de las solicitudes, de modo que se pueda ofrecer un servicio regular sin interferir en las tareas jurisdiccionales.

Fuentes consultadas en el tribunal señalan que el procedimiento para cubrir la necesidad de guías dependerá de la respuesta del ministerio y de la disponibilidad presupuestaria, por lo que no hay plazos cerrados para la implantación del servicio. Hasta entonces, la institución mantendrá las jornadas previstas, con los cupos ya fijados, y estudiará alternativas puntuales para atender a grupos institucionales o culturales que lo soliciten con antelación. El objetivo oficial es normalizar el servicio antes del verano, cuando la afluencia turística suele aumentar.

La decisión revela la tensión entre la obligación de transparencia y apertura de las instituciones y la necesidad de garantizar el funcionamiento eficiente de la Administración de Justicia. Regularizar las visitas con personal profesional es, según la Sala, la vía para conciliar ambas exigencias: ofrecer a la sociedad acceso a un patrimonio histórico y, al mismo tiempo, preservar la dedicación de los jueces y funcionarios a sus tareas esenciales.